La economía se enfría: el PIB crecería por debajo de lo esperado
La economía colombiana atraviesa por un momento de clara inflexión que ha encendido las alarmas entre los analistas y los principales centros de estudio financiero del país. Tras haber registrado un desempeño relativamente robusto durante el segundo trimestre del año, cuando la actividad productiva avanzó a un ritmo del 3,5%, el panorama macroeconómico ha dado un giro hacia la desaceleración.
Las proyecciones más recientes indican que el producto interno bruto (PIB) habría perdido un dinamismo sustancial durante el tercer trimestre, ubicando su crecimiento por debajo de la barrera del 2%. Este freno no responde a un único factor aislado, sino a una compleja red de presiones internas y externas donde confluyen la revaluación de la moneda nacional, las secuelas de las altas tasas de interés, un menor ritmo en la ejecución del gasto público y los impactos derivados de emergencias naturales como el terremoto que afectó a diversas regiones.
El Indicador de Actividad Económica para Colombia (IAECO), desarrollado por el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá a partir de variables contemporáneas, ilustra con nitidez esta tendencia. Durante el mes de agosto, el indicador marcó un crecimiento anual de apenas el 0,9%, una cifra que contrasta de manera significativa con el 1,5% observado en julio. Al examinar el promedio móvil de tres meses, la desaceleración se hace aún más evidente, al descender desde el 2,8% hasta el 2,1%. Este comportamiento confirma que el país ha ingresado formalmente en una fase de enfriamiento económico cuyas repercusiones podrían extenderse en los próximos meses si las condiciones del mercado interno y el gasto de los hogares no logran encontrar un nuevo soporte.
Uno de los protagonistas indiscutibles de este escenario es el comportamiento del tipo de cambio y el fenómeno de revaluación que ha experimentado el peso colombiano. Si bien una moneda más fuerte frente al dólar suele celebrarse por su capacidad para abaratar las importaciones y aliviar las presiones inflacionarias en ciertos bienes, los efectos colaterales sobre el aparato productivo nacional han resultado profundamente desfavorables. Los sectores exportadores han visto mermada su competitividad en los mercados internacionales, lo que se traduce en una menor generación de divisas y en dificultades operativas para múltiples industrias.
Este impacto sobre la competitividad externa se refleja con claridad en la industria turística. Los datos oficiales muestran que hasta julio se completaron cuatro cuartos de año marcados por caídas anuales consecutivas en la llegada de visitantes extranjeros. Entre abril y julio, el ingreso de turistas internacionales se redujo en aproximadamente 115.000 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en 1,4 millones de viajeros. Como consecuencia directa de esta contracción en la demanda turística, la actividad vinculada al alojamiento y a los servicios de comida acumula en lo corrido del año una reducción del 3%, golpeando con fuerza a una cadena de valor que había sido uno de los principales motores de recuperación tras la pandemia.
El sector industrial enfrenta un panorama igualmente desafiante. Las exportaciones manufactureras han retrocedido y el crecimiento acumulado de la industria se ha ralentizado hasta ubicarse en un magro 0,4%. Este débil desempeño global se sostiene únicamente gracias al aporte de nichos muy específicos, tales como la elaboración de bebidas, la refinación de petróleo y el ensamblaje de motocicletas, mientras que el grueso de la planta productiva sufre los estragos de la competencia extranjera favorecida por la tasa de cambio.
A ello se suma el efecto indirecto sobre las remesas familiares, un componente vital para el consumo de los hogares en diversas regiones del país. Aunque en el mes de agosto las remesas sumaron 1.144 millones de dólares, lo que representó un incremento anual del 4,5% en moneda extranjera, la fuerte apreciación del peso pulverizó ese crecimiento al momento de la conversión local. Con una tasa de cambio promedio situada en torno a los 3.126 pesos por dólar, dichos recursos equivalieron a 3,5 billones de pesos, arrojando una caída real del 19% en moneda local. Esta contracción en el poder de compra de las remesas, combinada con la persistencia de la inflación en rubros esenciales como los servicios, ha terminado por erosionar el presupuesto de las familias y moderar drásticamente el gasto privado.
Paralelamente, las finanzas públicas y la dinámica estatal han experimentado un freno notable. La ejecución presupuestal y la contratación pública comenzaron a desacelerarse de manera marcada a partir del mes de junio, coincidiendo con la definición de los resultados electorales y el posterior proceso de empalme gubernamental, una tendencia que se profundizó durante agosto y septiembre. Esta moderación responde tanto a las complejidades propias de la transición institucional como a una directriz deliberada orientada a racionalizar el gasto del Estado. Si bien este ajuste fiscal es visto con buenos ojos desde la perspectiva de la sostenibilidad macroeconómica a largo plazo, en el corto plazo priva a la economía de un estímulo fundamental, restándole tracción a sectores que dependen directamente de la inversión pública y de la contratación de obra civil.
En el frente de la construcción, la situación continúa siendo delicada. Las elevadas tasas de interés y los altos costos de los materiales de edificación siguen condicionando tanto las decisiones de inversión corporativa como la demanda final de vivienda por parte de los ciudadanos. Entre enero y septiembre se iniciaron cerca de 79.500 viviendas nuevas en todo el territorio nacional, lo que representa una contracción del 11% frente a los registros del año precedente. Aunque el ritmo de caída ha mostrado cierta moderación desde julio, el sector inmobiliario y constructor permanece sumido en una marcada debilidad que repercute en la generación de empleo y en el consumo de insumos industriales vinculados.
El sector energético tampoco escapa a las dificultades. La producción de crudo se ubicó en 732.700 barriles diarios durante agosto, evidenciando una disminución anual del 2%. No obstante, en este segmento se observa un atisbo de estabilización, ya que el ritmo de contracción se ha moderado a la par de un incremento en la actividad de perforación, reflejado en un aumento del número de taladros operativos, que pasaron de 93 en junio a 114 en agosto.
Por otro lado, la industria manufacturera presenta señales de gran heterogeneidad que impiden hablar de una crisis generalizada, mostrando en algunos frentes una resiliencia inesperada. En septiembre, la demanda de energía no regulada —un indicador adelantado clave para medir la actividad de las fábricas— aumentó un 2,7% en términos anuales, marcando su mejor registro en el último trimestre. Este dinamismo estuvo apuntalado fundamentalmente por la refinación petrolera, la industria de bebidas y el sector automotor, con especial énfasis en el mercado de motocicletas.
En la misma línea, el índice PMI del sector manufacturero alcanzó en septiembre su nivel más alto en diez meses. Las encuestas que componen este indicador sugieren que la reducción de la incertidumbre política tras el proceso electoral estimuló la llegada de nuevos pedidos, elevando las compras de materias primas e insumos industriales a su cota más elevada desde el año 2011. Estos brotes verdes demuestran que una parte del tejido productivo conserva una sólida capacidad de reacción, aunque su desempeño sectorial todavía resulta insuficiente para arrastrar a toda la economía hacia una senda de aceleración generalizada.
El comportamiento del consumo de los hogares también exhibe dinámicas contradictorias. Por un lado, los comerciantes organizados agrupados en Fenalco reportaron que el balance de ventas en agosto cayó al 2% anual, el nivel más bajo en los últimos dos años, presionado por la destrucción de empleo, la pérdida de ingresos reales y la cautela de los compradores. Por otro lado, la venta de vehículos nuevos experimentó un repunte extraordinario en septiembre al comercializar 33.900 unidades, lo que representa un vertiginoso crecimiento del 36%, mientras que el mercado de motocicletas ascendió a 130.700 unidades colocadas, un 24% por encima del mismo mes del año previo. Este apetito por ciertos bienes durables encuentra explicación en la disposición de los consumidores a aprovechar los precios más bajos de los artículos importados, gracias al abaratamiento propiciado por la tasa de cambio.
En cuanto al sistema financiero, la demanda de crédito muestra signos de recomposición. La cartera de consumo ha recuperado un dinamismo que no se observaba desde hacía más de tres años, mientras que la cartera comercial comenzó a reactivarse desde julio, impulsada por una mayor propensión de los empresarios a invertir y por menores costos asociados a los insumos externos. Sin embargo, los expertos advierten que la sostenibilidad de esta reactivación crediticia y del consumo dependerá en gran medida de la velocidad con la que se logre superar la crisis derivada del terremoto y de la forma en que el ajuste fiscal impacte el ingreso disponible de los ciudadanos.
Las perspectivas internacionales tampoco son ajenas a este enfriamiento. En su última actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), el Fondo Monetario Internacional recortó su estimación de crecimiento para Colombia en 2026, situándola en el 2,2% frente al 2,3% previsto anteriormente, mientras mantuvo el pronóstico para 2027 en el 2,3%. Por su parte, las proyecciones internas del Banco de Bogotá sitúan el incremento del PIB en el 2,5% para el cierre de 2026 y en el 2,1% para el año 2027. Estas cifras consolidan el diagnóstico de una economía que transita hacia una velocidad crucero mucho más moderada, donde el gran interrogante radica en si los repuntes puntuales de la industria y la venta de vehículos lograrán compensar la atonía estructural de la construcción, el turismo y las exportaciones tradicionales.
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