Colombia debe aumentar un 65% su capacidad eléctrica para 2032
El desafío energético de Colombia ha encendido las alarmas en el escenario nacional tras revelarse que el país se encuentra ante la imperiosa necesidad de incrementar en un sesenta y cinco por ciento su capacidad eléctrica instalada de cara al año 2032. Este diagnóstico, que marca una hoja de ruta sin precedentes para la infraestructura del territorio nacional, fue puesto sobre la mesa durante la instalación oficial de la trigésima primera edición del Congreso de Energía MEM, un evento de alta relevancia sectorial que congregó en la ciudad de Cartagena a las principales autoridades del Gobierno Nacional, los organismos reguladores y los actores neurálgicos del mercado eléctrico. La meta planteada exige elevar la generación hasta los treinta y seis coma siete gigavatios, un salto estructural que busca blindar el abastecimiento futuro frente a una demanda en constante crecimiento y a un panorama marcado por múltiples vulnerabilidades técnicas y financieras.
Durante la apertura del encuentro, las intervenciones de las carteras ministeriales y de los gremios expusieron con crudeza las dificultades acumuladas en el sistema. La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, enfatizó durante su alocución que el sector eléctrico heredado por la actual administración padece de afecciones de carácter sistémico y estructural, descartando de plano que se trate de coyunturas pasajeras o de fácil resolución a corto plazo. Entre los datos económicos revelados por la funcionaria destaca una cartera morosa o en riesgo que asciende a los cuatro billones seiscientos treinta mil millones de millones en el Mercado de Energía Mayorista, además de evidenciar el deterioro financiero sufrido por empresas comercializadoras como Air-e, la cual experimentó un desplome patrimonial alarmante al pasar de cifras positivas a saldos profundamente negativos en cuestión de pocos años.
A esta compleja arquitectura de pasivos y tensiones financieras se suma un factor crítico de vulnerabilidad: la seguridad en el abastecimiento de gas natural. Los informes técnicos presentados en el congreso señalan que las reservas probadas de gas en el país se reducen a un horizonte de apenas cinco coma nueve años, advirtiendo de manera categórica sobre un inminente riesgo de déficit de suministro que podría materializarse a partir de febrero del año dos7. La situación se agrava al constatar que aproximadamente el treinta por ciento de la demanda nacional de gas ya debe ser satisfecho mediante costosas importaciones, lo que añade presión fiscal y operativa a toda la cadena energética colombiana.
En el plano estrictamente físico y de redes, la situación de la infraestructura de transporte tampoco ofrece un margen de tranquilidad. El diagnóstico oficial apuntó que seis de cada diez proyectos de transmisión proyectados en el territorio nacional presentan retrasos significativos en su ejecución, un cuello de botella que obstaculiza la evacuación eficiente de la energía generada. Adicionalmente, las proyecciones indican un déficit de energía firme calculado en el ocho coma tres por ciento para el periodo comprendido entre dos mil veintiséis y dos mil veintisiete, a pesar de la incorporación reciente de cuatro coma cuatrocientos setenta y cinco gigavatios de nueva capacidad al sistema, cifra que representa apenas un pequeño porcentaje de lo que realmente se requerirá en el corto plazo.
Para mitigar estas presiones y dotar de liquidez al sistema, el Gobierno Nacional anunció la destinación de recursos por valor de un billón novecientos mil millones de pesos, orientados específicamente a proteger la prestación continua del servicio y a sanear las obligaciones financieras más apremiantes de la cadena. Esta inyección de capital forma parte integral de las estrategias contempladas bajo el denominado Plan Energía Ya, un instrumento diseñado para robustecer el monitoreo del comportamiento de la demanda, asegurar la disponibilidad de combustibles, asignar nueva capacidad y destrabar los proyectos de transmisión estancados.
Por su parte, el Consejo Nacional de Operación, representado por su presidente Germán Caicedo Beltrán, advirtió sobre la urgencia de articular una agenda común enfocada en la confiabilidad del sistema para el lustro comprendido entre dos mil veintiséis y dos mil treinta. Desde la perspectiva del CNO, resulta vital implementar un plan de acción inmediato para los próximos ciento ochenta días, el cual contempla exprimir al máximo la oferta disponible de energía, preservar celosamente las reservas hídricas de los embalses mediante una gestión operativa milimétrica, fortalecer la respuesta activa de la demanda ciudadana a través del ahorro y actualizar de manera urgente las normativas de escasez. En este último apartado, se ha propuesto revisar a fondo el Estatuto de Racionamiento, un marco legal vigente desde el año mil novecientos noventa y ocho que ya no responde a las realidades tecnológicas ni a las dinámicas del mercado actual.
La sostenibilidad financiera de las empresas del sector también ocupó un espacio central en los debates gracias a las reflexiones aportadas por el Comité Asesor de Comercialización. Su presidente, Miguel Ángel Castellanos, hizo hincapié en que la viabilidad operativa de las compañías distribuidoras y comercializadoras se encuentra directamente atada a la suficiencia y oportunidad en el flujo de recursos destinados al cubrimiento de los subsidios, así como al diseño de garantías comerciales sólidas que eviten un colapso en la cadena de pagos entre los diferentes agentes del mercado mayorista y minorista.
En paralelo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas aportó una visión técnica indispensable a través de su directora ejecutiva, Adriana Jiménez, quien subrayó que la confiabilidad del sistema eléctrico nacional ya no puede entenderse de manera aislada, sino que exige una sincronía perfecta con el mercado del gas natural. Según la funcionaria, la coordinación regulatoria entre ambos sectores es una condición sine qua non para evitar apagones térmicos y garantizar que las plantas de generación dispongan del combustible necesario en momentos de sequía o de baja hidrología. Asimismo, la CREG abogó por avanzar hacia la modernización de los esquemas comerciales mediante la masificación de la medición inteligente y el uso de información horaria, herramientas que permitirán empoderar al usuario final, dinamizar la competencia y facilitar la integración de nuevas tecnologías de almacenamiento y generación distribuida.
El balance de las jornadas celebradas en Cartagena deja en evidencia que el reto de alcanzar los treinta y seis coma siete gigavatios de capacidad instalada en 2032 no es una simple cifra en el papel, sino una prueba de fuego institucional. Superar este reto exigirá no solo una inyección masiva de capital privado y público, sino una profunda agilización de los trámites de licenciamiento ambiental, la superación de los conflictos en las consultas previas y un pacto político y regulatorio capaz de restaurar la confianza en el mercado energético colombiano antes de que los márgenes de maniobra se agoten por completo.
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