Adriana Meza Consuegra y Sandra Orjuela, funcionarias de confianza de la ministra TIC, Karen Abudinen Abuchaibe, y quienes fueron pieza clave en el proceso contractual del ministerio con la unión Temporal Centros Poblados, renunciaron este martes a sus cargos, según confirmó el propio Ministerio.
Las dos funcionarias, que se desempeñaban como secretaria general del Ministerio y subdirectora de Gestión Contractual, respectivamente, fueron mencionadas en las denuncias sobre el fallido contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, por presuntamente no haber tomado las precauciones necesarias para evitar que se perdieran $70 mil millones que fueron entregados al contratista como anticipo sin las garantías necesarias.
Ambas funcionarias tienen investigaciones abiertas en la Contraloría General de la República por responsabilidad fiscal, debido a que ellas tenían la obligación de vigilar el proceso contractual.
Adriana Meza Consuegra, hasta ayer Secretaria General del ministerio, es la mano derecha de Abudinen Abuchibe desde hace años y la había acompañado en varios de sus cargos públicos más importantes como jefe de Gestión Administrativa Docente en la Secretaría de Educación de la alcaldía de Alejandro Char, cuando la ahora ministra era la secretaria de Educación y como asesorara técnica de la formulación y desarrollo de planes, programas y proyectos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando la ministra dirigía esa entidad.
Al contrato con la Unión Temporal Centros Poblados terminó declarándosele la caducidad por incumplimiento y según informó el Ministerio, este martes comenzó también su proceso de liquidación.
La ministra TIC, Karen Abudinen, se encuentra sometida actualmente a un proceso de moción de censura, en la Cámara de Representantes, señalada por algunos congresistas por haber negociado con una empresa que no tenía la experiencia suficiente para cumplir el objeto contractual y que además presentó pólizas de garantía falsas.
Pese a ello, el Ministerio no solo contrató con la empresa sino que aprobó el anticipo de $70 mil millones, que terminaron saliendo del país con destino a Estados Unidos.
Contra la ministra Abudinen, la procuraduría anunció también la apertura de una investigación disciplinaria con el fin de determinar su responsabilidad en el caso. COLPRENSA