Ramiro Castilla asume la intervención de Air-e

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios oficializó la posesión de Ramiro Castilla Andrade como nuevo agente especial interventor de la empresa Air-e, entidad encargada de la comercialización y distribución de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El nombramiento busca gestionar la operación de la compañía en el marco de un proceso de intervención administrativa derivado de sus dificultades de liquidez, elevadas pérdidas operativas y tensiones en el recaudo tarifario.

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Durante sus primeras intervenciones públicas en el cargo, Castilla expuso una propuesta de trabajo centrada en la concertación entre el Gobierno nacional, el sector empresarial, las organizaciones de trabajadores y las comunidades de la región. De acuerdo con el planteamiento del nuevo interventor, la estrategia para abordar la crisis incluye el fomento del uso racional de la energía, el impulso a la eficiencia en los equipos domésticos y la discusión de esquemas de subsidios diferenciales adaptados a los niveles de consumo de la costa Caribe.

Asimismo, la agenda presentada por la nueva dirección contempla la modernización de los sistemas de medición y el fortalecimiento de la infraestructura física de distribución con el propósito de mitigar las pérdidas causadas por conexiones no autorizadas y fraudes en las redes eléctricas. Castilla enfatizó que la sostenibilidad de la operación requerirá la participación de los diversos actores sociales e institucionales del sector energético.

Los desafíos financieros y operativos de la gestión en Air-e

El escenario operativo y financiero que sustenta la intervención representa un complejo conjunto de compromisos acumulados. De acuerdo con los análisis presentados por el Comité Intergremial del Atlántico, la empresa registra obligaciones pendientes con las compañías generadoras de energía que ascienden a los $3,3 billones de pesos, en paralelo con un costo de operación mensual que supera los $486.000 millones de pesos.

El estado de la cartera adeudada a la compañía constituye otro de los elementos centrales de la coyuntura. Los reportes del sector gremial señalan que la deuda acumulada en los barrios clasificados bajo condición de subnormalidad eléctrica alcanza los $2,9 billones de pesos, a los que se suman $102.000 millones de pesos correspondientes a facturación pendiente de entidades del sector público. En materia de cobro corriente, el nivel de recaudo de Air-e se ubica en aproximadamente un 76 % de lo facturado, lo que afecta la disponibilidad de caja para cubrir los compromisos inmediatos del sistema.

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A las dificultades de cartera se adicionan las pérdidas de energía por factores técnicos y no técnicos, las cuales sobrepasan el 32 % del volumen total comercializado, representándole a la operación un impacto económico estimado en más de $1 billón de pesos al año. Por otra parte, la estructura de compra de energía de la distribuidora registra una dependencia del 57 % en el mercado de bolsa, con proyecciones gremiales que señalan un posible incremento hasta del 71 % para enero de 2027 en caso de no formalizarse contratos de largo plazo. Esta condición expone la tarifa final a las variaciones de precio en el mercado mayorista, especialmente en coyunturas de menor generación hídrica.

Frente a esta coyuntura, los sectores productivos de la región han expresado la necesidad de que la intervención no solo resuelva la iliquidez inmediata, sino que avance en la formulación de un modelo estructural para la distribución de energía en el Caribe, enfocado en la mejora de los Sistemas de Distribución Local y Transmisión Regional y en la normalización de las deudas del sector público y comunitario.