Fiscalía reactiva órdenes de captura contra 46 integrantes de grupos armados

La política de paz que había dominado la agenda nacional durante los últimos años ha sufrido uno de sus virajes más drásticos y determinantes. En las últimas horas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó de manera oficial la reactivación inmediata de las órdenes de captura que pesaban sobre cuarenta y seis personas, todas ellas señaladas de integrar o representar a tres de las organizaciones armadas ilegales más peligrosas del país. Esta decisión institucional llega como consecuencia directa del decreto del Gobierno Nacional del pasado veintiocho de agosto, mediante el cual se ordenó la terminación formal de los espacios de diálogo sociojurídico y de paz total que se venían adelantando con estos grupos al considerar que no existía una voluntad real de desarme, desmovilización ni de tránsito hacia la legalidad.

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La medida adoptada por el ente acusador no solo implica la pérdida de los beneficios de suspensión temporal que cobijaban a estos actores en calidad de voceros o representantes de paz, sino que marca el cierre definitivo de mesas de negociación que se encontraban en el limbo institucional. Las resoluciones emitidas por el Ejecutivo y ejecutadas por la judicatura y la Fiscalía han desmontado el andamiaje jurídico que protegía a figuras de alto perfil criminal, devolviendo a los estrados judiciales la potestad de perseguir, capturar y judicializar a quienes las autoridades señalan de continuar delinquiendo bajo el ropaje de procesos de paz.

El primer gran bloque afectado por esta determinación corresponde al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, una estructura disidente de las Farc que operaba bajo las órdenes de comandantes como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y que se había apartado de la línea de mando centralizada de alias Iván Mordisco. Mediante la resolución trescientos cuarenta y tres, el Gobierno dio por terminada esta mesa de diálogos argumentando una total ausencia de compromisos verificables con la seguridad ciudadana y el cese de hostilidades. Como resultado, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra una lista extensa de cabecillas y mandos medios que incluye a Carlos Eduardo García Téllez, conocido con el alias de Andrey; Farby Edisson Parra Parra, alias Richard; Robinson de Jesús González, alias Caicedo; Fabio Giraldo Giraldo, alias Albeiro González; Jeisson Ferney Lasso Devia; Yimison Bustos Ávila, alias Jimmy; Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco; Yersid Muñoz Ramírez; Faber García Guzmán, alias El Soldado; Jorge Luis Caicedo Castro; John Janier Troches Medina, alias Malacia; Jerci Duvian Ruiz Mazo; John Faiber Lugo Ramos, alias Rafael; Euser Motta Meneses; Alexis de Jesús Muñoz Adarve; Jhonmaro Ortiz Camayo, alias Maniqueta o Yogui; Elkin Eduardo Ramírez Ramírez; el propio Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika; Javier Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas o Jhon Catatumbo; Sergio Andrés Martínez Martínez, alias Hueso o Bolívar; Romario Carrascal Alvernia; Jhon Edinson Bayona Rojas; Edwar Andrés Campo Dagua, alias Cabezas o Jimmy; Adolfo Ballesteros Fernández, alias José Tomás Ojeda; y Oscar Ojeda Erazo, alias Leopoldo o Papá Noel. Todos ellos vuelven a figurar con circulares e incidencias penales activas en los registros de las autoridades competentes.

En la misma línea de endurecimiento judicial, la resolución trescientos cuarenta y seis puso fin de manera categórica al proceso de conversaciones que se mantenía con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB, estructura heredera de las dinámicas de la llamada Segunda Marquetalia. Esta decisión supuso la revocatoria inmediata de la condición de representantes y voceros de paz para varios de sus comandantes históricos y regionales más influyentes. Entre los nombres que vuelven a la mira directa de la fuerza pública y de los fiscales especializados se encuentran José Vicente Lesmes, ampliamente conocido con el alias de Walter Mendoza; Geovanny Andrés Rojas, alias Araña; Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye; Diego Fernando Guerrero Segura, alias Diego o Negro Eloy; Allende Perilla Sandoval, alias Allende; José Darley Malagón Jiménez, alias Uriel o Poco Pelo; Henry Quiñonez Angulo, alias Tocayo; Jorge Alejandro Avendaño Suárez; Edilson Barreto Romero; María Lizeth Moreno Cantillo; Pablo Edis Ortiz Cortés, alias Bladimir; Andy Javier García Lastre; y Eduin Mauricio Matallana Ramírez. Para el Gobierno Nacional, las exigencias de soberanía y legalidad imperaban sobre cualquier intento de diálogo que no mostrara avances tangibles en la reducción de la violencia territorial y el cese de economías ilícitas.

El impacto de estas resoluciones también se hace sentir con fuerza en las regiones, particularmente en el norte del país, donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, conocidas popularmente como Los Pachenca, mantenían una conversación sociojurídica orientada a explorar un posible sometimiento colectivo a la justicia. Tras evaluar el estado de dichos acercamientos, el Ejecutivo determinó cerrar este espacio de verificación mediante la resolución trescientos cuarenta y ocho, revocando el reconocimiento oficial como miembros representantes a nueve de sus delegados. Con esta orden, la Fiscalía ha reactivado los procesos y requerimientos judiciales en contra de figuras clave de la organización en la región Caribe, destacándose los nombres de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo; John Rafael Salazar Salcedo; Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o York; Élmer David Reyes Carrillo; Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso; y Daniel Bravo Arias, junto a otros voceros que ya no cuentan con el blindaje institucional que les otorgaba el estatus de negociadores.

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Este giro radical en la política de seguridad y persecución penal refleja un cambio de paradigma en la administración del presidente Abelardo De la Espriella, cuyo gobierno ha dejado claro que la mano dura y la acción coordinada de la fuerza pública y los organismos de investigación judicial serán los pilares fundamentales para recuperar el control territorial en los departamentos más azotados por el accionar de estos grupos armados organizados. La reactivación de estas cuarenta y seis órdenes de captura no solo representa un obstáculo insalvable para las aspiraciones políticas de estas estructuras al margen de la ley, sino que obliga a los aparatos de seguridad del Estado a desplegar una ofensiva nacional e internacional para dar con el paradero de cada uno de los procesados, cerrando definitivamente las puertas a los espacios de impunidad que se habían abierto bajo los esquemas de negociación anteriores.