Más de 40 organizaciones sociales de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare mostraron su “preocupación” por la suspensión del cese el fuego entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc, y alertaron que la decisión llevará “más violencia” al territorio.
El Gobierno informó el lunes que suspendió en cuatro departamentos el cese el fuego bilateral con el EMC luego del asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente ‘Carolina Ramírez’.
Las organizaciones, que conforman la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas), rechazaron “cualquier tipo de violencia”, pero alertaron que “las acciones violentas no pueden ser respuestas con decisiones que traigan más violencia”.
“Nos preocupa el recrudecimiento de la guerra porque los mayores afectados somos las comunidades rurales desarmadas quienes históricamente hemos sufrido la crueldad y la sistemática violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestro terrritorio.
Coscopaas fue la organizadora del macroevento que esta disidencia de las Farc celebró el pasado mes de abril en la sabana del Yarí, en Caquetá, donde anunciaron su voluntad de paz y aseguraron que ya había fecha fijada para el inicio de las conversaciones con el Gobierno.
Inicialmente estaba previsto, tal y como anunció la disidencia, que las negociaciones de paz arrancarán el 16 de mayo, una fecha que nunca fue confirmada por el Gobierno y que finalmente se aplazó sin nueva estimación de fecha.
Por último, hicieron un llamado “urgente” al Gobierno y al EMC para “buscar el diálogo pacífico coherente y objetivo y retomar el cese el fuego nacional e instalar urgentemente el mecanismo de monitoreo y verificación como prenda de garantía para un diálogo serio y responsable”.
“Tenemos presencia de las Agc, Eln y las disidencias y esto nos preocupa bastante, porque agudiza más el conflicto. Acá nos llegan desplazados producto de los enfrentamientos con grupos armados y las poblaciones se ven afectadas; pedimos que se retomen los diálogos lo más pronto posible y a los grupos, por favor el respeto a la vida y la libertad de los pobladores y de cada una de las personas que habita en el sur de Bolívar”, dijo Fabio Mendoza, alcalde de Santa Rosa del Sur.
El primer escenario de riesgo que ya ha advertido la Defensoría del Pueblo en alerta temprana 018-21 está determinado por la confrontación armada entre la facción disidente de las extintas Farc-EP (Frente 37) y el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln, por el control territorial en el sector minero de la Serranía de San Lucas.
Así mismo, la Defensoría ha advertido que el accionar de las AGC en el territorio ha derivado en enfrentamientos con las mismas disidencias las Farc, el Eln y combates con la Fuerza Pública. EFE