¿Qué pasará con la Misión de la ONU en Colombia?
El panorama político e institucional del país atraviesa un punto de inflexión decisivo en lo que respecta a la consolidación de la paz y el seguimiento de los compromisos adquiridos hace casi una década. La solicitud realizada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ajustar el mandato de la Misión de Verificación en Colombia ha reabierto un intenso debate nacional sobre el alcance de la supervisión internacional y la prioridad que debe darse a la transformación territorial.
El centro de la controversia radica en la petición formal presentada por el canciller Omar Bula, mediante la cual el Gobierno nacional solicitó prorrogar la permanencia de la Misión de la ONU, cuyo mandato actual vence a finales de este mes, pero excluyendo explícitamente del seguimiento multilateral el componente de la Reforma Rural Integral. Desde la postura oficial, se argumenta que la política agraria constituye un asunto estructural e institucional de largo plazo que debe ser gestionado y ejecutado de manera soberana por las entidades del Estado colombiano, sugiriendo que la verificación internacional dirija la totalidad de sus esfuerzos a la reincorporación de los exfirmantes de paz y a la garantía de sus condiciones de seguridad en las regiones.
Esta postura ha desencadenado inmediatas reacciones por parte de diversos actores políticos, analistas e impulsores del pacto de 2016. El expresidente Juan Manuel Santos enfatizó la plena vigencia de lo pactado, señalando que el acuerdo representa una ruta indispensable para cerrar las brechas de inequidad y generar verdaderas oportunidades socioeconómicas en las áreas rurales golpeadas por el conflicto. De manera similar, exnegociadores como Humberto de la Calle y exfuncionarios como Juan Camilo Restrepo sostienen que prescindir de la mirada de los organismos multilaterales en materia agraria resta visibilidad a los rezagos históricos en el acceso a la tierra, afectando no solo a los excombatientes sino a la población campesina en general.
Los reportes presentados por la propia Organización de las Naciones Unidas revelan un balance complejo. Por un lado, se destacan logros indiscutibles como la permanencia en la legalidad de aproximadamente el 90 % o 95 % de los antiguos integrantes de la guerrilla, así como los avances sistemáticos en materia de justicia transicional liderados por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. No obstante, las cifras de violencia e inseguridad continúan siendo alarmantes: desde la firma del acuerdo se contabilizan centenares de homicidios de excombatientes, sumados a episodios persistentes de desplazamiento forzado y confinamiento poblacional derivados de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales.
En materia del campo, los datos reflejan avances significativos aunque aún distantes de las metas fijadas en 2016. Frente al objetivo de tres millones de hectáreas adjudicadas, se registran cerca de 323.000 hectáreas entregadas a campesinos y víctimas del conflicto, mientras que la formalización de predios alcanza algo más del 56 % de la meta trazada de siete millones de hectáreas.
Especialistas e investigadores en temas de seguridad y conflicto coinciden en que el verdadero reto del actual Gobierno consistirá en equilibrar las estrategias operativas de seguridad con la presencia integral del Estado en las regiones más apartadas. La decisión que adopte el Consejo de Seguridad de la ONU en los próximos días determinará las condiciones del acompañamiento internacional, en un escenario donde la superación de las causas estructurales de la violencia sigue siendo la piedra angular para lograr una estabilidad duradera en el territorio nacional.
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