Tras las controversias suscitadas por la suspensión de tres meses para el canciller Álvaro Leyva y la ratificación de la Procuraduría en un auto en el que notifica al presidente Gustavo Petro para que lo reemplace en su cargo, los cuestionamientos y las voces a favor no se han hecho esperar. Pero más allá de eso, ¿cuál es el camino que le queda al jefe de Estado y qué implicaciones tendría para el país?
Hay quienes consideran que el mandatario puede llegar al no acatamiento formal de la resolución y acudir a acciones de tutela, instancias internacionales, medidas cautelares, instrumentos jurídicos para examinar si habría o no una violación al debido proceso, o que el ahora exministro Leyva impugne la decisión, entre muchas otras opciones estarían en el espectro político.
Sin duda, se trata de un tema que genera controversia para el país, tal como lo expone el analista político Jhon Mario González, para quien es muy probable que el presidente “se sienta en la oportunidad de desafiar o confrontar la resolución de la Procuraduría de suspensión del ministro de Relaciones Exteriores y, con ello galvanizar a sus bases”.
González cree que el mandatario está enviando un mensaje defensor para con su equipo de trabajo, “pero además para demostrar que no lo quieren dejar gobernar. Él tiene suficientes antecedentes en recorrer caminos inéditos en la materia”, cuenta, refiriéndose al caso de cuando Petro fue suspendido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez mientras era alcalde de Bogotá.
Si bien en este caso no se trata de un funcionario elegido por voto, el presidente podría llegar a acudir a dicha instancia o a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes “y convertir eso en un asunto de investigación de la Comisión, que, como sabemos, difícilmente podría tramitarla, pero además es imposible que no se convirtiera en un asunto de discusión política”, comentó González.
El analista también trajo a colación casos de “imparcialidad” de las autoridades, como lo sucedido en el caso de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado. En medio del proceso, el presidente “ha confrontado a la Fiscalía frente a su investigación”. Todo lo anterior, insistió González, tiene implicaciones en la “deslegitimación de las instituciones”.
Otra es la lectura del también analista político Mauricio Jaramillo, para quien las opciones que le quedan al presidente es dejar la Cancillería en manos de la dinámica institucional, es decir, en manos de alguno de los viceministros. “Y luego de que se cumpla la suspensión, volver a Leyva, que es un tipo muy cercano a Petro. Aunque a Petro no le gusta hacer cambios porque lo presionan, sino cuando él considere”.
Lo cual significa que habrá poca probabilidad de que cambie al hoy suspendido Álvaro Leyva. “Debería hacerlo, debería relevarlo porque, sin duda alguna, Leyva es una figura excesivamente polémica”, ya que son demasiados cuestionamientos en tan poco tiempo.
Por lo que considera, Petro está pagando un precio muy caro por mantenerlo. “Entonces, no creo que lo haga, de todas maneras, y menos por presión de la Procuraduría, porque también hay que tener en cuenta la Procuraduría se ha extralimitado en funciones desde hace mucho tiempo”.
Frente a la tesis de algunos sectores de la oposición de que el presidente estaría haciendo los mismos movimientos de cuando fue alcalde mayor, “pues la pregunta no es esa, sino si la Procuraduría está repitiendo dicho actuar, si la procuradora Cabello está repitiendo lo que hizo Ordóñez”, indicó.
Y finalmente agregó: “la entidad está excesivamente politizada. Entonces, claro, mucha gente dice qué Petro está igual, claro, es que no se olviden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dictó a Petro en medidas cautelares”, remarcó el docente. COLPRENSA