¿Qué ocurrirá después del 7 de septiembre en Colombia?

Por: Nerio Luis Mejía

Tras recibir la credencial que lo acredita como nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial, aprovechó su intervención para hacer varios anuncios. Su tono fuerte y desafiante —que algunos consideran más moderado y conciliador que el mostrado en campaña— encendió el debate sobre el manejo que dará a la oposición, a las manifestaciones ciudadanas y, especialmente, al ultimátum dirigido a los grupos armados ilegales: disponen de 30 días para someterse a la justicia o enfrentarán la fuerza legítima del Estado, que en nombre de la Constitución impondrá la voluntad soberana.

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De la Espriella, curtido abogado penalista que ha representado a reconocidos personajes del bajo mundo del crimen, recibe un país marcado por la presencia de múltiples estructuras armadas. No se trata de simples bandas, sino de verdaderos ejércitos del crimen que financian un absurdo conflicto mediante economías ilegales, confinando y doblegando comunidades enteras. El reto de quebrar esa voluntad criminal no será sencillo.

El nuevo presidente carga sobre sus hombros la presión de un país que lo eligió para imponer orden frente a una violencia que se ha convertido en paisaje cotidiano. La gran pregunta es qué ocurrirá el 7 de septiembre, cuando venza el plazo para el sometimiento de los grupos armados. ¿Habrá un enfrentamiento abierto o un giro inesperado en la estrategia de seguridad?

No es la primera vez que un gobierno colombiano fija plazos para el sometimiento. En 1990, bajo el presidente César Gaviria, se expidió el decreto 3030, que ofrecía beneficios jurídicos a narcotraficantes y grupos armados a cambio de su entrega. Desde entonces, distintos gobiernos han ensayado ceses al fuego y negociaciones. La novedad en los anuncios de De la Espriella es que no ofrece prebendas: exige rendición sin condiciones, rompiendo con la tradición de concesiones que los criminales ya conocen.

El respaldo de la administración de Donald Trump ha sido clave, pues se espera que fortalezca la cooperación militar y tecnológica entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, medios internacionales han advertido sobre enmiendas en el Congreso estadounidense que buscan frenar la ayuda y abrir investigaciones por presuntos nexos del nuevo presidente con grupos paramilitares y redes de lavado de activos. Ese escenario añade incertidumbre a la política de seguridad.

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Abelardo De la Espriella enfrenta quizá el mayor desafío de su carrera: gobernar un país atravesado por problemas estructurales que no se resuelven desde los escritorios. Lo que ocurra después del 7 de septiembre marcará el rumbo de Colombia: si será el inicio de una ofensiva militar sin precedentes o el fracaso de un ultimátum que podría agudizar la violencia.