Megacárceles, mano dura y JEP: la política de justicia del nuevo gobierno
- Acta Diurna
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A menos de un mes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, el designado ministro de Justicia y del Derecho, el reconocido abogado penalista Iván Cancino (foto), ha comenzado a destapar las cartas de lo que será la política judicial y penitenciaria bajo el mandato del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
En una serie de intervenciones ante los principales medios de comunicación del país, Cancino detalló la ambiciosa y controvertida propuesta de construir diez megacárceles en el territorio nacional, al tiempo que anunció modificaciones estructurales en el tratamiento de los grupos armados y el futuro de la justicia transicional.
El proyecto de las megacárceles, uno de los pilares más comentados de la campaña de De la Espriella, busca solucionar de raíz los problemas crónicos de hacinamiento, corrupción y seguridad que padece el sistema actual administrado por el INPEC. Sin embargo, Cancino se encargó de marcar una distancia conceptual frente al modelo implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, aclarando que la estrategia colombiana tendrá un enfoque garantista.
"No van a ser cárceles que violen los derechos humanos; serán modernas y contarán con programas de resocialización", enfatizó el futuro ministro, asegurando el estricto respeto a la Constitución y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el estado de las prisiones.
El proyecto carcelario
El nuevo esquema de infraestructura carcelaria está diseñado bajo tres premisas fundamentales: enfoque en alta peligrosidad, eficiencia en los costos y automatización tecnológica para reducir los nexos de corrupción entre la guardia y los internos.
Los nuevos centros albergarán prioritariamente a los delincuentes más peligrosos del país y a aquellos especializados en delitos como la extorsión carcelaria. Se implementará una política de "mano dura" y un tratamiento diferenciado para evitar que continúen coordinando actividades delictivas desde su encierro.
Con el fin de evitar un impacto negativo sobre el erario, la administración acudirá a Alianzas Público-Privadas (APP) y recursos de órganos multilaterales. El objetivo de la instrucción presidencial es construir estas diez estructuras con la mayor celeridad y el menor costo posible para los ciudadanos.
A la par de las medidas de máxima seguridad, se impulsarán sistemas productivos internos para que los reclusos trabajen y fabriquen bienes (como uniformes o confecciones), replicando iniciativas exitosas de segundas oportunidades que ya operan en departamentos como Antioquia.
Al ser consultado sobre los terrenos elegidos y el presupuesto exacto asignado para levantar las diez edificaciones, Cancino se limitó a señalar que los detalles técnicos y financieros están completamente listos dentro de la fase de planeación, pero aclaró que "por razones de seguridad nacional, la localización se mantendrá en reserva por ahora". Las nuevas estructuras entrarían a reemplazar de manera paulatina a los centros de reclusión obsoletos que hoy no garantizan condiciones dignas.
Sometimiento obligatorio y el futuro de la JEP
Más allá de la reforma penitenciaria, las declaraciones de Cancino marcan un quiebre definitivo con las directrices de la administración saliente de Gustavo Petro. El ministro designado fue tajante al confirmar que la denominada política de "Paz Total" no continuará. En su lugar, el nuevo Gobierno radicará ante el Congreso, desde su primera semana de gestión, un marco jurídico estricto enfocado exclusivamente en el sometimiento a la ley.
"Aquí es sometimiento bajo la Constitución o la ley y, si no, obviamente se activará la persecución de los grupos al margen de la ley dentro del Derecho Internacional Humanitario", sentenció Cancino. Esta política vendrá acompañada de una reestructuración de fondo a la política antidrogas del país, para lo cual un grupo de especialistas ya diseña medidas destinadas a golpear las hectáreas de cultivos ilícitos.
Frente a la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal del que tanto él como el presidente electo han sido abiertos críticos, el designado jefe de la cartera de Justicia precisó los límites que tendrá la institución en el próximo cuatrienio. Aunque reconoció que legalmente no es factible suprimir la JEP "de un plumazo", advirtió que el Ejecutivo realizará una evaluación fiscal y temporal rigurosa.
"La ley estableció unos términos absolutamente claros y en principio la política de este gobierno no es prorrogar la JEP", puntualizó Cancino, indicando que se exigirá el estricto cumplimiento de los plazos y presupuestos asignados originalmente en el acuerdo de paz, sin alterar la independencia de los magistrados.
Sin fusión de ministerios y libre de impedimentos
Finalmente, el jurista descartó que se vaya a ejecutar a corto plazo una fusión entre los Ministerios de Justicia e Interior, confirmando además que la solicitud de Abelardo de la Espriella es que lo acompañe al frente de la cartera judicial durante los cuatro años completos del mandato.
Frente a los inevitables cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés surgidos de su extenso y notorio ejercicio como abogado litigante en casos de alta relevancia nacional, Cancino fue enfático al declarar que su actividad privada ha quedado completamente suspendida. "Ya soy servidor público con el compromiso del servidor público... todo lo que tenga algún conflicto de interés o un impedimento será manifestado", concluyó, prometiendo una relación armónica pero firme con las altas Cortes y los entes de control.