¿Camina Colombia hacia una anocracia con De la Espriella?

Por: Juan C. Pérez

La estrecha victoria electoral de Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta presidencial ha dejado al país sumido en una atmósfera de profunda expectativa y, para amplios sectores de la opinión pública, de abierta preocupación. Ganar un mandato con menos de un punto porcentual de diferencia en una nación fracturada no es un cheque en blanco; es un llamado a la prudencia. Sin embargo, el ideario político y los discursos de campaña del presidente electo sugieren un camino que genera un temor latente en la ciencia política: el riesgo de que Colombia resbale hacia una anocracia.

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Como concepto, la anocracia define a esos regímenes híbridos atrapados en una zona gris. No son dictaduras abiertas porque mantienen el ritual de las urnas y cierta competencia política, pero tampoco son democracias plenas porque sus instituciones pierden la independencia, la oposición es asediada y las garantías constitucionales se erosionan desde el mismo Ejecutivo. Es el "efecto valle": un estado de inestabilidad institucional permanente donde las reglas del juego se inclinan sistemáticamente en favor de quien ostenta el poder.

Las alarmas que hoy se encienden en una gran parte de la opinión pública colombiana no nacen del vacío. Provienen de propuestas explícitas que el propio De la Espriella y su movimiento, Defensores de la Patria, defendieron con vehemencia en la plaza pública.

La primera gran preocupación radica en la propuesta de desmantelar o ahogar presupuestalmente la arquitectura institucional del Acuerdo de Paz, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una democracia madura se fortalece tramitando sus conflictos a través de la justicia y los consensos; debilitar estos pilares de forma unilateral abre la puerta a un peligroso vacío de control y a una centralización del poder punitivo.

A esto se suma el alarmante enfoque de política exterior que plantea aislar al país de los sistemas internacionales de control, como las Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un gobierno busca deshacerse de los contrapesos externos y, en el plano local, se mira con recelo la independencia de la prensa libre a golpe de presiones judiciales, las costuras del Estado de derecho empiezan a ceder.

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Colombia no va a despertar convertida en una autocracia clásica de la noche a la mañana el próximo 7 de agosto. El peligro de las democracias modernas en el siglo XXI no son los golpes de Estado militares, sino la degradación interna y paulatina de sus instituciones. Si el nuevo gobierno opta por el camino de la polarización, la persecución discursiva a la oposición y el marchitamiento de los contrapesos bajo la bandera de la "mano dura", el país corre el riesgo real de perder su estatus democrático para quedar varado en el limbo de la anocracia: un lugar donde las elecciones se celebran, pero la libertad y la equidad institucional se vuelven pura fachada.

La ciudadanía y las cortes independientes tienen hoy, más que nunca, la responsabilidad histórica de vigilar que la democracia colombiana no termine sacrificada en el altar del mesianismo político.