La U.E. y 125 naciones apoyan a la Corte Penal Internacional

La tensión entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y las instituciones del multilateralismo ha alcanzado un punto de conmoción internacional. En una postura de firmeza institucional, la Unión Europea y la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) han decidido responder de forma frontal a la Casa Blanca tras la formalización de un paquete de sanciones punitivas dirigidas contra la alta cúpula del tribunal con sede en La Haya. El choque diplomático expone una hendidura profunda en las relaciones transatlánticas y pone a prueba la resistencia del derecho internacional frente al uso de herramientas económicas por parte de la principal potencia global.

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El detonante de este escenario de confrontación diplomática fue la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la conducción del secretario Marco Rubio, de incluir en las listas de sancionados a la jueza japonesa Tomoko Akane, actual presidenta de la CPI, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, litigante principal de la Oficina del Fiscal. Las medidas punitivas implican la congelación de activos bajo jurisdicción norteamericana, restricciones bancarias y la anulación o denegación de visados. Desde la perspectiva de Washington, el tribunal ha incurrido en una extralimitación de su mandato al pretender ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma, haciendo alusión directa a las investigaciones desarrolladas sobre actuaciones militares en Afganistán y en el conflicto palestino-israelí.

La respuesta desde los centros de decisión europeos no se hizo esperar. De acuerdo con el despacho informativo difundido por la agencia EFE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, manifestaron de manera coordinada su respaldo irrestricto a la labor del órgano judicial. Ambos dirigentes remarcaron que la CPI desempeña un rol insustituible para hacer justicia a las víctimas de las atrocidades más execrables del mundo, motivo por el cual sus magistrados y funcionarios deben contar con las garantías necesarias para actuar de forma independiente y sin ceder a presiones ni intimidaciones externas.

En esa misma línea, la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, instancia que representa a 125 naciones firmantes del tratado fundacional, emitió un pronunciamiento corporativo en el que acusó a la Casa Blanca de socavar progresivamente el Estado de derecho mundial. Los países miembros advirtieron que esta escalada de medidas punitivas contra jueces y fiscales entraña el riesgo de obstaculizar las investigaciones en curso, entorpeciendo los esfuerzos globales para garantizar la rendición de cuentas e invalidando el marco normativo internacional construido durante décadas.

Este pulso trasciende el ámbito puramente procesal o administrativo y se adentra en el debate sobre la vigencia del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. La tesis de Washington postula la prevalencia absoluta de la soberanía nacional frente a jurisdicciones externas. Por contraparte, las democracias alineadas con el Estatuto de Roma sostienen que el principio de complementariedad faculta a la CPI para actuar como tribunal cuando los sistemas judiciales domésticos no investigan o no juzgan genuinamente crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

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Organizaciones no gubernamentales y analistas del derecho internacional, cuya postura ha sido analizada en los documentos de trabajo de CIDSE, coinciden en que permitir la persecución financiera o migratoria individual contra jueces en el ejercicio de sus funciones sienta un precedente nefasto. El mensaje implícito que se envía a regímenes autoritarios y perpetradores de abusos en diversos continentes es que la fuerza económica o geopolítica puede utilizarse para neutralizar los instrumentos de justicia universal.

A pesar del impacto operativo que estas restricciones bancarias y de movilidad representan para la logística cotidiana de la fiscalía y la protección de testigos, el compromiso asumido por la Unión Europea busca articular salvaguardas diplomáticas y jurídicas para proteger la integridad de los funcionarios. La coincidencia entre Bruselas y más de un centenar de gobiernos de América Latina, África, Asia y Europa reafirma la determinación comunitaria de no dejar caer el pilar fundamental de la justicia penal internacional frente a mandatos ejecutivos unilaterales.