De la Espriella estaría evaluando el retiro de la Corte Penal Internacional
- Acta Diurna
- hace 3 días
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En los pasillos diplomáticos de La Haya comenzó a circular con fuerza una versión que, de concretarse, alteraría de manera radical el compromiso del país con el derecho penal internacional: el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estaría contemplando retirar formalmente a Colombia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
La información, dada a conocer inicialmente por Caracol Radio a través de altas fuentes consultadas en la sede del tribunal multilateral en los Países Bajos, señala que la desvinculación colombiana se da por descontada en círculos diplomáticos europeos. No obstante, en la capital colombiana el asunto se maneja con estricta reserva. Hasta el momento, ni la Casa de Nariño ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han emitido un comunicado público que ratifique el inicio formal del trámite o la remisión de la notificación escrita ante los organismos internacionales competentes.
A pesar de la cautela oficial, el mero planteamiento de esta posibilidad ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico, político y de defensa de los derechos humanos. Abandonar el tratado que reconoce la competencia de la CPI para juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional no representa una maniobra diplomática menor, sino una ruptura con una tradición de más de dos décadas de integración al sistema de justicia multilateral.
El proceso de retiro no surte efectos inmediatos
Para entender el alcance real de una eventual denuncia del Estatuto de Roma, es crucial examinar las normas que regulan la salida de un Estado Parte. El articulado del tratado internacional establece con claridad que cualquier país soberano puede denunciar el acuerdo mediante una comunicación formal dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el diseño del sistema impide que un gobierno pueda desconectarse de la noche a la mañana para eludir responsabilidades de manera intempestiva.
El procedimiento legal estipula que el retiro definitivo solo se hace efectivo exactamente un año después de que la Secretaría General de la ONU recibe la notificación oficial. Ese período de doce meses garantiza un marco de transición en el cual el Estado denunciante sigue plenamente atado a las competencias y preceptos de la Corte.
Durante ese año de transición, la Fiscalía de La Haya mantiene intacta su potestad para iniciar investigaciones preliminares o abrir expedientes formales sobre hechos acaecidos en territorio colombiano que puedan constituir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o agresión. La denuncia del tratado no borra retroactivamente las obligaciones asumidas por el país mientras fue Estado Parte, ni tampoco priva al tribunal de la facultad de dar continuidad a los procesos que ya se encuentren en curso. La arquitectura de la CPI fue blindada precisamente para evitar que los vaivenes políticos de los gobiernos de turno impidan el juzgamiento de atrocidades.
Veinticuatro bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma
La relación de Colombia con el sistema de La Haya es profunda y de larga data. El país se convirtió en Estado Parte del Estatuto de Roma en el año 2002, luego de que el Congreso de la República aprobara la Ley 742 de ese mismo año. Previamente, el Estado debió efectuar una reforma a la Constitución Política para armonizar el ordenamiento jurídico interno y posibilitar la aceptación de una jurisdicción supranacional sin menoscabar la soberanía nacional, paso que contó con el visto bueno de la Corte Constitucional en su correspondiente examen de control.
Durante estos años Colombia estuvo bajo la lupa del tribunal internacional a través de un examen preliminar enfocado en las dinámicas del conflicto armado interno, los falsos positivos y los crímenes cometidos por diversos actores armados. Este examen preliminar se cerró oficialmente en octubre de 2021 mediante la firma de un acuerdo de cooperación especial entre la Fiscalía de la CPI y el Estado colombiano, en el que se reconoció la capacidad y disposición de las instituciones locales para administrar justicia.
El impacto sobre la justicia transicional y el rol de la JEP
Uno de los interrogantes más complejos que suscita la hipotética renuncia al Estatuto de Roma radica en el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El modelo de justicia transicional colombiano fue diseñado bajo la premisa de la subsidiariedad e interdependencia con el marco del derecho penal internacional.
La Corte Penal Internacional no actúa como un tribunal de apelación ni como una instancia superior encargada de revisar los fallos emitidos por la JEP o por la justicia ordinaria. Su competencia es complementaria: únicamente se activa cuando se demuestra que el sistema judicial interno no tiene la voluntad o la capacidad genuina de investigar y sancionar a los máximos responsables de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
En ese sentido, la presencia de la CPI ha funcionado históricamente como un incentivo normativo para que los procesos contra las antiguas cúpulas de los grupos paramilitares, ,de las Farc, mandos militares y terceros civiles involucrados en el conflicto armado mantengan estándares de severidad y proporcionalidad en sus sanciones. La salida de Colombia de la CPI alteraría este ecosistema de supervisión internacional, privando a la justicia transicional de uno de sus respaldos externos más disuasorios.
El tablero regional y el antecedente venezolano
El eventual paso de Colombia para retirarse de La Haya se inscribiría en un contexto regional convulso y en plena reconfiguración. El antecedente más inmediato en Suramérica lo protagonizó Venezuela, cuyo gobierno notificó formalmente a las Naciones Unidas la denuncia del Estatuto de Roma el 24 de julio de 2026. Al igual que en el caso colombiano, la desvinculación venezolana no es instantánea y solo cobrará vigencia formal el 24 de julio de 2027.
El caso del país vecino sirve para ilustrar cómo opera el principio de no retroactividad en el derecho internacional. La notificación entregada por Caracas ante la ONU no detuvo ni invalida las investigaciones que la Fiscalía de la CPI adelanta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en ese territorio. Las actuaciones iniciadas durante el tiempo de membresía siguen su curso independiente en La Haya, lo que demuestra que la renuncia al tratado no genera un manto de impunidad automático ni paraliza los expedientes vigentes.
El alineamiento con Washington y la nueva política exterior
La discusión sobre la desvinculación de la CPI cobra sentido al analizar el giro ideológico y diplomático emprendido por el gobierno de Abelardo De la Espriella. La política exterior colombiana ha experimentado un reordenamiento drástico, caracterizado por una sintonía estrecha con la administración de los Estados Unidos y un acercamiento estratégico con el Estado de Israel.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y ha mantenido una postura de reserva frente a la jurisdicción de La Haya para proteger a sus ciudadanos y tropas. Bajo el mandato del presidente Donald Trump, Washington ha intensificado su ofensiva diplomática contra la CPI. En julio de 2026, la Casa Blanca impulsó una serie de medidas para debilitar la influencia del tribunal multilateral, al tiempo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó públicamente a las naciones de América Latina a apartarse del Estatuto de Roma y recuperar de forma plena su soberanía penal.
En esta coyuntura, la eventual salida de Colombia encajaría con la agenda geopolítica trazada por Washington y respaldada por sectores de la derecha continental. Sin embargo, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores no deposite la notificación en la sede de la ONU en Nueva York, la salida sigue siendo un escenario en evaluación sobre la mesa diplomática, cuyos costos políticos, jurídicos e internacionales comienzan a ser sopesados en detalle por la Casa de Nariño.
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