La guerra como instrumento de conservación del poder en Colombia
Por: Dany Oviedo Marino
A los colombianos se nos ha enseñado a leer nuestra propia tragedia bajo un libreto inalterable: el Estado, investido de legitimidad republicana, libra una batalla heroica y perpetua contra un enemigo interno que se niega a desaparecer. Se nos exige contar los muertos, celebrar las bajas y esperar, año tras año, el parte de victoria final.
Sin embargo, cuando la pólvora se disipa y observamos el panorama con la frialdad de la historia y el rigor de la sociología política, las certezas se desmoronan. La clásica teoría militar de Carl von Clausewitz —que define la guerra como un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario y someterlo definitivamente— parece no tener cabida en nuestra geografía. En Colombia, la violencia crónica desafía la lógica de la victoria absoluta y nos arroja a la cara una tesis profundamente incómoda: en este país, las guerras no se pelean para ganarlas. Se pelean para legitimar, cohesionar y preservar intactas las estructuras hegemónicas y los privilegios históricos de quienes dirigen la nación.
Para entender esta dolorosa paradoja, es indispensable despojarnos de la ingenuidad. La guerra colombiana no es una anomalía del sistema ni un fracaso institucional fortuito; es un mecanismo altamente eficiente de administración del poder.
El primer gran triunfo estratégico de este conflicto prolongado ha sido su capacidad para secuestrar la agenda pública. Cuando a una sociedad se le obliga a vivir inmersa en la urgencia de sobrevivir —esquivando masacres, tomas guerrilleras, artefactos explosivos y el fuego cruzado—, el debate nacional se paraliza de manera casi absoluta en el eje de la seguridad. El conflicto opera, entonces, como una inmensa y perpetua cortina de humo. Mientras el país discute con vehemencia sobre operativos militares, extradiciones y presupuestos de defensa, el modelo de Estado queda blindado contra cualquier escrutinio.
Las verdaderas transformaciones estructurales que requiere la nación —la concentración grotesca de la riqueza, la redistribución de la tierra y la equidad social— quedan relegadas al olvido. Bajo el ruido ensordecedor de los fusiles, cualquier intento de movilización ciudadana o reclamo civil corre el riesgo inminente de ser estigmatizado, criminalizado y silenciado, equiparando perversamente la protesta legítima con la insurgencia armada.
Ante la deliberada ausencia del Estado social en las regiones periféricas, la figura del enemigo interno ha funcionado como el pegamento político perfecto para las clases dominantes. La amenaza constante justifica un gasto militar desproporcionado y permite una centralización férrea del poder en el Ejecutivo. Presa de la angustia, la ciudadanía tiende a cerrar filas en torno al establecimiento, cediendo sus libertades a cambio de la promesa de un orden mínimo. Esta simplificación del discurso, que reduce la complejidad nacional a una batalla maniquea entre "los buenos y los malos", ha consolidado a lo largo de las últimas dos décadas proyectos políticos basados en la mano dura y liderazgos mesiánicos que, en tiempos de paz, carecerían de viabilidad electoral.
Esta funcionalidad del conflicto explica la característica más insólita de nuestra historia: la deliberada evitación del triunfo definitivo. A pesar de haber contado con una superioridad bélica y financiera abrumadora en distintos periodos recientes, el establecimiento rara vez ha buscado la aniquilación total de la guerra. Destruir al enemigo implicaría el fin de las justificaciones excepcionales. Por ello, Colombia es un laboratorio trágico de procesos de paz parciales y desmovilizaciones fragmentadas. Vemos a las guerrillas mutar en disidencias y a las autodefensas transformarse en clanes mafiosos de alto impacto. El ciclo se reinicia, los actores cambian de brazalete, pero la rentabilidad estructural del conflicto se mantiene intacta.
Detrás de este reciclaje de la barbarie opera a toda marcha la sala de máquinas del país: la economía política del despojo. La sangre derramada ha sido el lubricante de formidables dinámicas de acumulación de capital. La violencia armada operó como la excavadora de una contrarreforma agraria implacable, facilitando el robo de millones de hectáreas a campesinos indefensos para concentrarlas en manos de terratenientes, caciques regionales y proyectos agroindustriales.
El paramilitarismo no fue solo una respuesta contrainsurgente; fue el ejército privado del statu quo, diseñado para defender un modelo económico excluyente mediante el cogobierno criminal con la clase política tradicional. A esta economía del terror se suma el lucrativo ecosistema burocrático de los grandes contratos de defensa y la seguridad privada. Quienes lucran material y políticamente con el conflicto carecen de cualquier incentivo para permitir su resolución.
Por eso, cuando la paz amenaza con alterar este orden, el sistema reacciona con ferocidad institucional y física. Lo vimos en el pasado con el genocidio político de la Unión Patriótica y lo observamos hoy con el saboteo sistemático a la justicia transicional. Las élites temen mucho más a los tribunales de la verdad que a los fusiles insurgentes, pues la verdad tiene el poder irreversible de desnudar la connivencia histórica entre el capital, la política y la masacre.
De cara a las cámaras, toda esta arquitectura del horror se justifica bajo el imperativo de la seguridad nacional y la defensa de la democracia. Si bien esta es la motivación genuina de miles de soldados de infantería que ponen el pecho en la selva, en las cúpulas del poder este argumento es instrumentalizado de manera cínica. Sirve como escudo retórico para que ciertos sectores evaden el control civil, mantengan sus fueros y, en los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, justifiquen aberraciones sistemáticas como las ejecuciones extrajudiciales con tal de exhibir resultados que legitimen la continuidad de la maquinaria bélica.
La tragedia superlativa de Colombia radica en que nuestra guerra es, en esencia, una fuerza profundamente conservadora. Las balas en nuestros campos no buscan la revolución ni el cambio; exigen la inmovilidad de las jerarquías sociales. Hasta que no logremos desmontar esta economía política de la violencia y nos atrevamos a dar los debates estructurales que el estruendo del conflicto ha silenciado deliberadamente, seguiremos atrapados en un laberinto de sangre. Un laberinto diseñado, meticulosa y perversamente, para que el pueblo lo camine a ciegas mientras sus arquitectos lo observan, a salvo y enriquecidos, desde arriba.
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