Entre el primero de enero y el 31 de marzo de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 43 alegaciones o denuncias de homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Así lo dejó saber este lunes la Oficina, que explicó que entre todos los casos conocidos solo uno ha sido completamente verificado. Otros 39 pasan por el proceso de contrastación y, por último tres casos arrojaron el resultado de “no concluyentes”.
Para que un caso se califique como verificado las Naciones Unidas cuentan con dos criterios que deben cumplirse: que la víctima sea un defensor o defensora de derechos humanos y que al menos una hipótesis de su asesinato se vincule a esa labor.
El procedimiento de la Oficina pasa por conocer alegaciones o quejas, llevar el seguimiento de ellas en el terreno (lo que se denomina ‘proceso en verificación’), documentar las denuncias que cumplan los parámetros y, finalmente, clasificarlas.
El caso verificado es el de un campesino de Tame (Arauca) que pertenecía a una Junta de Acción Comunal. Entre los 39 en verificación aparecen 35 hombres, tres mujeres y un hombre gay. Entre las víctimas mujeres aparece una indígena y una afrodescendiente.
El 30% de los homicidios que llegaron a la Oficina de Derechos Humanos se refiere a defensores comunitarios o pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal, una tendencia que se repitió en todo el 2023.
Un 19% de los casos hace referencia a población defensora de derechos del campesinado y otro porcentaje igual indica asesinatos de quienes defendían derechos económicos, sociales y culturales. Un 7% de los casos fue de defensores de derechos políticos.
De todos modos, “una persona defensora puede trabajar en varios ámbitos de defensa que están interrelacionados”, explicó la ONU en la presentación de las cifras, al tiempo que afirmó que el ámbito de defensa podría cambiar a medida que siguen las verificaciones.
El departamento con más denuncias es Cauca, con nueve hechos. Los municipios con más casos fueron Tame (Araca), Santander de Quilichao (Cauca), Quibdó (Chocó) y Tuluá (Valle del Cauca), cada uno con dos alegaciones.
Antioquia, por su parte, fue testigo de seis homicidios de personas defensoras en los primeros tres meses del año. Valle del Cauca y Putumayo tuvieron cuatro, mientras que Arauca tuvo tres. Córdoba, Chocó y Tolima conocieron dos.
La cifra de 43 alegaciones representa casi un 20% del número total de asesinatos que ONU Derechos Humanos registró el año pasado, cuando entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2023 la Oficina documentó 214 denuncias. COLPRENSA