Diez generales retirados son señalados como responsables de falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz avanzó en la fase nacional del Caso 03 al determinar que diez oficiales en retiro del Ejército Nacional figuran entre los máximos responsables de la expansión de los llamados falsos positivos en Colombia entre los años 2005 y 2008, periodo que coincide con la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con el reporte conocido este jueves, el expediente documenta 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas indebidamente como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, además de 34 personas que lograron sobrevivir a esos ataques.
El trabajo investigativo, encabezado por el magistrado Óscar Parra Vera, sostiene que estos episodios no se redujeron a desbordamientos aislados de unidades en el terreno. Por el contrario, el análisis apunta a que las conductas se propagaron por distintas estructuras castrenses bajo la presión constante por exhibir resultados operacionales evaluados en buena medida por el número de muertes reportadas en combate. Esa dinámica consolidó una práctica de facto que puso las bajas como medida central del desempeño militar y favoreció la repetición de los hechos en varias zonas del país.
Quienes enfrentan el llamado a reconocer verdad
Dentro del grupo de diez altos oficiales identificados, la Sala de Reconocimiento de Verdad convocó a siete generales retirados para que asuman su responsabilidad frente a los hechos y las conductas imputadas en esta etapa del proceso. Los nombres que integran ese primer bloque son los siguientes:
Luis Felipe Paredes Cadena, general retirado.
Carlos Orlando Quiroga Ferreira, mayor general retirado.
Justo Eliseo Peña Sánchez, mayor general retirado.
Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, mayor general retirado.
Hernando Pérez Molina, mayor general retirado.
Guillermo Quiñónez Quiróz, mayor general retirado.
José Joaquín Cortés Franco, brigadier general retirado.
La jurisdicción vinculó la expansión de estos crímenes con el funcionamiento de instancias superiores como los comandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la propia Comandancia del Ejército. Con base en ese entramado, la investigación busca establecer qué grado de conocimiento tenían estos mandos sobre las irregularidades, cuál era su margen de autoridad dentro de la cadena de mando y qué acciones u omisiones permitieron que la práctica continuara sin freno.
Tres exmandos pasan a la ruta adversarial
La determinación también cobija a otros tres exoficiales de alto rango que fueron señalados como máximos responsables en la expansión de estas ejecuciones y desapariciones: el general en retiro Mario Montoya Uribe, el general en retiro Óscar Enrique González Peña y el mayor general en retiro Luis Roberto Pico Hernández. A diferencia de los siete anteriores, sus expedientes fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación.
El motivo de ese traslado radica en que, durante actuaciones previas ante la justicia transicional, estos tres exmandos dejaron claro de manera reiterada que no aceptarían responsabilidad por los hechos que se les atribuyen. Al cerrarse la vía del reconocimiento en esta fase, sus casos entran en la etapa adversarial, donde la Unidad de Investigación y Acusación deberá reunir los elementos pertinentes y decidir si formula una acusación formal ante el Tribunal para la Paz.
Grupo procesal | Oficiales en retiro señalados | Rumbo del expediente |
Convocados a reconocer responsabilidad | Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiróz y José Joaquín Cortés Franco | Permanecen en la Sala de Reconocimiento de Verdad para responder por los hechos atribuidos |
Remitidos a la UIA | Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández | Pasan a ruta adversarial tras rechazar el reconocimiento de responsabilidad en trámites anteriores |
Este pronunciamiento marca un nuevo giro en la investigación nacional sobre las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, al ampliar el foco hacia las cúpulas y estructuras de mando que operaron entre 2005 y 2008 y dejar en manos del Tribunal para la Paz o de la ruta acusatoria las siguientes definiciones judiciales.




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