Gobierno busca modificar las reglas para la protesta social

El Ministerio del Interior formalizó la publicación del borrador de decreto con el que pretende modificar el Decreto 003 de 2021, el cuerpo normativo que regula las actuaciones de las autoridades y de la ciudadanía durante las jornadas de protesta en el territorio colombiano. La medida, anunciada por el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara, busca reconfigurar el marco de actuación oficial bajo una premisa explícita: lograr un punto de equilibrio real entre el derecho fundamental a marchar y la protección de quienes deciden no sumarse a las movilizaciones.
El anuncio, realizado en las primeras horas de la mañana a través de las cuentas oficiales del ministro, puso de manifiesto que el borrador finalizado ha superado los filtros de consulta previa e institucional fijados por la legislación vigente. Según sostuvo Lara, el espíritu del documento responde al mandato constitucional de salvaguardar la libre expresión ciudadana en las calles, pero introduce un deslinde categórico frente a los episodios de desorden y violencia que históricamente han derivado en bloqueos prolongados o afectaciones graves a terceros. La postura oficial quedó condensada en una premisa: la administración sostiene que no habrá «ni un derecho menos para quien marcha», al tiempo que advierte que tampoco se cederá «ni un espacio más para quien destruye».
Uno de los aspectos conceptuales más significativos del texto borrador radica en la diferenciación explícita que hace el Ejecutivo entre las alteraciones operativas inherentes a cualquier manifestación masiva y los actos manifiestamente delictivos. En su intervención, el ministro Lara fue enfático al señalar que el colapso del tráfico vehicular o la incomodidad de la ciudadanía no constituyen actos de violencia, reconociendo que la congestión es una consecuencia natural del ejercicio del derecho de reunión en el espacio público. Para la cartera del Interior, calificar el trancón o la lentitud en el tránsito como una agresión constituiría un exceso punitivo que desnaturalizaría la protesta social.
Sin embargo, el texto del proyecto de decreto traza un límite operacional rígido cuando las acciones de los manifestantes cruzan la frontera de la afectación pacífica para adentrarse en la infracción penal. El borrador de decreto precisa que conductas tales como la agresión física contra particulares o autoridades, el porte de armas u objetos contundentes, la retención arbitraria de personas y la obstrucción al tránsito de misiones médicas o ambulancias dejan de ser catalogadas como actos de inconformismo para pasar a ser consideradas delitos flagrantes que deben ser perseguidos y sancionados con el rigor de la ley. Con este matiz, la norma busca evitar la impunidad de hechos violentos camuflados bajo el manto de la movilización social.
La revisión del Decreto 003 responde a las recurrentes discusiones jurídicas e institucionales sobre los protocolos de intervención de la Fuerza Pública y las garantías ciudadanas en escenarios de alta tensión social. La propuesta del Gobierno busca actualizar estos mecanismos para ofrecer reglas claras tanto a los organizadores de las marchas como a los ciudadanos del común y a la fuerza pública, evitando interpretaciones ambiguas sobre el uso legítimo de la fuerza y la protección de los derechos humanos en los cascos urbanos del país.
Con la publicación del documento, la cartera del Interior abrió formalmente la etapa de participación pública para que distintos sectores de la sociedad civil, la academia, organizaciones defensoras de derechos humanos y la ciudadanía en general presenten sus observaciones y ajustes al articulado. El canal dispuesto para este proceso es la dirección de correo electrónico institucional direccionjuridica@mininterior.gov.co, plataforma a través de la cual se recibirán los comentarios hasta el próximo domingo 4 de octubre. Tras el cierre de esta ventana de consulta ciudadana, el Ministerio evaluará los aportes recogidos para proceder con la redacción definitiva y posterior firma del decreto ejecutivo.




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