Fiscalía pide extinción de dominio a bienes de Emilio Tapia y Karen Abudinen
- Acta Diurna
- hace 4 días
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La Fiscalía General de la Nación inició formalmente el proceso de extinción de dominio sobre bienes relacionados con los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados. Las medidas cautelares afectan propiedades que estarían a nombre de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, el contratista Emilio Tapia y otros actores implicados en el entramado ilegal.
Los activos, avaluados en $65.900 millones, habrían sido adquiridos con el anticipo irregular de $70.000 millones, según el ente acusador.
Contexto del desfalco
El caso se remonta al gobierno del expresidente Iván Duque, bajo la gestión de Abudinen en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El proyecto buscaba conectar a internet a escuelas rurales en 16 departamentos mediante un contrato superior al billón de pesos. No obstante, tras la adjudicación a Centros Poblados mediante documentación falsa, se desembolsó un anticipo de $70.000 millones, cuyo paradero sigue siendo el motivo de la investigación judicial.
Detalles del operativo
José Iván Caro, jefe de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, informó que los 23 bienes intervenidos se encuentran distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. La lista incluye:
Locales comerciales.
Parqueaderos.
Sociedades mercantiles.
Inmuebles residenciales.
"Los elementos materiales probatorios indican que estos activos habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal", señaló Caro.
Situación jurídica de los implicados
En el caso específico de la exministra Karen Abudinen, la medida cautelar sobre uno de sus inmuebles se deriva de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República. El ente acusador subrayó que la investigación evidenció una mezcla de activos lícitos con dineros de origen ilegal, utilizando las sociedades que conformaban la Unión Temporal como fachada para el desvío de fondos.
Tras la imposición de estas medidas, el expediente pasará a manos de un juez especializado en extinción de dominio, quien deberá determinar en juicio si los bienes pasan definitivamente a manos del Estado.
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