La Fiscalía General de la Nación anunció que continúa investigando el caso del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la información y la comunicación, TIC, con el consorcio Unión Temporal Centros Poblados que tenía como objetivo brindarle conectividad gratis a 7.000 niños y jóvenes en colegios de zonas apartadas del país.
En ese sentido, indicó, este lunes que es falsa la información que circuló sobre un llamado a entrevista o interrogatorio a la ministra Karen Abudinen sobre su accionar en la adjudicación de este contrato por más de un billón de pesos.
“En este momento, la Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en las diligencias e indagaciones relacionadas con los no aforados que tendrían relación con el contrato de conectividad que ha sido cuestionado públicamente”, señaló el ente acusador.
Más temprano se había dicho que la jefe de cartera había sido citada por la Fiscalía para que ella contara su versión sobre los hechos.
No obstante, el ente acusador sí citó, la semana pasada, a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, consorcio a la que se le adjudicó el millonario contrato.
Este escándalo tiene su génesis en diciembre de 2020, cuando se adjudicó el contrato por más de un billón de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados, para proveer conectividad gratis en el país.
Centros Poblados debía suministrar el servicio a zonas apartadas de los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Sin embargo, en junio, pasados seis meses de adjudicado el proyecto, se descubrió que Centros Poblados estaba incumpliendo con los tiempos estipulados en el cronograma de la contratación.
Al revisar qué era lo que estaba ocurriendo y la razón por la cual no se había avanzado, se encontró que, al parecer, el consorcio presentó garantías falsas dentro del contrato. Además, dicha Unión no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para cumplir a cabalidad el contrato.
La empresa registrada presentó una garantía que aseguró que había sido expedida por el banco Itaú, pero que se comprobó que en realidad era falsa, como lo certificó la entidad financiera al aseverar que de ninguna de sus oficinas había salido tal documento.
Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, no obstante, el Gobierno ya había realizado un anticipo de $70.000 millones, recursos que hay quienes afirman van a ser muy difíciles de recuperar.
La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por cuatro empresas Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %), que sería la compañía con experiencia en el sector tecnológico; las tres restantes son ICM Ingenieros S.A.S (35 %), Intec de la Costa S.A.S (15 %) y Omega Buildings Constructora S.A.S (15 %), las tres últimas tienen experiencia en la construcción de carreteras y edificios, y dos de ellas están domiciliadas en Barranquilla, de donde Abudinen es oriunda. COLPRENSA