El juicio contra Diego Javier Cadena Ramírez por manipulación de testigos continúa. Este jueves, el protagonista como testigo fue Carlos Enrique Vélez Ramírez, el exparamilitar conocido en el conflicto con el alias de Víctor o Comandante Víctor.
El hombre entregó bajo juramento su declaración desde la cárcel de Palmira (Valle del Cauca), donde se encuentra purgando una condena de veinte años que se le impuso por una masacre perpetrada en Riosucio (Caldas).
Además, en 2010, el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a más de 16 años de prisión por haber aceptado su participación en el delito de homicidio en persona protegida del que fue víctima el sindicalista Jorge Eliécer Moreno Cardona.
El fiscal de la causa contra el exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Daniel Ricardo Hernández Martínez, se desplazó hasta el penal junto al abogado Reynaldo Villalba, quien representa en el proceso al senador Iván Cepeda.
De acuerdo con Vélez, quien por al menos cinco años ha reiterado su versión en distintas instancias, Cadena se le presentó en 2018 en la prisión. “Estaban cerrando la celda y un dragoneante me dice que me visita mi abogado”, relató el exparamilitar.
Su respuesta instantánea fue “que yo no tenía abogado”, pero de todos modos asistió al encuentro. Ya con el llamado ‘abogángster’, dijo: “me hace un ofrecimiento de plata” a cambio de firmar un documento que inculpara a Cepeda.
Los antecedentes de la declaración de Vélez
El congresista está acreditado como víctima dentro de los casos contra Cadena y contra el expresidente Uribe, pues en un principio el exjefe de Estado lo denunció, solo para encontrarse con que la Corte Suprema de Justicia comenzó a indagarlo por manipulación de testigos.
Quien se convirtió en procesado en ese momento fue el expresidente Uribe, debido a que algunas pruebas enviadas al alto tribunal permitían sospechar que estaba buscando a personas recluidas, especialmente exparamilitares, para desvirtuar a Cepeda.
Cepeda había visitado cárceles con el fin de obtener pruebas de que Álvaro Uribe estuvo involucrado en el paramilitarismo, principalmente en Antioquia. Uno de los ‘exparas’ que declaró fue Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero.
‘Alberto’, quien fue parte del frente Cacique Pipintá, ha sostenido, también en varias instancias, que Uribe fue un “referente político” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar en el que fue superior jerárquico de ‘Víctor’.
Uribe siempre quiso contradecir a Sierra García, quien acusaba no solo al expresidente, sino también a su hermano, Santiago Uribe, de haber tenido varias reuniones, principalmente en la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez.
En alguna ocasión, el exmandatario incluso denunció por calumnia al condenado exparamilitar, pero el proceso prescribió en 2020 luego de que pasaron varios años sin que a nivel judicial se pudiese analizar la responsabilidad de ‘Alberto’.
El presunto soborno
La búsqueda de oposición al exjefe paramilitar, al parecer, llegó hasta las cárceles. De acuerdo con Carlos Enrique Vélez, Diego Cadena le ofreció “plata” para que le ayudara firmando un documento y encontrando a otras personas que hicieran lo mismo.
El objetivo de Cadena, adujo Vélez, era encontrar “testimonios en contra del señor Cepeda”. A cambio, le ofreció $200 millones que se distribuirían entre “otras personas que ayudaran a desmentir al patrón”, es decir, a ‘Alberto Guerrero’.
El abogado le indicó, según su relato, que “necesitaba que le colaborara” y que tenía que decir que se había reunido con el senador Cepeda, aun cuando, según expresó, nunca antes lo había conocido o se había encontrado con él.
La versión que debía entregar a las autoridades era “que yo había hablado con el doctor Iván Cepeda y con mi patrón para yo hablar en contra del señor Uribe”. Todo ello, a través de una carta firmada por el mismo Vélez.
De acuerdo con la Comisión de Disciplina Judicial, que sancionó a Cadena a 34 meses sin tarjeta profesional de abogado, no solo Cadena se encontró con el recluso, sino también su socio, Juan José Salazar. Los resultados, según la investigación, fueron giros por casi $10 millones a su familia.
“Tales giros se realizaron entre el 7 de diciembre de 2017 y el 11 de julio de 2018 por valor de $ 9.400.000 y no son discutidas por los investigados ni en este ni en el proceso penal que se les adelanta por estos mismos hechos”, resaltó la Comisión.
“Mutuamente nos estábamos colaborando”
Cuando el fiscal Daniel Hernández le preguntó a Vélez si aceptó “vender” su testimonio a cambio de los beneficios que Cadena ofrecía, su respuesta fue que sí. Luego, explicó que le dio tres nombres más de personas que le podrían “colaborar”.
Según su historia, recibió envíos de dinero por Servientrega que venían de parte de la oficina de Cadena, así como transferencias monetarias que Rodolfo Echeverry, otro socio del ‘abogángster’, enviaban principalmente a su mamá, y el pago para “una prepaguito”.
Asimismo, subrayó que Diego Cadena le ayudaba con “caletas” y que mantenían comunicación principalmente telefónica, algo que en un principio se le hacía extraño. Su deber principal era “mentir” a la Corte Suprema de Justicia.
Además, debía hacer todo lo posible por “desmentir a ‘Alberto’ en todo”, por lo que las personas recomendadas para “colaborarle” a Cadena fueron cercanas al exparamilitar. Una de ellas fue su jefe de seguridad, incluso.
“Como yo les estaba colaborando a ellos, mutuamente nos estábamos colaborando. Tanto él me colaboraba a mí como yo le colaboraba a él”, remarcó el testigo. Esa simbiosis continuó hasta que empezó a hacerse pública, como confirmó este jueves.
Cuando el caso llega a la opinión pública, Vélez manifestó que sintió la presión por decirle la verdad a la Corte Suprema, por lo que envió una solicitud al entonces magistrado José Luis Barceló. COLPRENSA