El país de nuevo atraviesa una etapa de cruda incertidumbre ante el quiebre de los diálogos con dos grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC o Estado Mayor Central que lidera ‘Iván Mordisco’.
El primer caso ocupó los titulares a nivel internacional, pues trata del secuestro al padre de Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y del Liverpool, quien ya cumple más de una semana en manos del ELN. En este punto el mundo entero ha reprochado lo sucedido.
El segundo dejó atónitos a los colombianos, pues luego de sentarse –por fin– en una mesa de diálogos, el EMC optó por retirarse de manera unilateral ante “los constantes incumplimientos a los acuerdos y la falta de seriedad de parte del gobierno nacional”. Anunciaron que estas conversaciones se suspendían, pero podía generarse un rompimiento de manera definitiva.
Al mismo tiempo se conoció que miembros del Ejército habían sido retenidos en El Plateado por la población, presuntamente instrumentalizada por los grupos armados. También surgieron videos de las disidencias inaugurando la pavimentación de las vías en Santa Rosa (Nariño).
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz guardó silencio el fin de semana, pero este martes Danilo Rueda asistió a un debate de control político citado por la Cámara de Representantes para dar cuenta de los avances de la denominada Paz Total.
Allí congresistas como Catherine Juvinao le presentaron cifras del aumento de los secuestros este año y, aunque aclararon que estos crímenes no son responsabilidad del Gobierno, sí le atribuyeron el mal manejo a las conversaciones cuando “no hay muestras de voluntad de paz”.
“Siempre hemos exigido el cese a la práctica del secuestro”
A la salida del recinto, el Alto Comisionado le expresó a medios de comunicación que “las circunstancias y los hechos que han ocurrido obligan a abordar varios temas que el ELN no quería discutir”.
Y es que no se olvidan todavía aquellas declaraciones al término del tercer ciclo de conversaciones en La Habana en las que Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, afirmó que las ‘retenciones’ se harían de ser necesarias y que “las operaciones de finanzas del ELN se comentaron a discutir, pero esa discusión no terminó”. De hecho, el decreto del cese al fuego no las contempla.
Sin embargo, Rueda es enfático en que “siempre hemos exigido el cese de la práctica del secuestro, esa es una negación del DIH, no genera credibilidad a los procesos de paz que están en curso”.
Sobre esto Colprensa también le preguntó al senador Iván Cepeda, uno de los líderes de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz, tan pronto el cese al fuego iba a dar inicio y manifestó que los acuerdos entienden esta práctica como una acción proscrita que “si se llega a presentar será objeto de toda la acción del Estado”.
Hoy, en el mismo debate, sostuvo que el secuestro “es un cruel ultraje que lacera hondamente a las familias” y, por tanto, la delegación va a hacer lo que corresponde.
Sin dar muchos detalles, dijo: “Anuncio que cuando se produzca la liberación del señor Diaz, esta y otras situaciones van a ser objeto de una posición clara en la mesa de diálogos. (...) Hemos venido logrando avances, pero somos conscientes de que la paz no se puede construir si persisten estos hechos que enlutan y avergüenzan a nuestro país”.
¿Qué está fallando?
Ante este escenario, Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte, ha sostenido en sus análisis que “la Paz Total se parece mucho al Caguán de las FARC”, recordando el intento de Andrés Pastrana para lograr el fin del conflicto con esta guerrilla.
El docente expone cuatro razones. En primer lugar, sostiene que se trata de “organizaciones armadas que utilizan la negociación para expandirse territorialmente y fortalecerse militar y financieramente”.
Luego se enfoca en el Gobierno y afirma que este “no traza líneas rojas y realiza concesiones sin exigirle nada a la contraparte”. Continúa diciendo que hay un “marcado voluntarismo y dependencia política del gobierno nacional de las mesas de negociación”. Y cierra con la ausencia de una estrategia de comunicación.
En el caso del EMC, critica que quieran suspender la mesa de diálogos sin que el Estado los confronte, ya que abiertamente expresaron su deseo de mantener el cese al fuego.
En el Ministerio Público hay una voz que se une al primer punto y es la de la procuradora Margarita Cabello, quien en un encuentro entre los gobernadores actuales y electos que organizó la Federación Nacional de Departamentos sentenció:
“Hoy estamos retrocediendo en el tiempo, estamos retrocediendo tanto que el terreno ganado por la Fuerza Pública se está perdiendo. Los grupos al margen de la ley se están aprovechando de estas negociaciones para fortalecerse logísticamente en armamento y para ampliar su presencia en el territorio con el reclutamiento, el secuestro, la extorsión y con los homicidios”.
Por su parte, desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, también condenaron lo sucedido, pues consideran que no solo se viola el cese al fuego, sino que pierde el sentido la existencia de instancias como el Comité Nacional de Participación (CNP).
“Distintos sectores han confiado en la búsqueda negociada de la paz al vincularse almecanismo de participación ciudadana, esperando que el acuerdo que se alcancepermita terminar de manera definitiva con todas las hostilidades y violencias a las que elELN tiene sometida a la población civil en los territorios”, expresa el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón Monsalve.
Así que insisten en que el Gobierno debe poner líneas rojas “para evitar que el ELN o cualquiera de sus estructuras instrumentalicen el proceso de negociación y busquen sacar ventajas militares del cese al fuego”. COLPRENSA