El rebusque le gana al empleo digno en Colombia
- Acta Diurna
- 10 jun
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El mercado laboral colombiano sigue marcado por el rebusque que viene reemplazando al empleo digno, la industria se apaga, la contratación por OPS se afianza, y millones siguen sin garantías laborales. Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llega el informe más reciente de Cedetrabajo denominado "En Colombia se trabaja mucho, pero se vive mal: el rebusque reemplazó al empleo digno" el cual es radiografía de un sistema laboral que no solo excluye, sino que precariza a quienes intentan sobrevivir trabajando.
Trabajar en Colombia no garantiza una vida digna. Esa es la primera conclusión del documento. A pesar de ciertos indicadores que muestran recuperación económica tras la pandemia, las condiciones estructurales del mercado laboral siguen siendo las mismas: precarias, excluyentes y desiguales.
No hay empleo digno en Colombia: se trabaja mucho, pero se vive mal
La tasa global de participación (TGP), que mide el porcentaje de personas en edad de trabajar que están ocupadas o buscando empleo activamente,llegó en Colombia a 64,7% en febrero de 2025, su mejor nivel desde 2019. Pero el dato, lejos de ser motivo de celebración, confirma que el mercado laboral apenas está saliendo del golpe de la pandemia. Si el ritmo de recuperación se mantiene como hasta ahora (2,2 puntos en 4 años), solo en 2031 el país recuperaría el nivel histórico de participación laboral del período 2003-2012 (68%).
Detrás del aumento de la TGP hay más necesidad que mejora concreta: muchas personas entran al mercado laboral por obligación, no porque haya más y mejores empleos. Y lo hacen en sectores donde los derechos laborales brillan por su ausencia.
Los sectores que más emplean son los que peor pagan
El comercio, las actividades agropecuarias y el empleo público no formal concentran casi la mitad del total de ocupados. El comercio lidera con 4 millones de personas (17,6%), seguido por el agro (3,3 millones, 14,2%) y la administración pública, salud y educación (2,8 millones, 12%).
Pero este ranking es engañoso. Son también los sectores donde la informalidad, la tercerización y los bajos salarios dominan. La industria, que durante años fue un motor de empleo formal, apenas emplea al 10,7% y sigue cayendo. La reprimarización de la economía ha debilitado la capacidad del país para crear trabajos estables.
La otra cara: exclusión y desigualdad
Colombia tiene hoy 14,5 millones de personas por fuera de la fuerza laboral. La mayoría son mujeres que se dedican a los oficios del hogar sin remuneración. A esto se suman jóvenes que ni estudian ni trabajan, personas con problemas de salud o jubiladas, y otro grupo que simplemente se cansó de buscar empleo.
De hecho, según Cedetrabajo, una de cada cinco personas en edad de trabajar está en situación laboral crítica. Es decir, más de 7 millones de colombianos están desempleados, subempleados o desalentados. Y la gran mayoría no tienen garantías.
Las mujeres cargan con el peso del sistema
Las brechas de género siguen siendo profundas. Mientras el 76,5% de los hombres participan en el mercado laboral, solo el 53,8% de las mujeres lo hace. Cuando se mide la ocupación efectiva, los hombres alcanzan el 70,4%, las mujeres solo el 46,5%.
Y el salario también es desigual: en promedio, las mujeres ganan 6,3% menos que los hombres, pero la brecha puede ser del 39,3% en zonas rurales o del 33,4% si se trata de trabajadoras de media jornada. Las mujeres con hijos menores de edad ganan, en promedio, $89 por cada $100 que recibe un hombre.
Los jóvenes: estudiar no garantiza empleo
El desempleo juvenil es 6,4 puntos más alto que el promedio nacional. Uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 28 años ni estudia ni trabaja. Y de los que logran trabajar, el 33,7% lo hace por cuenta propia, generalmente en condiciones informales, sin estabilidad ni derechos.
La transición de la educación al empleo formal está bloqueada. Y las políticas públicas no están logrando revertir esa tendencia.
El monstruo de la informalidad
El 56,8% de las personas ocupadas en Colombia están en condiciones de informalidad. Eso significa que no tienen seguridad social, estabilidad ni garantías laborales. En zonas rurales, la cifra sube al 85,7%.
El rebusque es la norma, no la excepción. En vez de trabajo digno, millones viven del «día a día»: ventas ambulantes, domicilios, oficios sin contrato, servicios por encargo. El sistema empuja a la mayoría a la inestabilidad.
OPS: tercerización oficializada
En el Estado colombiano, el 14,9% de los empleados trabaja bajo contratos de prestación de servicios (OPS). Son 161.767 personas que no tienen vacaciones, primas, estabilidad ni carrera administrativa.
En 2024, el gobierno firmó 207.459 contratos OPS por más de $7 billones. El 65,8% de esos contratos fueron a nivel territorial. Las entidades con más contratistas fueron el SENA (32.713 personas), el DANE (16.733) y el ICBF (8.795).
Aunque las mujeres representan el 54,8% de los contratistas OPS, solo el 35,8% de los contratos superiores a $25 millones fueron para ellas. La brecha de género también está en el Estado.
Las consecuencias de este modelo
El informe es contundente: la contratación por OPS precariza al trabajador, debilita las instituciones y favorece la opacidad. La alta rotación, la ausencia de garantías y la falta de controles favorecen el clientelismo y la corrupción.
No solo se afecta la vida de quien trabaja. También se deteriora la calidad del servicio público. La tercerización masiva es un obstáculo para construir un Estado moderno y eficiente, concluye el documento.
¿Soluciones?
Cedetrabajo propone una transformación profunda. No se trata solo de generar más empleos, sino de recuperar la industria, fomentar el emprendimiento con derechos, reducir las brechas de acceso y garantizar condiciones laborales justas para mujeres, jóvenes y trabajadores rurales.
El informe no se queda en diagnósticos. Miguel Ángel Rodríguez, director de Investigaciones de Cedetrabajo advierte que, sin cambios estructurales, el mercado laboral seguirá castigando a quienes más necesitan trabajar. Y eso, en un país con 7 millones de personas en situación laboral crítica, no es una alerta: es una sentencia.
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