Defensoría exige medidas para frenar la violencia en Barranquilla
- Acta Diurna
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La situación de orden público en Barranquilla y su área metropolitana ha alcanzado un punto crítico. Tras un devastador cierre del mes de junio que dejó un saldo de 25 homicidios en un solo fin de semana, la Defensoría del Pueblo emitió un enérgico llamado de auxilio a las autoridades locales y a la Fuerza Pública. El organismo exige la implementación inmediata de medidas urgentes y articuladas para frenar una escalada delictiva que ya no solo cobra vidas, sino que mantiene bajo terror la economía y la rutina de los ciudadanos.
De acuerdo con el reporte de la Defensoría, la violenta racha de asesinatos responde a una cruenta disputa por el control territorial entre tres estructuras delincuenciales: 'Los Pepes', 'Los Costeños' y una facción de estos últimos autodenominada 'Los del Freseo' o 'La Nueva Generación'.
Esta guerra interna y externa entre bandas no se ha quedado en las sombras. En los últimos días, la circulación masiva de panfletos y videos amenazantes, sumada a hostigamientos directos y restricciones ilegales a la movilidad, ha sembrado el pánico en la población civil.
El impacto más visible de este fenómeno se vive en el sector productivo. Zonas estratégicas de la capital del Atlántico, principalmente el Centro de la ciudad y populosos barrios del suroriente y suroccidente, registran un cierre sostenido de locales comerciales. Los comerciantes, asfixiados por el miedo y las extorsiones, han preferido bajar sus persianas antes de convertirse en la siguiente estadística de la violencia.
Una tragedia advertida
Para el Ministerio Público, lo que ocurre hoy en las calles de la arenosa no es una sorpresa. La entidad recordó que mediante la Alerta Temprana 022 de 2023 —un mecanismo oficial de prevención que advierte situaciones de riesgo para los derechos humanos— ya se habían diagnosticado estas dinámicas de violencia urbana.
En dicho documento se documentó con antelación el incremento de homicidios, las preocupantes tasas de feminicidios y un flagelo recurrente: el uso e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de las redes criminales. Asimismo, la Defensoría denunció que persisten los homicidios contra motocarristas, la desaparición forzada de jóvenes, el desplazamiento urbano y las amenazas constantes contra líderes sociales y comunales que intentan defender sus territorios.
El llamado de la Defensoría: articulación o fracaso
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo dividió sus exigencias en dos frentes urgentes:
A los grupos criminales: Les exigió de manera tajante excluir por completo a la población civil de sus disputas armadas y cesar de inmediato las amenazas y extorsiones que vulneran los derechos humanos.
A las administraciones locales y la Fuerza Pública: Solicitó a la Alcaldía Distrital de Barranquilla y a las alcaldías municipales del área metropolitana diseñar un plan integral de mitigación que sea sostenible y verificable en el tiempo.
"Las autoridades territoriales competentes deben fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la estructuración de un plan integral de mitigación frente a la situación de violencia que enfrenta el departamento del Atlántico", puntualizó la Defensoría.
La ciudadanía de Barranquilla espera ahora que el incremento en los patrullajes de la Fuerza Pública se traduzca en resultados reales y que los anuncios institucionales devuelvan la tranquilidad a las calles y la reactivación segura del comercio local.
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