DefensorÃa advierte a De la Espriella sobre riesgos para periodistas, paz y DD.HH.
- Acta Diurna
- hace 1 dÃa
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A escasos dÃas de la posesión presidencial prevista para este 7 de agosto, la defensora del Pueblo, Iris MarÃn Ortiz, dirigió una misiva preventiva de diez páginas al presidente electo, Abelardo De La Espriella. En el documento, el órgano de control detalló una serie de preocupaciones en materia de garantÃas constitucionales y exhortó al nuevo gobierno a evaluar los impactos de varias de sus propuestas en la libertad de expresión, la protesta social, la oposición polÃtica y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
La comunicación busca entablar un canal de trabajo institucional y preventivo para evitar decisiones de carácter regresivo en materia de derechos fundamentales.
Libertad de prensa y cuestionamientos a la UNP
Uno de los puntos centrales de la advertencia es el respeto al libre ejercicio del periodismo. La DefensorÃa cuestionó las posturas públicas de De La Espriella en las que catalogaba la labor informativa diferenciando entre auténticos periodistas y activistas.
"Al presidente de la República le corresponde proteger a todas las personas que ejercen el periodismo, incluidos quienes critiquen su gestión. No le corresponde al Ejecutivo calificar quién es o no periodista", enfatizó la defensora Iris MarÃn.
Asimismo, la entidad manifestó su inquietud por la designación de Didier Lobo como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). MarÃn solicitó reconsiderar dicho nombramiento tras señalar publicaciones pasadas con expresiones estigmatizantes hacia medios, periodistas y sectores opositores. La DefensorÃa recordó que la UNP debe actuar con absoluta imparcialidad para salvaguardar a lÃderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Protesta social y rol de la Fuerza Pública
En materia de orden público, la DefensorÃa alertó sobre la intención del gobierno entrante de derogar el Decreto 003 de 2021 y retornar al modelo tradicional del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
La entidad recordó que dicho decreto no solo regula la actuación de la Fuerza Pública en manifestaciones, sino que fue producto de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia para garantizar el derecho a la protesta social pacÃfica, por lo que desmantelar dicho marco regulatorio podrÃa comprometer los estándares internacionales de derechos humanos.
GarantÃas para la oposición polÃtica
Frente a la relación con los sectores contradictores, la carta calificó como "infundadas" y potencialmente peligrosas las advertencias hechas por el mandatario electo a figuras de la oposición, entre ellas el senador Iván Cepeda, a quien solicitó "no estimular la violencia ni sembrar terror".
Según la DefensorÃa, este tipo de discursos genera riesgos de estigmatización contra la oposición polÃtica en un contexto polarization social, por lo que instó a brindar garantÃas inequÃvocas de participación y seguridad para todas las colectividades.
Paz, institucionalidad y derechos étnicos
El documento abordó también tres frentes institucionales de alto impacto:
Acuerdo de Paz y ConsejerÃa de DD. HH.: Frente al anuncio de eliminar la ConsejerÃa Presidencial para los Derechos Humanos y la reestructuración de instancias de paz, la DefensorÃa advirtió que desacelerar la implementación del Acuerdo Final resulta "desaconsejable constitucionalmente" y pidió un plan público de transición que no interrumpa los programas vigentes.
Derechos Territoriales Étnicos: La entidad pidió no adoptar medidas regresivas frente a la consolidación de las Entidades Territoriales IndÃgenas (ETI) ni vulnerar el derecho a la consulta previa comunitaria.
Sector Educativo: Cuestionó las posturas expresadas por la designada ministra de Educación, Viviane Morales, e instó a que las convicciones religiosas personales de los funcionarios no interfieran con la garantÃa plena de los derechos dentro del sistema educativo.
Diálogo constitucional y vigilancia institucional
La defensora Iris MarÃn reiteró que, si bien el nuevo jefe de Estado cuenta con la facultad discrecional para organizar el marco ejecutivo de su administración, toda decisión debe enmarcarse en la Carta PolÃtica de 1991. Para tal fin, la DefensorÃa propuso la instalación de una mesa de trabajo permanente con el gabinete entrante para hacer seguimiento preventivo a los temas señalados.