De la Espriella le apuesta a asfixiar el Acuerdo de Paz
- Acta Diurna
- hace 2 días
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El presidente electo de Colombia aún no se ha posesionado formalmente en la Casa de Nariño, pero ya ha elegido su primer campo de batalla. A través de anuncios en sus redes sociales, el político de ultraderecha ha dejado claro que su estrategia para desmantelar los compromisos de paz del país no requerirá, de momento, complejas reformas de ley: le bastará con cerrar el grifo del dinero.
A mediados de julio de 2026, De la Espriella confirmó mediante una transmisión en vivo la eliminación por decreto de 229 cargos dentro de la Presidencia. Esta reestructuración implica la desaparición de dos pilares clave: la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
Aunque el mandatario electo justificó la medida bajo una narrativa de ahorro fiscal —estimando un recorte de unos 10.000 millones de pesos anuales que supuestamente irán a programas directos para la ciudadanía—, el impacto político real apunta directamente a la línea de flotación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las antiguas FARC.
La JEP en la mira: una reducción del 90%
El frente que más alarmas ha encendido es el plan de recortar de manera drástica los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La propuesta de De la Espriella contempla reducir el presupuesto del tribunal transicional en un 90%.
Actualmente, la JEP opera con $739.000 millones anuales, ejecutando casi la totalidad de sus recursos (un 99,3% en 2025) en sostener diez macrocasos de investigación contra excombatientes de las FARC y militares, además de financiar sanciones restaurativas. De aplicarse el tijeretazo, la entidad se quedaría con apenas 74.000 millones de pesos, una cifra que los expertos consideran inviable para su funcionamiento básico.
Ante este panorama, figuras clave y defensores del acuerdo han alzado la voz: Humberto de la Calle (exjefe negociador de paz) cuestionó públicamente qué sucederá con los miles de procesos abiertos contra militares y exguerrilleros si se inhabilita el tribunal: «¿Pasarlos a la justicia ordinaria? ¿Con cuáles penas?», advirtió. Por su parte, Alejandro Ramelli (presidente de la JEP) solicitó formalmente un encuentro presencial con el mandatario electo para discutir la viabilidad técnica y legal del organismo.
La asfixia silenciosa de las instituciones satélite
La estrategia fiscal de la nueva administración no se limita a los organismos judiciales. Un documento filtrado de su equipo de empalme detalla planes para fusionar o eliminar diversas agencias que garantizan los derechos y la seguridad en los territorios rurales:
Unidad Nacional de Protección (UNP): Encargada de los esquemas de seguridad de líderes sociales y firmantes de paz.
Agencia para la Reincorporación: Vital para el desarrollo de proyectos productivos de excombatientes.
Unidad de Restitución de Tierras y Unidad de Víctimas: Entidades dedicadas a la reparación y devolución de predios despojados durante la guerra.
Por mandato constitucional, el Estado colombiano está obligado a respetar y cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz hasta el año 2030. Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recuerdan que De la Espriella no puede disolver estas entidades por simple decreto presidencial, ya que requeriría reformas en el Congreso. Sin embargo, vaciar las arcas de estas instituciones produce el mismo efecto práctico: una parálisis administrativa absoluta.
Un acuerdo que ya venía desfinanciado
El anuncio de estos recortes masivos llega en un momento de por sí crítico. Un informe reciente de la Contraloría General de la República reveló que entre 2017 y 2026 el Estado colombiano solo destinó 138,11 billones de pesos a la implementación de la paz, lo que representa apenas el 37% del total global que se necesita para cumplir lo pactado.
Investigadores académicos advierten que el desmonte presupuestal no exime al Estado de sus obligaciones legales, pero sí destruye su capacidad operativa. La falta de presencia estatal y el desamparo de los proyectos económicos en las regiones rurales podrían enviar un mensaje de abandono histórico, facilitando que los grupos al margen de la ley retomen el control social y territorial de las zonas prioritarias para el posconflicto.
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