Por: Jorge Vergara C.
Comenzó la discusión sobre la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que en su campaña política propuso recaudar impuestos para el año 2023, de $50 billones. Terminó presentando una reforma que aspiraba recaudar $25.9 billones, pero que al fin y al cabo será del orden de $25 billones, al decidir no gravar a las zonas de frontera.
La propuesta como todas las que tocan el bolsillo de los contribuyentes, conlleva a posiciones encontradas, unos apoyándola y otros rechazándola. Esta no iba a ser la excepción, y por ello, antes de discutirse en el Congreso de la República, los gremios económicos aprovecharon en sus asambleas anuales la ocasión para invitar al presidente Petro, y presentarle sus críticas al proyecto de ley por él presentado al Congreso.
La ANDI, en cabeza de su presidente Bruce Mac Master, le manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta de reforma, al considerarla leonina para los empresarios, ya que al sumar los distintos impuestos (renta, dividendos, y ganancias ocasionales) la tasa impositiva será del 64%, y para el sector minero del 87%. Esta posición ha sido respaldada por los otros gremios y ratificada en Barranquilla la semana pasada, ciudad donde se dio inició a la socialización de la reforma en el país, en un Foro presidido por el senador Gustavo Bolívar, con la presencia del ministro Ocampo, el director de la DIAN Luís Carlos Reyes, los parlamentarios de la comisión tercera del senado, la gobernadora del Atlántico y el alcalde Jaime Pumarejo, con un lleno total del auditorio de la “fábrica de cultura”, en donde los representantes de los gremios contaron con tres minutos cada uno, para exponer sus preocupaciones en torno a la reforma. Cada uno pidió que revisaran su caso y no los gravaran o modificaran la tasa fijada.
A partir de esta semana se iniciará el debate en las Comisiones económicas del Congreso, esperando se dé un fuerte debate, con argumentos a favor y en contra que conlleven a una decisión acertada. No dudamos que los empresarios, como siempre acostumbran, presionarán a sus parlamentarios amigos (los que financian) para que defiendan sus intereses, y les mantengan los privilegios que han usufructuado por años, y por supuesto que no quieren perder. Los parlamentarios, como el mismo gobierno, tendrán la presión de los principales medios de comunicación del país, ya lo han venido haciendo con sus editoriales y columnistas de cabecera. Su interés es no pagar más impuestos, y mantener las excepciones, deducciones y privilegios que le otorgaron gobiernos financiados por ellos. Ante ello, el gobierno y los ciudadanos que no tienen vocería se preguntan: ¿de dónde saldrá la plata, si los que tienen, no quieren pagar?.
Para entender la problemática, veamos qué es lo que pretende el gobierno y cuáles son las objeciones que se hacen por parte de los gremios y por parte de las personas naturales que serían gravadas con impuestos.
De dónde pretende el gobierno obtener $25 billones:
En síntesis, es lo que espera el gobierno que le apruebe el Congreso, para destinar esos recursos a obras de infraestructura y programas socioeconómicos en el 2023.
Antes de entrarnos en las observaciones hechas por los gremios, que pretenden una reforma de $8 billones, es importante tener en cuenta que nuestro país tiene uno de los recaudos de impuestos con relación al PIB, de los más bajos del mundo. Nosotros solo recaudamos el 14.7% del PIB de 2021 ($1177 billones), cuando los países de la OCDE recaudan el 35%, y los de Latinoamérica el 20%, Estados Unidos el 25.5%, y España el 37%.
¿A qué se debe este desfase? A las exenciones, deducciones, bienes excluidos, a la "seguridad inversionista", a tasas privilegiadas a sectores económicos (Zonas Francas, Economía naranja, construcción de hoteles) a la evasión – elusión tributaria y al contrabando. De acuerdo al mismo gobierno estos privilegios nos cuestan a los colombianos aproximadamente $85 billones, por los privilegios y entre $40 y $80, la evasión-elusión y el contrabando. Si suponemos que por evasión-elusión y contrabando dejamos de recaudar $65 billones, más los $85 billones de privilegios, tendríamos un recaudo de $150 billones, 6 veces la reforma propuesta de $25 billones.
Si a lo anterior le agregamos el dinero que se roban en la ejecución del presupuesto según la Contraloría General de la República de $50 billones, pagando unos sobrecostos por las obras de infraestructura contratadas y por la adquisición de materiales e insumos para la administración, tenemos que, en total entre el recaudo de impuestos y el despilfarro en gastos, la suma de $200 billones, 8 veces, la reforma propuesta.
Desde el punto de vista teórico, Colombia no necesitaría una nueva reforma tributaria porque de eliminarse los privilegios, controlar la evasión-elusión, el contrabando y la corrupción tendríamos $200 billones adicionales al posible recaudo del 2022, que se estima en $202 billones, tendríamos ingresos por $402 billones, un 34%, del PIB del 2021 ($1177) ,suficiente para cubrir el déficit fiscal de $94 billones (8% del PIB 2021), pagar parte de la deuda externa, otorgar una pensión de un SMLV a los 4.8 millones de adultos mayores de 65 años que no reciben pensión, y por supuesto las obras de infraestructura que necesita el país, y la revolución social en educación, salud y vivienda. Pero esos ingresos, no son reales, es la ilusión que tenemos que algún día se llegue a esos niveles de recaudo, que servirían para bajarle los impuestos a las empresas, disminuir los niveles de pobreza, generar empleo bien remunerado, acabar con la informalidad, garantizar una educación gratuita desde preescolar hasta la universidad, brindar un servicio de salud de calidad, dotar al país de la infraestructura necesaria para nuestro desarrollo, conectando las zonas rurales con las grandes ciudades, mejorar los programas de vivienda, y mejorar la distribución del ingreso.
La realidad es la que estamos viviendo, nuestros recaudos tributarios no son suficientes para lograr lo anteriormente descrito, recaudaremos este año posiblemente $202 billones, un 17%, del PIB cifra que no es suficiente para cubrir el déficit fiscal, ni para pagar la deuda externa y mucho menos para lograr mejorar los indicadores sociales, y la infraestructura del país. Justamente por ello, se necesita aprobar la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, y que su administración tome las medidas pertinentes para disminuir la evasión-elusión y el contrabando, así como ir eliminando prudencialmente los privilegios que tienen ciertos sectores empresariales.
No hay una reforma tributaria en el mundo, que no tenga oposición. A la gente no le gusta pagar impuestos, pero sí que el gobierno haga las obras y resuelva los problemas sociales. Pero las fuentes de ingreso de los gobiernos son los impuestos que pagan las empresas y sus ciudadanos y las utilidades que registren sus empresas, y por supuesto el endeudamiento interno y externo, pero que para pagarlo se necesita recaudar impuestos. También contribuye disminuir el gasto de funcionamiento del gobierno.
Ante el grado de corrupción reconocido en el país, muchos se basan en ello para afirmar erróneamente que para que pagar impuesto si se los roban. Incluso dicen “en Medellín se pagan los impuestos porque solo se roban el 10%”. Ese no puede seguir siendo el pensamiento de los colombianos, se eligió a un presidente que se comprometió a luchar contra la corrupción, creamos en sus promesas y empecemos a pensar distinto, y creer que si es posible manejar los dineros públicos con pulcritud porque son sagrados.
La política tributaria es una de las principales herramientas para distribuir la riqueza, y esta se logra con una reforma tributaria progresiva, que grave a quién más tiene y que evite la evasión-elusión de los impuestos. Eso es lo que dice la teoría, que debe ser la tributación progresiva, y para ello debe basarse más en la tributación directa, que, si bien aparentemente no se puede trasladar, si es posible que se presenten casos de empresas que le trasladan parte de su impuesto directo (renta) a sus compradores con un mayor precio (especialmente si son empresas oligopólicas) o a sus trabajadores, pagándoles un salario por debajo de su productividad. La realidad en Colombia por el facilismo, es que la tributación descansa más en los impuestos indirectos (IVA), porque son más fáciles de recaudar, aunque la evasión en el país, es alta en este rubro. Eso hace que en la práctica las reformas tributarias discutidas en los últimos 20 años sean regresivas porque la mayor fuente de ingresos es el IVA. ¿Porque es regresiva? porque paga lo mismo una persona que vive del rebusque, que una que tiene altos ingresos. No es lo mismo un $1 que pague un pobre, a que lo pague un rico, para el pobre ese peso es importante y le faltará para adquirir otros bienes, para el rico es indiferente.
Durante el año 2021, el recaudo fue:
Solo el IVA representó el 22% del recaudo en el año 2021. Si incluimos los otros impuestos indirectos, más los directos trasladados, los impuestos indirectos son superiores al 60% de los tributos, lo que hace nuestro sistema tributario muy regresivo.
Vale destacar el trabajo de la DIAN, durante su gestión en el año 2021, dado que la entidad logró con su trabajo y fiscalización recuperar $24.2 billones, mediante la visita que le hiciera a un número cercano a 80.000 contribuyentes, y a la recuperación de cartera y control al contrabando apoyado por la Fiscalía, Policía y gobernaciones. Lo que indica que si es posible que la DIAN pueda en el año 2022 y 2023 seguir recuperando parte de los impuestos que se evaden o eluden o por el contrabando.
En el reciente Foro Tributario realizado en Barranquilla, se le pidió al director de la DIAN que se concentrara en cambiar la imagen negativa que tienen los colombianos sobre esa Institución, a la cual consideran como “la más corrupta del país”. Incluso hay chistes sobre esa entidad “es que aquí también pagan sueldo”
José Ocampo y Luís Carlos Reyes, en una entrevista en el periódico La República del 29 de agosto, afirmaron que la evasión y elusión se acercaría a los $65 billones anuales, ya que las estimaciones apuntan entre $40 y 80 billones. Por su parte Fedesarrollo, la estima en $68 billones, discriminada así: Por renta $40 billones, por IVA $15.3 billones y por persona natural $8.3 billones.
Los ataques a la reforma tributaria no han cesado por parte de los gremios y por supuesto de los medios de comunicación, como tampoco se ha iniciado a fondo el debate en las comisiones económicas del Congreso.
Esperamos, que esta primera parte del análisis de la reforma tributaria del actual gobierno les de luces para entender la política fiscal del país, y en especial de los dineros que dejamos de recaudar, como también la corrupción en el manejo de los dineros públicos, si esto se logra, me puedo dar por bien servido.