El balance del cuatrienio de Gustavo Petro
- Acta Diurna
- 5 ago
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Cuando el 7 de agosto de 2022 Gustavo Petro Urrego ascendió la escalinata de la Plaza de Bolívar portando la espada de Simón Bolívar, las expectativas de cambio en Colombia alcanzaron su punto más alto en décadas. Por primera vez, las banderas de la izquierda progresista asumían el control del Ejecutivo central. Cuatro años después, al término de su mandato, la Colombia de 2026 presenta un balance contrastante: avances estructurales en materia social y rural que convivieron con un marcado deterioro del orden público, crisis de gestión administrativa y tensiones en las cuentas públicas.
Las reformas que transformaron la agenda social
El mayor triunfo del Gobierno del Cambio no ocurrió en las plazas, sino en los pasillos del Congreso con la Reforma Pensional. Mediante un esquema de pilares, el gobierno logró corregir una distorsión histórica donde los subsidios estatales beneficiaban a las jubilaciones más altas. La entrega de un ingreso mínimo a más de dos millones de adultos mayores en condición de indigencia constituye la política redistribuida más sólida del período.
Paralelamente, en el campo colombiano se gestó una silenciosa transformación. Evitando la expropiación violenta y sentando en la mesa de negociación a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), el Ministerio de Agricultura formalizó y entregó más de un millón de hectáreas a familias campesinas e indígenas. Este avance dio un impulso real al Punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016.
En la escena global y ambiental, la administración demostró coherencia: la deforestación en la Amazonía colombiana cayó a mínimos históricos, e iniciativas como la Cumbre de Biodiversidad COP16 ratificaron a Colombia como un actor central de la diplomacia climática internacional.
La "Paz Total" y la encrucijada sanitaria
El punto de mayor fragilidad del mandato estuvo en la gestión de la seguridad. La ambiciosa estrategia de Paz Total —diseñada para negociar en paralelo con guerrillas políticas y bandas de crimen organizado— adoleció de rigor operacional. Los ceses al fuego unilaterales, concedidos sin mecanismos de verificación eficaces, permitieron que estructuras delictivas extendieran su presencia en varias zonas del país, incrementando la violencia en departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle.
El otro frente de desgaste fue el sector salud. Tras la parálisis legislativa de su proyecto inicial de reforma, el Ejecutivo optó por una vía de facto: la intervención administrativa de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS). El resultado fue un periodo de incertidumbre operativa, problemas en el suministro puntual de medicamentos especializados y un incremento en las acciones de tutela por parte de los usuarios.
La gestión del Estado: tensión fiscal y parálisis administrativa
En el frente económico, el gobierno entregó un país con indicadores de desempleo y pobreza monetaria controlados, pero aquejado por un evidente desequilibrio en las finanzas públicas. El incremento acelerado del gasto en nómina estatal coincidente con el estancamiento de los recaudos tributarios redujo el margen de maniobra fiscal para la siguiente administración.
A esto se sumó la inestabilidad del gabinete. La salida temprana de los perfiles técnicos moderados en 2023 derivó en una alta rotación ministerial que resintió la capacidad de ejecución de los presupuestos de inversión. La gestión se vio salpicada por graves controversias éticas y de corrupción, entre las que destaca el esquema de contratación en la UNGRD.
El veredicto
Gustavo Petro concluye su mandato habiendo demostrado que la izquierda puede gobernar Colombia dentro del marco constitucional y democrático. Sin embargo, su cuatrienio dejó al descubierto la brecha existente entre la retórica de la transformación social y las exigencias de la gestión pública.
Su legado perdurará en la nueva arquitectura de las pensiones, el acceso ampliado a la educación y la democratización de la tierra en la economía rural. No obstante, el costo socioeconómico de una paz desarticulada y de un sistema de salud bajo presión serán los primeros desafíos que el nuevo gobierno deberá atender desde el 7 de agosto de 2026.
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