Continúa la incertidumbre sobre la consulta del Frente por la Vida

La carrera electoral hacia la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo, ha quedado atrapada en un complejo nudo institucional dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que debía ser una decisión de trámite sobre la validez de la candidatura del senador Iván Cepeda se ha transformado en un drama de mayor calado jurídico tras el virtual empate en la sala plena y la posterior renuncia de una de las fichas clave para destrabar el proceso.

El lunes pasado, el ambiente en el CNE era de máxima tensión. Los nueve magistrados se reunieron con un objetivo claro: votar la ponencia que buscaba dejar en firme la aspiración de Cepeda. Sin embargo, la deliberación evidenció una fractura irreconciliable en el tribunal. Para que cualquier decisión sea vinculante, la norma exige una mayoría calificada de seis votos; una cifra que resultó inalcanzable.

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El bloque opositor a la candidatura estuvo liderado por los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Maritza Martínez y Cristian Quiroz. Este grupo de cinco juristas se mantuvo firme en la tesis de rechazar la participación del senador en la consulta de la izquierda. En la otra orilla, los magistrados Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Altus Baquero defendieron la permanencia de Cepeda, sumando apenas cuatro apoyos. El resultado —un 5 contra 4— dejó al organismo en un "empate técnico" que, por ley, obliga a la intervención de conjueces externos.

En este escenario de parálisis, los nombres de Alejandro Felipe Sánchez y Manuel Antonio Avella aparecieron como los árbitros definitivos en su calidad de conjueces. No obstante, la atención se centró de inmediato en Sánchez, un abogado de la Universidad de Nariño cuya trayectoria ha estado marcada por casos de alto perfil, incluyendo la defensa del polémico contratista Emilio Tapia en el escándalo de Centros Poblados.

Sánchez no esperó a que el fragor político lo alcanzara. En la madrugada de este martes, antes de que el Pacto Histórico pudiera radicar una recusación formal en su contra, el abogado presentó de motu propio un manifiesto de impedimento. La razón es de un peso simbólico y legal innegable: Sánchez reconoció haber formado parte del equipo jurídico que defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso penal que lo enfrenta, precisamente, con Iván Cepeda.

Sánchez explicó que durante el último año prestó servicios profesionales a la Corporación Centro Democrático específicamente para la causa de Uribe. El abogado argumentó que su imparcialidad podría verse comprometida, dado que Cepeda es no solo la contraparte en dicho proceso judicial, sino un actor político cuya permanencia en la contienda electoral afecta directamente los intereses de la colectividad a la que él asesoró.

Esta decisión de Sánchez ha provocado un efecto dominó que profundiza la incertidumbre. Al declararse impedido, el proceso no solo pierde a uno de los conjueces encargados de romper el empate, sino que desarticula la pareja de conjueces que debía fallar junto a Manuel Antonio Avella, quien también arrastra cuestionamientos por su cercanía al Partido Liberal y al magistrado Benjamín Ortiz.

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El gran problema actual es que, con la salida voluntaria de Sánchez, la lista de conjueces vuelve a quedar incompleta para este caso específico. Hasta que el CNE no resuelva formalmente si acepta el impedimento de Sánchez y proceda a designar a un nuevo reemplazo mediante sorteo o designación interna, la decisión sobre si Iván Cepeda puede participar en la consulta del 8 de marzo permanece en un limbo absoluto.

Mientras el reloj electoral sigue su marcha, el Frente por la Vida observa con preocupación cómo la burocracia y los conflictos de interés de los árbitros mantienen en vilo la estrategia de la coalición de izquierda, a pocos días de que venza el plazo de inscripción de candidatos de las consultas para definir los candidatos presidenciales.