´Castor´ pide a De la Espriella mesa de diálogo para sometimiento de Los Costeños

Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido en el panorama judicial como alias ‘Castor’ y jefe máximo de la banda criminal ‘Los Costeños’, ha sacudido el escenario político y de orden público en Colombia. A través de una carta formal fechada el 14 de julio de 2026, el cabecilla —hoy recluido en prisión— propuso el sometimiento colectivo de aproximadamente 2.000 integrantes de su organización criminal al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

La misiva, dirigida tanto al presidente electo como a su designado ministro de Justicia, Iván Cancino González, busca reactivar una salida jurídica para la organización tras la reciente parálisis de los diálogos con la administración saliente.

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Un movimiento estratégico

La sorpresiva propuesta de ‘Castor’ no es casualidad. Responde directamente a la línea dura trazada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026.

De la Espriella ha sido tajante al advertir que los grupos al margen de la ley tendrán un plazo estricto de un mes, una vez inicie su mandato, para demostrar una voluntad real de desarme y someterse a la justicia ordinaria. Bajo su doctrina, no habrá espacio para negociaciones de carácter político ni estatus especial para bandas delincuenciales urbanas: el único camino viable es la sumisión al código penal.

Esta postura aceleró el accionar del equipo jurídico de ‘Los Costeños’. Apenas unos días antes, el 8 de julio de 2026, el gobierno saliente notificó la suspensión definitiva del Espacio de Conversación Socio Jurídico de paz urbana que operaba en Barranquilla. Ante el inminente vacío y la advertencia de mano dura del nuevo gobierno, ‘Castor’ decidió mover su primera ficha jurídica.

"He cumplido con creces": el balance de alias 'Castor'

En el texto de la carta, el líder de 'Los Costeños' argumenta que su grupo ya ha dado muestras contundentes de querer transitar hacia la legalidad, afirmando textualmente que ha "cumplido con creces" los compromisos de desescalamiento de la violencia en el departamento del Atlántico. Para sustentarlo, el jefe criminal presentó el siguiente balance de gestos de buena voluntad:

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• Pactos de no agresión: El impulso de treguas carcelarias con bandas rivales, de manera notable con Digno Palomino, jefe de 'Los Pepes', lo que redujo de forma significativa los homicidios en Barranquillaafinales de 2025.

  
  

• Entrega de armamento: La entrega voluntaria a la Fiscalía General de la Nación de 60 armas de fuego.

  
  

• Cese de hostilidades: La suspensión de extorsiones en sus zonas de control, la eliminación de las llamadas "fronteras invisibles" en los barrios periféricos y la orden explícita a sus hombres de no atacar a los miembros de la Fuerza Pública.

  
  

• Colaboración judicial: El aporte de información clave que, según él, ayudó a la Fiscalía a esclarecer más de 140 homicidios y múltiples delitos en el área metropolitana de Barranquilla y Bucaramanga.

Alias ‘Castor’ purga actualmente una condena de más de 26 años de cárcel tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó su responsabilidad individual en por lo menos 95 homicidios perpetrados entre los años 2014 y 2024.

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El marco legal que busca la organización

La defensa del cabecilla pretende que este proceso de sometimiento colectivo se encuadre bajo los lineamientos de la Ley 2272 de 2022 (que define el tratamiento para las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto) combinada con mecanismos inspirados en la Ley de Justicia y Paz.

A la par de esta solicitud, el ambiente criminal en el Caribe vive un momento de enorme expectativa. Otros jefes del hampa de la región, como Digno José Palomino y Aldair Montenegro, cabecillas de 'Los Pepes' (rivales históricos de 'Los Costeños'), también han manifestado en días recientes su intención de acogerse a diálogos con el nuevo gobierno. La última palabra la tendrá el gobierno de Abelardo De la Espriella a partir del 7 de agosto. El país estará atento a ver si el nuevo mandatario opta por habilitar esta vía jurídica colectiva para desmantelar a una de las redes criminales más temidas del norte del país, o si, por el contrario, mantiene la vía de la persecución penal ordinaria sin concesiones especiales.