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El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto 0639 del 11 de junio de 2025 por medio del cual convoca a una consulta popular nacional que se realizará el 7 de agosto. La jornada busca que los ciudadanos se pronuncien sobre una serie de preguntas de trascendencia nacional relacionadas con derechos laborales. “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X. Lea también: Arranca el último debate sobre la reforma laboral en el Senado El Decreto establece en su artículo primero que se convoca “al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día siete (7) de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional”. En el texto también se indica que, conforme al artículo 34 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, “desde que entre en vigencia el presente decreto y hasta el 6 de agosto de 2025, se podrá realizar campaña a favor, en contra o por la abstención de la consulta popular”. La fecha escogida, que cae en jueves, no coincide con ninguna otra jornada electoral, en cumplimiento del artículo 104 de la Constitución Política. El decreto fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión. En el documento, el Gobierno argumenta que la decisión del Senado de la República de emitir concepto desfavorable frente a la consulta —tomada el 14 de mayo de 2025 con 49 votos en contra y 47 a favor— adolece de vicios de procedimiento y es contraria a la Constitución, razón por la cual fue inaplicada mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad. “El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, explicó al Senado (...) que la consulta popular resultaba imperiosa ante la necesidad de acudir a todos los mecanismos institucionales democráticos disponibles en nuestro sistema constitucional para asegurar que se dé cumplimiento al mandato popular expresado mediante la elección presidencial ocurrida en junio de 2022”, señala el decreto. El Gobierno sostiene que durante la sesión del Senado no se dio lectura a la proposición sometida a votación, se cerró el proceso de votación de manera intempestiva, se permitió la modificación de un voto después de cerrado el registro y se ignoró una apelación presentada durante el trámite parlamentario. “El caos y la confusión que generó el apresurado llamado a la votación sin que previamente se hubiera dado lectura de la proposición muestra la trascendencia de este requisito y la entidad del vicio”, se lee en el documento. El decreto sostiene que se incurrió en un “manifiesto desconocimiento de las garantías fundamentales de los congresistas y de los ciudadanos a quienes representan”, lo que justifica la inaplicación del acto legislativo. Lea también: Gobierno desistiría de Consulta por decreto si se llega a un acuerdo La consulta planteará 12 preguntas enfocadas en la recuperación de derechos laborales, incluyendo aspectos relacionados con trabajadoras domésticas, campesinos, madres comunitarias, trabajadores informales y personas en situación de discapacidad, entre otros sectores. Petro reiteró en su mensaje que retirará el decreto si el Congreso aprueba positivamente los puntos contemplados en la consulta. “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo (…) sean respondidos positivamente por el Congreso”, escribió el mandatario. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la viabilidad y legalidad de la convocatoria. DATAIFX

Por: Nerio Luis Mejia La extensión territorial del departamento del Cesar, quizás sea la mejor argumentación que esgrimen quienes justifican el abandono en el cual se encuentran los municipios más distantes de su capital Valledupar, especialmente las poblaciones que se ubican al sur de la comarca. A los diferentes problemas de violencia que aquejan al departamento a consecuencia de la presencia de actores armados, le sumamos la fuerte sequía que amenaza los cultivos de maíz, yuca, frijol, entre otros, situación que no despierta la solidaridad de nuestros gobernantes vallenatos. Lea también: Hablar claro es el primer paso para transformar La Guajira La ausencia de precipitaciones lluviosas, solo son comparables con el abandono en el que nos encontramos los campesinos en el sur del cesar por parte de las distintas entidades gubernamentales de nuestro departamento, que quizás le presten mayor atención a la amputación de los dedos de una estatua, o posar de manera inmoral al frente de otra, que a la crisis por el fuerte verano que está acabando con nuestros cultivos. Es por ello que, ante la crisis generada por la sequía, y los problemas de orden público que nos afectan, es más que un acto de justicia soñar con la creación de un nuevo departamento, en el que construyamos nuestro futuro al calor de las necesidades y las esperanzas, sin la dependencia o intervención de la élite gobernante vallenata, que se acuerdan de nuestra existencia, solo en tiempos electorales. Más que un deseo, de un puñado de cesarenses marginados por el poder de la capital “Valledupar”, adicional a ello, los factores climáticos deben constituirse en el mayor impulso para crear nuestra propia entidad administrativa, que esté cercana a la queja de los habitantes de este vasto territorio, el cual clama por ayuda, pero que su voz se pierde en la distancia, ante los oídos sordos de quienes tienen el compromiso y la obligación de velar por el bienestar de nuestra gente. La sequía que está acabando con los cultivos de pancoger en el sur del Cesar, también está sembrando las esperanzas de ver florecer en esta tierra, la creación de un nuevo departamento, dirigido por gobernantes locales, quienes tengan el privilegio y el compromiso, no solo de conocer nuestras necesidades, también disfrutaran de las potencialidades que nos brinda la posición geográfica privilegiada de la que goza el sur. Lea también: 20 mil damnificados por inundaciones en Bosconia, Cesar El verano pasará, la llegada del invierno será inminente, sin embargo, las pérdidas económicas que afecta a nuestra débil economía campesina, nos acompañará por un largo periodo de tiempo, pero lo que quizás muchos olvidan es que el campo en Colombia tiene memoria, la misma que nos permite recordar que las elecciones se acercan, y quizás le podamos ilustrar, a quienes vienen de Valledupar en busca de nuestros votos, la existente desconexión del sur del departamento con la capital gloriosa de los acordeones. Los campesinos del sur del Cesar hoy clamamos por lluvias, como a la vez extendemos nuestro desesperado llamado al Gobierno nacional, para que se cree una comisión por parte del ministerio de agricultura y se evalúe la magnitud de las pérdidas de cosechas que tienen en vilo el abastecimiento de granos a gran parte de la región, invitación extensiva a la gobernación del cesar y por fin se pueda conectar con la voz de los campesinos del sur del departamento.

«El zurdo de Oro de Colombia», José Quintana, volverá al montículo este jueves 12 de junio, cuando los Milwaukee Brewers enfrenten a los St. Louis Cardinals, a partir de las 6:40 p.m. Se espera un duelo de alto nivel entre dos de los lanzadores más experimentados de las Grandes Ligas, con el bolivarense midiéndose ante Sonny Gray, estrella del equipo rival. El arjonero llega a esta apertura con un sólido desempeño en la temporada, acumulando un récord de 4 juegos ganados, 1 perdido y 3 sin decisión, con una efectividad de 2.66 en ocho aperturas. En su más reciente salida, el pasado viernes 7 de junio, lanzó cinco entradas completas en la victoria 4-3 de Milwaukee sobre los San Diego Padres. Durante su actuación, permitió cinco imparables, una carrera limpia, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores, dejando el juego con ventaja parcial. A pesar de su buen desempeño, el bolivarense no se llevó la victoria debido a que el relevo de los Cerveceros permitió dos anotaciones en el noveno episodio antes de asegurar el triunfo. Sin embargo, su actuación sigue consolidándolo como una pieza clave en la rotación de Milwaukee, que mantiene un récord de 35-32 en la temporada y sigue en la lucha en la División Central de la Liga Americana, a cinco juegos y medio de Chicago Cubs.

La lluvia ácida es un fenómeno ambiental que, aunque menos mencionado en los titulares actuales que el cambio climático, continúa teniendo un impacto significativo en los ecosistemas, la salud humana y las infraestructuras. Esta no es un tipo especial de lluvia con propiedades ácidas visibles, sino una forma de precipitación que contiene ácidos disueltos, principalmente ácido sulfúrico (H₂SO₄) y ácido nítrico (HNO₃). Se produce cuando ciertos contaminantes atmosféricos, emitidos principalmente por actividades humanas, reaccionan con el vapor de agua en la atmósfera. Lea también: Ecocidios en Latinoamérica, una problemática en aumento Aunque el término más común es "lluvia ácida", esta forma de contaminación también puede manifestarse en forma de nieve, niebla o incluso partículas secas. Por ello, los científicos prefieren hablar de deposición ácida. ¿Cómo se forma la lluvia ácida? La formación de la lluvia ácida comienza con la emisión de gases contaminantes, especialmente dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NOₓ). Estos provienen principalmente de: -La quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) -Centrales térmicas y plantas industriales -Vehículos de motor -Procesos de fundición y otras actividades industriales Una vez en la atmósfera, estos gases reaccionan con el vapor de agua, oxígeno y otros compuestos químicos. Las reacciones químicas dan lugar a la formación de ácidos, que luego caen a la superficie terrestre disueltos en la lluvia u otras formas de precipitación. Impactos ambientales de la lluvia ácida La lluvia ácida tiene efectos devastadores en diversos niveles: -Ecosistemas acuáticos: Acidifica lagos y ríos, alterando el pH del agua y matando peces y otras formas de vida acuática. -Suelos y bosques: Destruye nutrientes esenciales en el suelo y daña las raíces de las plantas, afectando su crecimiento. -Infraestructuras y monumentos: Corroe materiales como el mármol, la piedra caliza y ciertos metales, deteriorando edificios históricos y estatuas. -Salud humana: Aunque no causa enfermedades directamente, la lluvia ácida agrava problemas respiratorios al aumentar la concentración de partículas finas en el aire. Lea también: El grave informe de Minambiente sobre la Ciénaga de Mallorquín ¿Cómo combatir la lluvia ácida? La lucha contra la lluvia ácida requiere acciones coordinadas a nivel individual, industrial y gubernamental. A continuación, se presentan algunas de las medidas más eficaces: 1. Reducir las emisiones de SO₂ y NOₓ -Uso de tecnologías de control de emisiones, como los desulfuradores en centrales eléctricas. -Promover vehículos eléctricos o híbridos y transporte público para disminuir las emisiones de óxidos de nitrógeno. -Sustitución del carbón por fuentes de energía más limpias como la solar, eólica o hidroeléctrica. 2. Transición hacia energías renovables -Fomentar la instalación de paneles solares y turbinas eólicas. -Incentivar el uso de biocombustibles y otras tecnologías sostenibles. 3. Regulación y acuerdos internacionales -Implementación de normativas ambientales estrictas, como las que se establecieron en el Protocolo de Gotemburgo o las directivas europeas sobre calidad del aire. -Fortalecer la cooperación entre países para reducir las emisiones transfronterizas. Lea también: El agua de lluvia ya no es potable ni en la Antártida 4. Educación y concienciación -Informar a la ciudadanía sobre cómo sus hábitos de consumo y transporte influyen en la calidad del aire. -Promover la participación activa en campañas ambientales y el consumo responsable de energía. La lluvia ácida es un recordatorio tangible de cómo nuestras actividades afectan al medio ambiente. Aunque en algunas regiones del mundo sus niveles han disminuido gracias a regulaciones más estrictas y avances tecnológicos, sigue siendo una amenaza real. Combatirla implica un esfuerzo colectivo y sostenido: desde cambios en las políticas energéticas hasta decisiones cotidianas como optar por medios de transporte sostenibles o reducir el consumo de electricidad. La buena noticia es que los conocimientos científicos y las herramientas tecnológicas necesarias ya existen. Ahora, más que nunca, es momento de actuar. NCYT

Por: Rodrigo López Oviedo Lo que queda del proyecto de reforma laboral que se presentó al Congreso está tan negativamente enmendado que es más propiamente una contrarreforma. Se esperaba que de la letra que finalmente sobreviviera a sus trámites emanara la recuperación de derechos otrora conculcados, como parecía que ocurriría, pero a los congresistas defensores del gran capital se les ocurrió introducirle al proyecto un artículo que autorizara la contratación por horas, con lo cual echaron por la borda, disimuladamente, todo lo que se había avanzado en cuanto a contratación a término indefinido, extensión laboral del día y la noche y derechos prestacionales y pensionales, entre otros aspectos. Lea también: ¿La resurrección de la Reforma Laboral es una farsa? Para subsanar estas deficiencias se creyó útil conminar al Senado con la amenaza de una consulta popular, pero se olvidó que para que esta pueda adelantarse se requiere del visto bueno de tal corporación, lo que convierte el derecho de participación ciudadana en letra muerta. De allí que pudieran hundirla mediante maniobras tan ostensibles que dieron para que la Senadora María José Pizarro interpusiera un recurso de apelación ante la presidencia del Senado, que no le fue atendido, seguido de una acción de tutela en busca de amparo a su derecho a que se le resolviera tal apelación, la cual prosperó. Todo lo anterior nos tiene, entonces, en circunstancias nunca antes vistas. Nos tiene ante una reforma laboral a punto de ser aprobada, pese al rechazo popular y del propio Gobierno que la presentó; ante una iniciativa de consulta popular ya vencida en términos y con un fallo de tutela que ordena atender la apelación de la senadora mencionada. Y otra consulta que saldrá por Decreto, cuya suerte final ha quedado en manos de las Altas Cortes por voluntad del Gobierno. ¿Qué quedará al final de todo ello? Muy seguramente una reforma con todos los visos de ser contraria al interés popular y una jurisprudencia que nos diga que no, que Petro no puede convocar al pueblo a que se exprese soberanamente, porque no ha contado con el visto bueno del Senado de la República. ¿Y todo por qué? Lea también: La votación del Congreso a la Consulta popular Todo porque en medio de las luchas no hemos intercalado una pedagogía que le haga saber y entender a nuestro pueblo que él es el que manda. Sí, que es el que manda, siempre y cuando esté dispuesto a dar el paso hacia uno de esos momentos de la historia en que las castas dominantes no puedan seguirlo gobernando como hasta entonces y él esté dispuesto a asumir el mando de la sociedad, independientemente de que lo autorice el Senado o lo digan las normas, las Cortes o las oligarquías. Ese será un momento revolucionario.

En medio de la discusión de la reforma laboral en la plenaria del Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, condicionó la no convocatoria de la consulta popular a que gobierno y congreso lleguen a acuerdos específicos sobre la reforma laboral como la mejora de las condiciones de los practicantes del Sena, el pago del 100% de los festivos y el pago de recargos después de las 6:00 de la tarde. Lea también: Bendetti pone condición al Senado para no decretar la Consulta popular En caso de llegarse a acordar esas condiciones entre el ejecutivo y el legislativo, el gobierno estaría dispuesto a ceder en su intención de sacar adelante la consulta popular por decreto. “Se podría pensar en que no hubiera consulta, en que no hubiera ‘decretazo’, como ustedes lo han llamado. Eso es lo que espera el país, pero para eso se necesitan dos partes y esta parte, que es el Gobierno, está lista”, declaró Benedetti.

El adolescente señalado de dispararle al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no aceptó los cargos por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Lea también: Atentado contra Miguel Uribe revive el fantasma de la violencia política Expertos en derecho penal explican que posiblemente el menor estaría buscando algún tipo de beneficio con la Fiscalía, como un principio de oportunidad, lo que permite obtener alivios jurídicos a cambio de información clave para la investigación. Se conoció también que el presunto sicario al parecer ya tenía anotaciones judiciales como supuesto cómplice en un homicidio y por el delito de hurto. Además de eso, Noticias Caracol reveló que a este adolescente le habrían ofrecido $20 millones de pesos por asesinar al senador del Centro Democrático, según dijo en la audiencia de este martes 10 de junio en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Sin embargo, llama la atención que el dinero iba a ser entregado después de cometer el delito, sin especificar la manera en que se realizaría el pago. “Los elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes permitieron establecer que habría aprovechado la multitud para disparar contra el senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático”, informó la Fiscalía. Lea también: ¿A quién le sirve el atentado contra Miguel Uribe Turbay? Finalizada la audiencia, el joven fue trasladado bajo un estricto esquema de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Si él es hallado culpable, estaría enfrentando una pena de hasta ocho años de prisión en un centro especializado.

La reciente decisión del Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) de suspender la regla fiscal en Colombia durante tres años ha encendido las alarmas en el sector empresarial. Varios gremios se han pronunciado en contra de la decisión advirtiendo que podría generar serios riesgos económicos, aumentar el déficit fiscal, encarecer el financiamiento, aumentar la deuda y debilitar la confianza de inversionistas y calificadoras internacionales. Lea también: Gobierno suspende la regla fiscal por tres años Desincentiva la inversión privada: ANDI Según la ANDI, con esta suspensión el déficit fiscal superaría el 7%, alcanzando niveles similares a los registrados durante la pandemia. En el contexto actual, donde la economía colombiana enfrenta desafíos como alta inflación, tasas de interés elevadas, bajo crecimiento del PIB y una inversión apenas en recuperación, la activación de la llamada “cláusula de escape” de la regla fiscal carece de justificación suficiente. Adicionalmente, la incertidumbre económica derivada de la suspensión de la regla fiscal podría desincentivar la inversión privada, reducir la confianza del consumidor e incluso generar presiones adicionales sobre la tasa de cambio. "Ajustar el gasto y actuar con austeridad": AmCham María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señaló: “Es una apuesta irresponsable con la economía del país. La activación de la cláusula de escape sin justificación destruye confianza”. Para la dirigente cuatro son los efectos de esa decisión para el país: - Sube el riesgo país. - Baja la calificación. -Encarece el financiamiento. - Mantiene alta la inflación. Agregó que “antes de romper las reglas, toca ajustar el gasto y actuar con austeridad”. Lea también: Confianza del consumidor en Colombia mejora en mayo Se aumentará el endeudamiento: Fenalco Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, precisó que “El gobierno se equivoca, nuevamente, suspende la regla fiscal para abrir la puerta al gasto desbordado. Es una pésima decisión que sin duda tendrá repercusiones muy negativas para todo el país. La verdadera causa del actual descuadre fiscal es el mal manejo de las finanzas públicas por parte del actual gobierno”. Sin la Regla Fiscal el gobierno tiene vía libre para gastar, y así aceitar la maquinaria, de cara a las elecciones del 2026. Este camino aumentará el endeudamiento, que ya supera el 60% del PIB, y dejará una bomba fiscal al próximo gobierno, dijo el dirigente. COLPRENSA

Un juzgado de Turbo, Antioquia, sentenció a Luciano Marín Arango, más conocido como alias Iván Márquez, a 40 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y asesinato del subteniente del Ejército Nacional, Wargner Harbey Tapias Torres. Lea también: Iván Márquez está vivo, “lúcido y consciente”: Comisionado de Paz La decisión judicial se fundamentó en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que lo señalaron como determinador de los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado, indicó en un comunicado el ente investigador la mañana del miércoles 11 de junio de 2025. Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 28 de mayo de 1997, cuando integrantes de las extintas Farc instalaron un retén ilegal en la vereda El Limón, en la vía que conecta Turbo con San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia. En ese lugar los guerrilleros detuvieron a los ocupantes de varios vehículos y, al identificar al subteniente Tapias Torres, lo retuvieron y trasladaron a un campamento donde permanecían otros secuestrados, entre ellos, el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri. El 5 de mayo de 2003, durante una operación aérea de las Fuerzas Militares que buscaba la liberación de los secuestrados, alias Iván Márquez, quien integraba el secretariado de las Farc, ordenó al cabecilla encargado del campamento ejecutar a los retenidos, incluyendo al subteniente Tapias Torres. Lea también: Audio demostraría que alias 'Iván Márquez' está vivo La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien sustentó la acusación con pruebas testimoniales, periciales y técnicas que acreditaron la responsabilidad de Márquez Marín Arango como determinador de los hechos. La jueza de conocimiento negó a Márquez los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en un centro carcelario.

Este martes 10 de junio, el Gobierno nacional decidió suspender la regla fiscal por tres años después de votar de manera positiva a la implementación de la ‘cláusula de escape’. La regla fiscal es un mecanismo de autodisciplina financiera adoptado por muchas economías en el mundo. En Colombia, fue establecida por la Ley 1473 de 2011 y reformada en 2021, con el propósito de fijar parámetros que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Lea también: PIB de Colombia superó los $1.70 billones en 2024 Así pues, tras una reunión realizada en las últimas horas con el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), que tenía por objetivo tratar diferentes temas relacionados con la macroeconomía del país y analizar la propuesta del Gobierno nacional de implementar la cláusula de escape, se adoptó una medida que nunca antes se había implementado en el país. Según la información revelada por el diario La República tras la reunión que se llevó a cabo en horas de la noche de ayer, el siguiente paso sería la realización de un consejo de ministros donde se finiquitaran los detalles de la decisión. El encuentro del Confis, contó con la participación del ministro Germán Ávila, la directora del DNP, Natalia Molina, el Consejero económico de la Presidencia de la República, los viceministros de Hacienda, los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de impuestos y Aduanas. Lea también: Recaudo tributario alcanzó $94,62 billones a abril de 2025 Detalles de la regla fiscal en Colombia La cláusula de escape de la regla fiscal es un mecanismo legal que permite al Gobierno nacional suspender temporalmente los límites fiscales establecidos en dicha regla, su implementación está ligada estrictamente a situaciones excepcionales. La implementación de la cláusula de escape surge en un contexto donde diferentes figuras de la economía colombiana alertan graves afectaciones como un aumento sin límites en la deuda del país. COLPRENSA

La confianza de los hogares colombianos mostró una mejoría en mayo de 2025, según la más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor elaborada por Fedesarrollo. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en -3,8 %, lo que representa un avance de 4,8 puntos porcentuales frente a abril (-8,6 %) y una recuperación de 10,3 puntos frente a mayo de 2024 (-14,1 %). Lea también: La inflación retrocedió a 5,05% en mayo De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, la mejora obedece a un repunte tanto en las expectativas económicas de los consumidores como en su percepción sobre las condiciones actuales. “El incremento en la confianza se debe a un aumento de 4,9 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor, y a un incremento de 4,7 puntos en el Índice de Condiciones Económicas”, señaló. El informe también muestra una evolución positiva en la confianza dentro de dos de los niveles socioeconómicos analizados. Además, cuatro de las cinco principales ciudades reflejaron un aumento en el optimismo de los consumidores frente al mes anterior. Otro dato relevante es que, comparado con abril, en mayo los colombianos mostraron una mayor disposición a comprar vivienda, vehículos y bienes durables, un indicador clave para anticipar el comportamiento del consumo en los próximos meses. Lea también: Asobancaria defiende avances del Pacto por el Crédito A pesar de que el índice general continúa en terreno negativo, los resultados reflejan una tendencia de recuperación gradual en la percepción de los consumidores sobre la economía del país. DATAIFX

Si bien el Senado resolvió suspender sus sesiones como gesto de solidaridad con el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay –víctima de un atentado en el occidente de Bogotá–, este martes el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda, anunció que a partir de este miércoles se reanudará la actividad legislativa y comenzarán el debate de la reforma laboral. El anuncio del congresista se da horas después de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien dejó entrever que insistiría en convocar su consulta popular por decreto ante la determinación del Senado de no sesionar. Lea también: Bendetti pone condición al Senado para no decretar la Consulta popular El jefe de Estado afirmó que la consulta popular (que ya tiene la firma de todos los ministros) “no tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir dos cosas diferentes”. Según el presidente, negarse a sesionar “significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”. No obstante, ante el ruido por la convocatoria del mecanismo, el presidente del Senado destacó que mañana arrancarán el debate a partir de las 8:30 de la mañana y que hay “total voluntad de las bancadas para sacar adelante una reforma laboral que le dé garantías a los trabajadores formales, pero que también tenga en cuenta los informales (...) y a los desempleados, a quienes no se les había dicho absolutamente nada”. Según Cepeda, hay un compromiso de las bancadas de trabajar “todo el día y la noche si es necesario con el compromiso de poder avanzar y posiblemente hasta dejar aprobada ya la reforma laboral para que vaya después camino a la conciliación con la Cámara de Representantes”. Además, el congresista reveló que, una vez surtido el debate de la reforma laboral, seguirán con la discusión de la consulta popular 2.0, que podría votarse este mismo jueves 12 de junio o a más tardar el lunes 16 de junio. Lea también: Los problemas de convocar la consulta popular por decreto Eso sí, Cepeda calificó como un “exabrupto total” que el jefe de Estado insista en convocar la consulta popular que hundió la plenaria hace cerca de un mes. “Esa consulta no cumplió con los requisitos, no se aprobó en la plenaria del Senado. No creo que en la autoridad electoral vaya a atreverse a llamar a un proceso electoral si no cumple con los requisitos legales, de manera que esa consulta no existe”. El anuncio del congresista se dio al término de una reunión con el procurador Gregorio Eljach, a quien voceros y directivas de nueve partidos independientes y de oposición le solicitaron que asuma el liderazgo de la Comisión para la Coordinación Nacional de Control Electoral, alegando que el Gobierno de Gustavo Petro no ofrece garantías. COLPRENSA