La Alcaldía Distrital de Barranquilla habilitó un centro de acopio permanente para brindar auxilio a las regiones impactadas por el movimiento telúrico de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto de 2026. Las ayudas se recibirán en la Carrera 43 # 6-120 y funcionará las 24 horas con el objetivo de recibir donaciones y coordinar el envío de ayuda humanitaria a las familias afectadas en los municipios más castigados por el sismo. Dentro de los insumos prioritarios solicitados están: Alimentos no perecederos y agua potable, insumos médicos y botiquines de primeros auxilios, productos de aseo personal y elementos para bebés, ropa en buen estado y colchonetas. Lea también: Colombia se declara en Desastre Nacional tras devastador terremoto La recepción, clasificación y embalaje de los suministros está bajo la supervisión de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, articulada con un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Puerta de Oro para el monitoreo contínuo de la coyuntura. Canales de atención y recomendaciones Las autoridades distritales hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma, evitar difundir rumores y canalizar cualquier informe o requerimiento a través de los canales oficiales:Línea de atención distrital: 195Línea de emergencias: 123

Por: Nerio Luis Mejía La mañana del 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un fuerte terremoto. El movimiento sísmico, con epicentro en San José del Palmar (departamento del Choco) y una intensidad de 7,4 grados en la escala de Richter, tuvo una profundidad de 96 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los informes dan cuenta de cientos de heridos, cuantiosas edificaciones dañadas y unas 169 víctimas mortales. Lea también: Colombia sufre el mayor sismo registrado en la última década Estas fuerzas de la naturaleza, que tanto temor suscitan, son el resultado directo de la dinámica de las placas tectónicas. Nos recuerdan que habitamos un planeta vivo, en constante transformación interna y externa. No se trata de "fuerzas del mal", sino de una liberación necesaria de energía que, al combinarse con la irresponsabilidad humana de construir sin estudios geológicos ni normas sísmicas, deviene en las tragedias que lamentamos. Más allá del impacto técnico —que aporta a la ciencia valiosos datos para comprender la actividad terrestre—, este tipo de fenómenos nos deja profundas enseñanzas a las personas de a pie: la vida es efímera y pende de un hilo que se rompe en cualquier instante. Ante el pánico, muchos se desprenden del apego material y corren a proteger lo que consideran esencial. Sin embargo, en medio del caos emergen contrastes éticos inquietantes. Un habitante de una de las ciudades afectadas relataba cómo, durante la evacuación de su edificio, observó con asombro a personas que salían con sus mascotas en brazos mientras dejaban atrás a adultos mayores o personas con discapacidad, quienes debían descender por sus propios medios. ¿En qué momento los valores de cuidado y empatía en la emergencia se fragmentaron de esta manera? Por otra parte, los sismos también muestran una faceta inesperadamente integradora. En medio de la zozobra, se caen las máscaras y las banalidades cotidianas: la gente sale a la calle sin los prejuicios del vestuario o la apariencia, dejando aflorar su naturaleza más genuina. El pánico borra por un momento el individualismo urbano y propicia el encuentro entre vecinos que, compartiendo el mismo techo durante años, jamás se habían dirigido la palabra. Lea también: Colombia se declara en Desastre Nacional tras devastador terremoto Las fuerzas de la naturaleza, más que terror, deberían conducirnos a una reflexión profunda sobre nuestro paso por el planeta y la urgencia de convivir en armonía con sus dinámicas. A pesar de su capacidad destructiva sobre la infraestructura humana, las crisis revelan la esencia de lo que somos y nos confrontan con una verdad ineludible: lo único que realmente importa es la vida y la solidaridad con quienes nos rodean.

El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia entregó una sorpresa positiva al cierre del séptimo mes del año. Según las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anualizada se desaceleró en julio hasta ubicarse en un 6,03%, superando las previsiones de los analistas e instituciones financieras, cuyos pronósticos apuntaban a un rango entre el 6,14% y el 6,30%. Esta reducción de 11 puntos básicos respecto al 6,14% observado en junio confirma que el proceso de convergencia inflacionaria, aunque pausado y complejo, mantiene su trayectoria descendente. En la variación mensual, los precios aumentaron apenas un 0,17%, una cifra notablemente menor al 0,28% registrado en el mismo mes de 2025. Lea también: EE.UU. aumenta al 12,5% el arancel para las exportaciones colombianas Alimentos y transporte alivian la presión El principal motor detrás del freno en los precios durante julio residió en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en el sector transporte. Los alimentos registraron un descenso mensual del -0,13%, impulsados por caídas sustanciales en productos agrícolas de consumo masivo como el plátano (-6,82%) y el tomate (-3,89%). Por su parte, el rubro de transporte retrocedió un -0,24% a nivel mensual, favorecido por una corrección estacional en las tarifas del transporte aéreo de pasajeros (-4,95%). A nivel de acumulado anual, la categoría de alimentos muestra un comportamiento del 5,82%, ubicándose por primera vez en varios meses por debajo del promedio nacional (6,03%). Este alivio es de vital importancia, pues reduce la presión sobre la canasta básica familiar y atenúa la pérdida de poder adquisitivo en los estratos de menores ingresos. "El dato de julio confirma que la desaceleración de la inflación no solo continúa, sino que vence los temores del mercado sobre un estancamiento en el rango del 6,2%. El alivio en alimentos es la clave para la estabilidad de los hogares más vulnerables", indicó el DANE. Arriendos y energía: la rigidez persistente A pesar del aliento en el indicador general, la estructura de la inflación colombiana evidencia rigideces estructurales preocupantes. La división de alojamiento, agua, electricidad y gas sigue consolidándose como el mayor contribuyente al costo de vida de los colombianos, aportando 1,68 puntos porcentuales al dato anual del 6,03% y registrando una inflación específica del 5,40%. En el plano mensual, los servicios de energía eléctrica sufrieron un incremento del 2,29%, acompañados por un alza del 2,86% en las expensas de copropiedad y arriendos. Este fenómeno obedece al efecto de indexación contractual que arrastra la economía, donde contratos de arrendamiento y tarifas de servicios públicos ajustan sus precios en función de la inflación causada del año previo, ralentizando la velocidad de desaceleración del IPC. Lea también: Usuarios han pagado $97 billones por cargo de confiabilidad Asimismo, los servicios fuera del hogar —reflejados en la categoría de restaurantes y hoteles con una tasa anual del 9,53%—, junto con la salud (8,37%) y la educación (7,57%), continúan operando con presiones de demanda e incrementos en costos operativos que se trasladan directamente al consumidor final. Comportamiento por ciudades y nivel de ingreso El reporte del DANE expone una brecha territorial y social significativa. En el mapa de las capitales, Medellín encabeza el costo de vida en el país con una inflación anual del 6,95%, impulsada por presiones en vivienda y servicios. En el extremo opuesto, la región Caribe mostró comportamientos más moderados: Riohacha registró el indicador más bajo del país con apenas un 3,60%, mientras que Barranquilla se posicionó como la cuarta ciudad con menor inflación, marcando un 5,04%. Por nivel socioeconómico, los resultados fueron los siguientes: Nivel Socioeconómico Inflación Anual (Jul) Brecha vs Promedio Hogares Pobres 5,81 % -0,22 % Hogares Vulnerables 5,90 % -0,13 % Promedio Nacional 6,03 % 0,00 % Clase Media 6,04 % +0,01 % Ingresos Altos 6,11 % +0,08 % Desde la perspectiva de los ingresos, la inflación golpeó con menor severidad a la población de menores recursos. Los hogares pobres experimentaron un IPC anual del 5,81% y los vulnerables un 5,90%, ambos por debajo de la media nacional. Esta dinámica positiva responde de forma directa a la moderación en el precio de los alimentos, que ponderan de manera más sustancial en la canasta familiar de los sectores populares. Lea también: Mujeres en los pequeños negocios: más iniciativa ganando menos Implicaciones para el Banco de la República El resultado del IPC de julio resulta determinante para la política monetaria. Al situarse por debajo del consenso de analistas (que anticipaban un piso del 6,14%), se fortalece la postura de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que defienden una aceleración en el ritmo de recorte de la tasa de interés de intervención. Con una inflación del 6,03% y las tasas de interés en niveles contractivos, la tasa de interés real de la economía colombiana continúa en un rango elevado, lo que ejerce un freno deliberado sobre la inversión pública y privada. La sorpresiva desaceleración de julio brinda la holgura requerida para considerar reducciones en los próximos trimestres, impulsando la reactivación económica sin comprometer la meta de inflación de largo plazo.

El potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio colombiano a las 07:34 a.m. de este lunes, ha dejado hasta ahora un saldo preliminar de 111 personas fallecidas, al menos 87 heridos y graves daños en la infraestructura del occidente del país. Frente a la gravedad de la situación, el presidente Abelardo de la Espriella formalizó la declaratoria de Estado de Desastre Nacional para agilizar la atención de la emergencia. Lea también: Colombia sufre el mayor sismo registrado en la última década Balance oficial de víctimas y afectación territorial En una alocución urgente transmitida a todo el país desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De la Espriella entregó el primer reporte oficial consolidado. De acuerdo con el jefe de Estado, los centros hospitalarios atienden a decenas de heridos, mientras las labores de rescate avanzan entre escombros en los sectores más afectados. Las autoridades advirtieron que las cifras son preliminares y podrían incrementarse significativamente en las próximas horas. El colapso de vías terrestres, la interrupción del fluido eléctrico y la caída de las redes de telefonía celular han dificultado el reporte actualizado desde municipios rurales en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Alcance de la Declaratoria de Desastre Nacional Ante la magnitud de los daños y la saturación de las capacidades operativas locales, el Ejecutivo decretó el Estado de Desastre Nacional. Esta herramienta jurídica y administrativa le permite al Estado reasignar partidas presupuestales con máxima celeridad y coordinar un despliegue unificado entre las Fuerzas Militares, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre las prioridades inmediatas se encuentra la remoción de derrumbes en ejes viales principales para restablecer las rutas de auxilio humanitario, así como la reparación prioritaria de acueductos y redes de energía eléctrica golpeadas por el evento sísmico.Respuesta de la comunidad internacional La tragedia provocó una inmediata ola de solidaridad internacional con ofrecimientos concretos de asistencia logística y rescate especializado: Lea también: Gobierno decreta desastre nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño País / Portavoz Asistencia Técnica y Humanitaria Ofrecida Venezuela Disposición de un contingente de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y cargamentos de insumos médicos de emergencia. Estados Unidos Declaración de alistamiento logístico, intermediación técnica de evaluación y soporte financiero para las labores de reconstrucción. La UNGRD reiteró el llamado a la calma y pidió a la población mantenerse atenta a las instrucciones oficiales. Se recomienda revisar instalaciones de gas y agua en las viviendas, evacuar ante cualquier falla estructural evidente y estar alerta ante la posible ocurrencia de réplicas en las zonas vulnerables.

Eran las 7:34 de la mañana de este lunes cuando la tierra se agitó violentamente desde las entrañas del Pacífico colombiano hasta el corazón de la zona andina. Un potente terremoto de magnitud 7.4 y una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), ha provocado una emergencia nacional que deja hasta el momento un trágico saldo de al menos 22 personas fallecidas, decenas de heridos y un número indeterminado de atrapados bajo los escombros en la ciudad de Cali. El movimiento telúrico, cuya fase sísmica más intensa se sintió durante varios minutos, tomó a millones de colombianos en el inicio de su jornada laboral y escolar. La magnitud de la onda expansiva obligó a la evacuación masiva de edificios en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y el Eje Cafetero, registrándose réplicas de consideración, entre ellas una de magnitud 4.6 a las 8:18 a. m. con epicentro en Nóvita. Lea también: Gobierno decreta desastre nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño Cali y el Chocó, golpeados por la devastación El mapa de la tragedia tiene sus puntos más oscuros en el Valle del Cauca y el departamento del Chocó. En Cali, a más de 200 kilómetros del epicentro, la aceleración del suelo provocó el colapso parcial o total de al menos 20 estructuras, concentradas en sectores vulnerables y centros asistenciales. Los cuerpos de socorro de la capital vallecaucana trabajan a contrarreloj en la remoción de escombros para rescatar a personas atrapadas. La gravedad de la situación llevó a la Alcaldía de Cali a solicitar auxilio inmediato a las brigadas de búsqueda y rescate urbano de Bogotá y Medellín. En el Chocó, la cercanía al epicentro sumió en la angustia a municipios como Quibdó, Nóvita y la propia San José del Palmar. "Acabamos de pasar un grave evento sísmico. Nos preocupan sobremanera las réplicas y las comunidades rurales incomunicadas. En Quibdó tenemos múltiples heridos y severas averías en la infraestructura hospitalaria y de vivienda", confirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, tras instalar el Puesto de Mando Unificado. A pesar de la magnitud del evento en la costa occidental, la Dirección General Marítima (Dimar) emitió un parte oficial descartando la amenaza de tsunami en el litoral Pacífico, lo que llevó un alivio parcial a municipios costeros como Buenaventura y Tumaco. Cierre de aeropuertos y emergencia en el Eje Cafetero La onda de choque afectó con severidad al Eje Cafetero. En Manizales, desprendimientos de mampostería cayeron sobre las vías principales y la histórica Catedral Basílica sufrió fisuras estructurales que están siendo evaluadas por ingenieros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En Pereira y Armenia, la emergencia obligó al cierre preventivo de vías y a la evacuación de pacientes en varios centros hospitalarios. Como medida de choque para prevenir accidentes aéreos derivados de posibles grietas en las pistas o fallas en las torres de control, la Aeronáutica Civil ordenó la suspensión inmediata de operaciones en los aeropuertos de seis ciudades: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Esta parálisis aérea plantea un desafío logístico crítico para el envío de suministros médicos y rescatistas hacia la zona cero. ¿Por qué un sismo en el Chocó causó destrozos a cientos de kilómetros? Desde la perspectiva geofísica, la explicación de este desastre reside en lo que los expertos denominan la "paradoja de la profundidad". El Servicio Geológico Colombiano explicó que el sismo se originó por la interacción del límite de placas en la margen del Pacífico (subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana). Al registrarse a 96 kilómetros de profundidad —catalogado como un evento de profundidad intermedia—, el impacto no fue totalmente destructivo en el punto del epicentro en superficie. Sin embargo, esa misma profundidad permitió que la energía liberada viajara a través de la corteza con un ángulo de propagación amplio, alcanzando los valles del Cauca y del Magdalena con ondas de baja frecuencia. Estas ondas entraron en resonancia con el periodo de vibración de edificaciones antiguas y no sismorresistentes en Cali y Manizales, provocando el agotamiento de los materiales y el posterior colapso de los muros tras varios minutos de sacudida continua. Lea también: Atlántico activa Plan Departamental de Contingencia de ´El Niño´ Respuesta institucional El director de la UNGRD, Javier Pava, confirmó que nueve departamentos se encuentran en estado de evaluación de daños y monitoreo constante. Las prioridades de las autoridades en las próximas 24 horas se concentran en tres frentes: Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas en Cali y Quibdó antes de que expire la "hora dorada". Evaluación de la infraestructura vial y puentes en las cordilleras Occidental y Central, amenazados por deslizamientos secundarios. Restablecimiento seguro de las terminales aéreas para habilitar corredores humanitarios hacia el Chocó. El país entra en una jornada crucial de atención a la emergencia, mientras los organismos de socorro piden a la ciudadanía mantener la calma, identificar grietas diagonales en muros estructurales y atender únicamente los boletines oficiales del Servicio Geológico y la UNGRD.

En medio de una alta expectativa política y económica, la Corte Constitucional pondrá fin al limbo jurídico en el que se encuentra la reforma pensional colombiana. El alto tribunal agendó como primer punto de su Sala Plena de este jueves 13 de agosto la discusión sobre el expediente que evalúa si el Congreso de la República subsanó con rigor el vicio de trámite cometido durante su aprobación original en 2024. El proceso, iniciado a raíz de una demanda de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Paloma Valencia, cuestionó la decisión de la Cámara de Representantes de acoger en bloque y sin debate profundo el texto aprobado por el Senado en junio de 2024. La Corte determinó en su momento que dicha actuación vulneró el principio de consecutividad y deliberación democrática, ordenando la suspensión cautelar de la Ley 2381 y devolviendo el expediente al Legislativo para su eventual corrección. Lea también: Corte Constitucional devuelve la reforma pensional a la Cámara El intento de subsanación en el Congreso Para intentar salvar el proyecto insignia del Ejecutivo, la Cámara reabrió la discusión en sesiones extraordinarias en junio de 2025. Durante ese trámite, la plenaria votó nuevamente el articulado e integró la discusión de proposiciones. Sin embargo, analistas y contradictores señalan que el procedimiento extemporáneo podría haber incurrido en nuevas inconsistencias procedimentales que ahora la Corte deberá ponderar. El fallo definitivo se retrasó por más de doce meses debido a una compleja red de impedimentos, recusaciones y cambios en la magistratura. Tras el retiro del magistrado Jorge Enrique Ibáñez del expediente, la ponencia pasó a manos de la presidenta de la Corte, la magistrada Paola Andrea Meneses, quien radicó el proyecto de auto que guiará la votación de los magistrados. Lea también: BanRepública pide claridad sobre entrada en vigencia de la reforma pensional ¿Qué está en juego para el país? Durante todo este período de suspensión, Colombia ha permanecido bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, un sistema dual donde compiten el régimen de prima media administrado por Colpensiones y el ahorro individual a cargo de los fondos privados (AFP). De ser avalada la subsanación por la Corte Constitucional, entraría finalmente en vigor el nuevo modelo pensional estructurado en cuatro pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y complementario). De lo contrario, si la Sala Plena concluye que el Congreso falló en corregir la irregularidad, la Ley 2381 quedará definitivamente archivada, obligando a cualquier iniciativa pensional a reiniciar desde cero en el debate legislativo.

La fragmentación del espectro conservador en Colombia sumó este fin de semana su episodio más trascendental. Tras más de tres lustros como uno de los rostros más visibles y doctrinarios del uribismo, la exsenadora María Fernanda Cabal oficializó su solicitud de escisión del Centro Democrático. La maniobra, más que un simple retiro individual, busca fracturar formalmente la personería jurídica del partido para dar nacimiento a un nuevo proyecto político enfocado en una "derecha moderna, democrática y popular". El anuncio, condensado en su más reciente columna de opinión titulaba Sin complejos, expone una grieta doctrinaria que llevaba años gestándose dentro de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lea también: Tensiones internas en el uribismo por las presidenciales de 2026 Una ruptura ideológica, no personal Consciente del costo político que implicaría un enfrentamiento directo con las huestes uribistas, Cabal cuidó de matizar las razones de su marcha. Negó la existencia de rencillas personales con la dirigencia del partido y reafirmó su gratitud hacia Uribe Vélez, manifestando que Colombia mantendrá una "deuda histórica" con el exmandatario por la restitución de la autoridad estatal. Sin embargo, detrás del tono institucional se esconde un diagnóstico lapidario sobre el rumbo del Centro Democrático. La discordia central radica en la renuncia implícita —según la excongresista— de la colectividad a declararse abiertamente como una fuerza de derecha. Para Cabal, la inclinación de ciertos sectores del partido por atenuar el discurso para disputar las banderas del centro político constituye un error estratégico inaceptable: “Comprendí que el debate había dejado de ser semántico para convertirse en una cuestión de identidad. Y un partido que deja de saber qué es termina sin saber qué debe defender”, sentenció. La batalla cultural y la redefinición de la derecha En su diagnóstico del tablero nacional, Cabal acusa a amplios sectores de la derecha tradicional de haber cedido terreno en la denominada "batalla cultural". Según su tesis, mientras la izquierda conquistó paulatinamente espacios en la academia, los sindicatos, las artes y la opinión pública, los sectores conservadores prefirieron moderar e incluso ocultar sus postulados “por miedo a la cancelación”. Es precisamente esa insatisfacción con el "centro político" la que impulsa la creación de su nuevo movimiento. Apoyándose en estructuras previas como la Fundación Escuela Libertad, Soy Cabal, Jóvenes Cabal y Mujeres a Carta Cabal, la dirigente plantea una plataforma de cuatro ejes inflexibles: Mano dura en seguridad: Línea dura frente al crimen organizado y la delincuencia común, retoma explícita del concepto de autoridad. Austeridad fiscal: Reducción drástica del tamaño del Estado y combate a la burocracia. Libre mercado estricto: Desregulación económica, fomento a la inversión privada y alivios tributarios. Desmantelamiento del asistencialismo: Sustitución progresiva de los programas de subsidios estatales directos por dinámicas de empleo e iniciativa privada. Lea también: La viabilidad de la escisión de María F. Cabal del Centro Democrático El reto formal de la escisión El anuncio abre de inmediato un complejo escenario jurídico y electoral. La figura de la escisión de un partido requiere no solo de voluntades políticas, sino del cumplimiento de requisitos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el aval de las instancias directivas del Centro Democrático. Mientras la colectividad evalúa la respuesta institucional a la solicitud de Cabal, analistas coinciden en que esta movida acelerará el reordenamiento de las fuerzas de oposición y derecha en Colombia. La partida de Cabal no solo mide la capacidad del uribismo histórico para retener a sus bases más radicales, sino que pone a prueba si existe en el país electorado suficiente para sostener una opción de derecha sin matices ni concesiones al centro político.

Por: Nerio Luis Mejía Antes de conocer los rifles en manos de soldados y policías, la vida me condenó a verlos en manos de hombres y mujeres que no representaban a ninguna institucionalidad. En esa época yo era solo un niño cargado de sueños, ilusiones que anhelaba alcanzar en medio de la inocencia propia de la edad. Vivía junto a mis padres y hermanos en un paraje hermoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, en medio del río Ariguaní y abrazado por quebradas de aguas cristalinas. Allí disfrutábamos de la naturaleza: pescábamos y nos bañábamos sin límites en un deleite puro, dentro de esa porción de tierra donde la palabra violencia era tan solo un murmullo lejano que se escuchaba en la radio. Lea también: El miedo que regresa con la memoria Recordar ese pasado me sumerge en una amarga disyuntiva: no sé si rememorar con alegría la dicha que fui, o liberar las tristes emociones contenidas al saber que todo aquello quedó envuelto en una niebla de dolor jamás borrada. Esas heridas marcaron para siempre mi existencia. El dolor pesa; no es únicamente un viaje por la memoria: quita las fuerzas y, en ocasiones, hasta la voluntad misma de existir. Es entonces cuando aparece algo más allá de la razón y la voluntad humana: una fuerza invisible que entra por los sentidos como una brisa suave, refrescando el cuerpo y el alma, e infundiendo el deseo de continuar viviendo. Hoy, cuando veo y escucho a las víctimas que huyen del despojo, no solo entiendo su quebranto: lo siento en la propia carne. Tener que correr para salvar la vida, abandonar nuestras humildes viviendas, dejar atrás los animales, las cosechas y, con ello, las ilusiones de una vida entera... La mente humana jamás estará preparada para asimilar semejante desgarro ni para darle sepultura en el cementerio del pasado. Colombia ha experimentado a lo largo de su historia incontables conflictos, documentados casi siempre como fría literatura histórica que desconoce el drama humano de quienes murieron y de los sobrevivientes de ese monstruo que aún nos aterra. Los libros, las noticias y los analistas narran cada episodio en un pulcro orden cronológico —la violencia de los cuarenta, los ochenta, los noventa, el nuevo milenio— como si formaran parte de una biblioteca gigantesca dedicada a registrar nuestro triste pasado. Mientras tanto, yo soy un testigo vivo, pero por fortuna no mudo, a quien la universidad de la vida le dio la fuerza necesaria para escribir. Comprendí que el rumbo de mi existencia no lo construí por mí mismo: lo trazó esa violencia impía que se llevó a mi hermano, a mis primos y a mis amigos. Todavía retumba en mi pecho el ruido de los corazones agitados de aquellos que corrieron para salvar la vida. Nadie merece morir a manos de nadie, pero la realidad de nuestro país es otra. Es desgarrador ver cómo gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales lucran con el sufrimiento: sin el conflicto no podrían conservar privilegios, mover fondos ni alimentar presupuestos a costa de la tragedia ajena. Mientras tanto, millones de colombianos aún sentimos la metralla, el olor acre de la sangre mezclada con pólvora y el retumbo ensordecedor de las bombas y los disparos que abrieron heridas imposibles de cicatrizar. Ese dolor solo lo comprende quien lo padece. Es la tristeza del niño que camina por las calles de una ciudad extraña y se detiene a mirar a un perro porque se parece al suyo, a aquel que tuvo que dejar abandonado mientras sus padres lo sacaban en brazos huyendo de la muerte. Es la impotencia del campesino hacinado en la gradería de un estadio convertido en albergue, mirando a su esposa y a sus hijos sin saber cómo alimentarlos ni protegerlos. Lea también: La oscura sombra de la justicia transicional en Colombia Esa es la verdadera crónica de la violencia: la que se escribe en lo más profundo de nuestras almas, la que queda grabada en las cicatrices del cuerpo y en la memoria inconsolable de los familiares que aún guardan el recuerdo de quienes no sobrevivieron. El conflicto armado colombiano no es una lista de hechos distantes; son almas vivas que sufren por todo lo perdido y navegan a la deriva en un océano de incertidumbre donde nadie responde por el daño causado. Por eso, cada vez que tomo la pluma para escribir sobre este flagelo, lo hago honrando a quienes ya no están y a quienes sufren en este instante, deseando con la fuerza de su imaginación que todo vuelva a ser como antes. Pero es imposible retroceder el tiempo para sanar heridas que aún no dejan de sangrar, o para borrar las noches oscuras y las pesadillas intensas que nos robaron, en un grito de memoria y dignidad, hasta el sagrado derecho de soñar.

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio un paso decisivo en la consolidación de su cúpula económica al designar al reconocido abogado y tributarista Andrés Felipe Velásquez como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Velásquez asumirá las riendas de la entidad encargada del recaudo tributario y el control aduanero en reemplazo de Carlos Emilio Betancourt, en una coyuntura estratégica marcada por la preparación de una nueva reforma fiscal. Con este nombramiento, la nueva administración completa la estructura del equipo económico del Estado, el cual estará conducido por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Lea también: La Regeneración del "Tigre": la ilusión del orden sin Constitución El perfil del nuevo director de la DIAN Andrés Felipe Velásquez cuenta con una extensa formación académica y trayectoria profesional orientada al derecho fiscal y tributario: Formación académica: Es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Tributario por la Universidad del Rosario y magíster en Fiscalidad Internacional por la Universidad de La Rioja (UNIR), en España. Actualmente realiza estudios de posgrado en Tax M&A en la Universidad de los Andes. Trayectoria pública y judicial: Recientemente ejerció como conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación especializada en la resolución de litigios de índole fiscal. De igual forma, fue director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT). Ejercicio privado y academia: Es socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados S.A.S. y ha ejercido la docencia universitaria en las universidades del Rosario y Sergio Arboleda, además de participar como conferencista en publicaciones e investigaciones sobre derecho constitucional y tributario. Los grandes retos: Reforma tributaria y lucha contra la evasión La llegada de Velásquez a la DIAN se produce en un momento determinante para las finanzas públicas del país. Entre las principales tareas que tendrá a su cargo destacan: Estructuración de la Reforma Tributaria: El presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado que una de las prioridades de su mandato será presentar ante el Congreso una reforma estructural orientada a simplificar el sistema impositivo, incentivar la inversión privada y promover el empleo. Eliminación del Impuesto al Patrimonio: Como parte de la propuesta económica del Ejecutivo, la DIAN deberá formular la hoja de ruta para compensar la supresión de este gravamen y garantizar la sostenibilidad fiscal. Control del recaudo y combate al contrabando: El nuevo director deberá fortalecer las labores de fiscalización aduanera en los puertos del país y optimizar la lucha contra la evasión fiscal para estabilizar los ingresos del Estado. Lea también: Ministro de agricultura de De la Espriella lanza 10 propuestas clave La cúpula del Ministerio de Hacienda La designación de Velásquez cierra la integración del equipo directivo encargado de la política macroeconómica y fiscal del país. La estructura económica queda conformada de la siguiente manera: Cargo Titular Designado Rol Principal Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez Conducción general de la política económica Viceministro Técnico Juan Sebastián Betancur Análisis macroeconómico e impacto fiscal Viceministro General Andrés Quevedo Caro Gestión administrativa y coordinación presupuestal Director de Crédito Público César Arias Manejo de la deuda pública y relación con mercados Directora de Presupuesto Marcela Numa Asignación y fiscalización del gasto estatal Director de la DIAN Andrés Felipe Velásquez Recaudo de impuestos y control aduanero

A través de un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo emitió un urgente llamado de alerta tras registrar una serie de ataques armados, hostigamientos e incidentes con artefactos explosivos ocurridos en distintas regiones de Colombia. La entidad reportó una escalada de hechos violentos que impactaron de manera directa a la población civil, afectando la movilidad y la seguridad en áreas urbanas y rurales. Aunque la alteración del orden público se extendió por 11 departamentos, las situaciones de mayor gravedad se focalizaron en los departamentos del Cauca y Nariño. En territorio caucano, violentos combates entre el Ejército Nacional y grupos disidentes dejaron un saldo de al menos cinco personas muertas, reflejando el deterioro del orden público en el suroccidente del país. Lea también: Gobernadora del Magdalena lanza S.O.S. al Gobierno Nacional Además del Cauca y Nariño, la Defensoría confirmó episodios de violencia y perturbación comunitaria en: Región Andina y Centro: Antioquia, Tolima, Huila y Caldas. Caribe y Nororiente: Bolívar, Cesar y Arauca. Orinoquía y Amazonía: Meta y Guaviare. Uno de los aspectos que genera mayor preocupación institucional es el modus operandi documentado durante estas jornadas. Se reportaron incursiones con armas de fuego, detonación de explosivos y el uso de tecnología de drones para perpetrar ataques contra instalaciones oficiales, vías de comunicación e infraestructura estratégica. El riesgo para los habitantes se ha elevado considerablemente debido a que varios de estos eventos ocurrieron en las cercanías de viviendas particulares, locales comerciales y corredores viales de tránsito cotidiano. "La población civil no puede convertirse en escenario de las confrontaciones armadas. Quienes no participan en las hostilidades deben recibir protección prioritaria e incondicional", enfatizó el organismo defensor de derechos humanos. A pesar de la simultaneidad de los eventos, la Defensoría precisó que, con la información verificada hasta el momento, no es posible atribuir estas acciones a una ofensiva coordinada a escala nacional, por lo que las autoridades continúan en labores de verificación para determinar los responsables en cada territorio. Lea también: La sombra del narcotráfico en el empalme militar de De la Espriella Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo solicitó la articulación inmediata de capacidades institucionales para atender las zonas de mayor riesgo. Para ello, instó a hacer uso del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y de las advertencias territoriales emitidas por la entidad, las cuales permiten prever escenarios de amenaza y diseñar respuestas de seguridad acordes con la dinámica de cada región. La entidad reiteró la necesidad de combinar las intervenciones de fuerza pública con medidas integrales de prevención comunitaria, garantizando que el abastecimiento, la movilidad y los derechos fundamentales de las comunidades no sigan viéndose comprometidos por el accionar de los grupos armados ilegales.

Por: Nerio Luis Mejía Triste y vergonzoso, pero incuestionable: Colombia sigue siendo un territorio hostil para quienes se atreven a levantar la voz y denunciar las realidades de sus regiones. El matrimonio entre el crimen organizado y los poderes políticos tradicionales ha dejado una estela de muertes con la que pretenden imponer el miedo. Sin embargo, frente al exterminio sistemático, persiste la valentía de quienes insisten en decir la verdad aun a costa de sus propias vidas. El asesinato de periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos envía un mensaje implícito pero devastador a la ciudadanía: callar es la única garantía para seguir vivo. El miedo actúa entonces no solo como un estado de ánimo, sino como una doctrina impuesta por una arquitectura criminal que no da tregua. Lea también: ¿Cuál será el futuro de la paz en Colombia en los próximos cuatro años? El inicio del gobierno de Abelardo De la Espriella genera una profunda incertidumbre entre diversos sectores de la comunicación, organizaciones de derechos humanos y liderazgos comunitarios. Los desafiantes discursos de campaña del abogado cordobés —marcados por posturas radicales y expresiones tajantes— han encendido las alarmas en una sociedad ya polarizada entre la doctrina de la "mano dura" y las demandas de diálogo social. La principal preocupación para quienes ejercen la vocería social y el periodismo no radica únicamente en la violencia física, sino en el acoso judicial. El uso reiterado de acciones legales e intimidaciones amenaza con estrechar aún más el margen para el control ciudadano, la veeduría comunitaria y la prensa libre. Frente a este panorama, los liderazgos y comunicadores se ven empujados a una disyuntiva crítica: ceder ante la autocensura o asumir las consecuencias penales, económicas y de seguridad que implica sostener la denuncia pública. Desde la toma de posesión presidencial, las redes sociales y las organizaciones de la sociedad civil se han transformado en escenarios de llamados a la solidaridad interinstitucional. En Colombia, el liderazgo comunitario y la prensa han pagado un precio desmedido por cumplir su labor, roles fundamentales para la democracia dado que constituyen el canal primario a través del cual las comunidades ejercen el control político y defienden sus territorios. Es imprescindible recordar que la libertad de expresión, la protesta social y la defensa de los derechos humanos no son privilegios concedidos por el gobierno de turno, sino derechos fundamentales con protección constitucional reforzada (Artículos 20 y 93 de la Constitución Política de Colombia) y respaldo en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La jurisprudencia interamericana ha reiterado que el uso del aparato estatal o del litigio malicioso para amedrentar a líderes, defensores y comunicadores vulnera el debate democrático. Lea también: Tierra, ganadería y paramilitarismo: los males históricos de la Costa Caribe Defender el territorio y ejercer la comunicación no es solo registrar hechos judiciales o la coyuntura política; es también memoria, dignidad, cultura e historias rurales que le devuelven la voz a las comunidades vulneradas. Imaginar a la sociedad sin líderes sociales ni periodistas es aceptar la ceguera colectiva y el sesgo institucional. Cuando el miedo opera como mordaza y el Estado falla en brindar garantías reales de protección a quienes defienden la vida y la verdad, la democracia se erosiona desde adentro. Romper el cerco de la violencia armada y las amenazas judiciales exige no rendirse ante el aislamiento. El dilema no puede ser la sumisión o el entierro; la garantía de la verdad y el territorio debe ser el primer compromiso de cualquier sociedad que pretenda llamarse libre.

Durante casi un siglo, Estados Unidos se erigió como el arquitecto global y principal garante del capitalismo de libre mercado. Desde la creación de las instituciones Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial hasta la consolidación del Consenso de Washington en los noventa, la hegemonía estadounidense promovió un catecismo claro: libre comercio, desregulación financiera, apertura de fronteras comerciales y mínima interferencia gubernamental. Sin embargo, en la última década, las placas tectónicas de la política económica de Washington se han desplazado de forma irreversible. Las decisiones comerciales, fiscales y presupuestarias de las últimas tres administraciones no responden a un ajuste coyuntural, sino a un viraje doctrinario hacia el neomercantilismo, la reindustrialización forzada y lo que diversos analistas en Wall Street y Washington denominan abiertamente un "capitalismo de Estado a la americana". Lea también: El golpe de Donald Trump al comercio global De la "Mano Invisible" al nuevo dirigismo estatal El axioma económico de la posguerra —asentado en que el mercado libre asigna los recursos de forma más eficiente que cualquier comité estatal— ha saltado por los aires. Lo que en su momento comenzó como retórica proteccionista para salvar industrias automotrices o siderúrgicas en declive, se ha consolidado como el nuevo consenso bipartidista en el Capitolio. No obstante, aunque el objetivo final de proteger la hegemonía estadounidense es compartido por demócratas y republicanos, sus herramientas de intervención presentan matices estratégicos fundamentales: La estrategia arancelaria y unilateral (El modelo Trump): Donald Trump convirtió la imposición de aranceles punitivos en la piedra angular de su política exterior. Los aranceles dejaron de concebirse como una palanca temporal de negociación para convertirse en una barrera permanente y una fuente cautiva de recaudación fiscal. Su enfoque sustituyó el multilateralismo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por una presión bilateral agresiva contra adversarios como China e incluso aliados tradicionales como la Unión Europea, Canadá y México. La política industrial y el dirigismo de subsidios (El modelo Biden): La administración de Joe Biden dio un paso conceptual más allá: sustituir la simple protección arancelaria por la inyección directa de capital público. A través de un tríptico legislativo histórico —la Ley CHIPS y Ciencia, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de Infraestructura—, el gobierno federal movilizó más de medio billón de dólares en subsidios y créditos fiscales. Con ello, la Casa Blanca asumió formalmente la función de "elegir ganadores y perdedores" en sectores económicos estratégicos como semiconductores, energías limpias e inteligencia artificial. Esta convergencia ha llevado a Washington a cruzar fronteras que antes se consideraban tabú: agencias gubernamentales han comenzado a exigir participaciones accionarias (equity stakes) y acuerdos de reparto de beneficios a corporaciones privadas como Intel o TSMC a cambio de licencias de exportación o fondos públicos, difuminando los límites entre la propiedad privada y el control público. Lea también: El dólar se debilita en todo el mundo por los aranceles de Trump La alarma en los centros de pensamiento y la prensa de EE.UU. El abandono de la ortodoxia liberal no ha pasado desapercibido para la academia, la prensa especializada ni los think tanks de mayor influencia en Estados Unidos: El viraje hacia el "Capitalismo de Estado" Un exhaustivo análisis del Council on Foreign Relations (CFR), titulado State Capitalism in America: The Government as Investor, Broker, Rentier… Thug?, advierte cómo el gobierno federal ha instrumentalizado los controles de exportación para condicionar las decisiones operativas de gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple y los fabricantes de microchips. El CFR sostiene que el Estado estadounidense ha dejado de ser un árbitro neutral para actuar como inversor activo y negociador en las juntas directivas del Fortune 100. "El gobierno de EE.UU. está esgrimiendo poderosos instrumentos como los controles de exportación y los aranceles no solo para proteger, sino para capturar beneficios y moldear directamente las decisiones de inversión de empresas privadas individuales.", indica el centro de pensamiento. La resistencia del liberalismo y el conservadurismo tradicional Desde la trinchera del libre mercado, el Cato Institute califica la actual orientación económica como corporativismo estatal en su informe The Conspicuous Fist of Trump's State Corporatism. La institución subraya que, a diferencia de las intervenciones de emergencia vistas en la crisis financiera de 2008 o la pandemia de 2020, la intervención actual es estructural, no responde a una emergencia inmediata y pervierte la asignación de capital al anteponer la motivación geopolítica a la eficiencia del mercado. Asimismo, en The (Updated) Case for Free Trade, el Cato Institute argumenta que la liquidación del principio de la "Nación Más Favorecida" y del multilateralismo impone sobrecostos masivos a los consumidores locales y ha mermando la productividad de largo plazo. Lea también: Estados Unidos y la trampa de Tucídides en la era Trump 2.0 La erosión de las reglas del comercio internacional Un informe de World Financial Review (Returning to Protectionism: The Shift in United States Trade Policy) detalla cómo la imposición unilateral de barreras fractura más de ocho décadas de liderazgo estadounidense en la liberalización comercial. La publicación advierte que intentar equilibrar balanzas comerciales bilaterales mediante aranceles ignora la naturaleza fragmentada de las cadenas globales de valor. En paralelo, análisis publicados en Washington Monthly (Trump's Industrial Policy: What's Right and Wrong) y editoriales de The Wall Street Journal coinciden en que condicionar exenciones tributarias o licencias a promesas de inversión doméstica representa una forma de "intervención coercitiva" distante de la libre competencia. Anatomía del cambio de paradigma Para dimensionar la magnitud de este giro histórico, conviene repasar el contraste entre las premisas que rigieron a Washington durante tres décadas y la arquitectura económica vigente: Dimensión Económica Modelo Tradicional (Consenso de Washington) Nuevo Modelo Estadounidense Comercio Internacional Reducción de barreras, acuerdos multilaterales (OMC) y promotores del libre cambio. Aranceles elevados, proteccionismo, bilateralismo y represalias unilaterales. Rol del Estado Regulador neutral de reglas de juego y árbitro del mercado. Inversor activo, socio accionarial y planificador industrial estratégico. Asignación de Capital Guiada por la rentabilidad, la oferta, la demanda y la eficiencia del mercado. Dirigida mediante subsidios, exenciones fiscales condicionadas y seguridad nacional. Cadenas de Suministro Globalización, eficiencia de costos y producción just-in-time. Reshoring, friendshoring, soberanía tecnológica y resiliencia. Fricciones, distorsiones y la trampa de la búsqueda de rentas Esta deserción del liberalismo económico no está exenta de costos colaterales para la economía estadounidense e internacional: Presiones inflacionarias y pérdida de eficiencia: Al encarecer la importación de insumos intermedios mediante aranceles y exigir contenido local en la manufactura, los costos de producción aumentan, trasladándose directamente al consumidor final. Riesgo sistemático de Búsqueda de rentas: Cuando la rentabilidad de un gigante corporativo depende más de una exención arancelaria o de un subsidio otorgado en las oficinas del Departamento de Comercio en Washington que de la preferencia de los consumidores, las empresas reasignan su capital: invierten menos en I+D y más en lobby político. Fricción geopolítica con aliados tradicionales: El condicionamiento de subsidios y la exigencia de reciprocidad estricta han generado un profundo descontento en la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Canadá, detonando una carrera global de subsidios proteccionistas que fragmenta los bloques de comercio occidental. Lea también: Por qué la estrategia de Trump puede ser una oportunidad para China Dos modelos de neomercantilismo Durante décadas, el relato económico dominante contrapuso el modelo estadounidense —asentado en la empresa privada y el libre mercado— al capitalismo de Estado chino, caracterizado por la planificación centralizada, las Empresas de Propiedad Estatal (SOE) y la subordinación del crédito a las directrices del Partido Comunista Chino (PCCh). Al adoptar subsidios masivos, aranceles punitivos y priorizar la seguridad nacional sobre la eficiencia económica, Washington ha recortado la distancia conceptual con su principal rival estratégico. Ambas potencias convergen hoy en una era de neomercantilismo competitivo. Criterio de Comparación Nuevo Modelo de Estados Unidos Capitalismo de Estado Chino Arquitectura de Poder Democracia constitucional de mercado con fuerte intervencionismo estatal Régimen de partido único con economía socialista de mercado. Mecanismo de Intervención Aranceles, subsidios fiscales, exenciones tributarias y restricciones de exportación. Propiedad pública, subsidios masivos, control bancario y planificación centralizada. Rol del Sector Privado Motor principal de la economía; ajusta sus estrategias bajo presión regulatoria y proteccionista. Subordinado al Estado; opera con margen comercial pero bajo estricta alineación con el PCCh. Asignación de Capital Predominantemente privada (mercado de capitales), influenciada por incentivos estatales. Dirigida por la banca pública, fondos estatales y directivas políticas del Partido. Lea también: Capitalismo: por qué el tablero mundial se inclina hacia China Un nuevo orden geoeconómico Estados Unidos está reescribiendo las reglas de su propia arquitectura económica. Lo que durante décadas defendió ante el mundo como un dogma irrenunciable ha sido archivado cuando se le ha venido encima con todo su peso en favor de un modelo guiado por la seguridad nacional, la soberanía industrial y la geoeconomía. Este viraje implica una redefinición de las políticas económicas occidentales como respuesta de EE.UU. para tratar de poder seguir jugando un papel clave en el tablero que de ajedrez que diseñó a su acomodo, pero en el que va perdiendo la compentencia contra China. Por eso, ha sacado nuevamente las herramientas de la caja mercantilista —aranceles, créditos fiscales condicionados y restricciones de exportación, intevención del Estado en el mercado El resultado final es el ocaso del libre comercio y el surgimiento de un mapa económico global fragmentado, donde la eficiencia del mercado cede el paso a la competencia abierta entre bloques dirigidos por la política industrial del Estado.