Transportadores: entre la asfixia financiera y la presión de la ilegalidad
El servicio de Transporte Público Colectivo (TPC) en Barranquilla y su área metropolitana atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia de sostenibilidad económica y operativa. En una cumbre de alto nivel celebrada a puerta cerrada en la capital del Atlántico, los gerentes de las empresas de buses de la ciudad y las directivas de la Asociación Regional de Transporte Urbano de Buses y Busetas del Atlántico (Analtra) confrontaron al Gobierno nacional con la dura realidad financiera que amenaza la continuidad del servicio en las calles.
A la mesa de trabajo asistieron el viceministro de Transporte, Miguel Vergara Cabello, y la directora de Transporte y Tránsito de la misma cartera, Susana Cadavid, acompañados por delegados del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) en su condición de autoridad territorial de movilidad. El propósito central de los transportadores fue poner sobre la mesa un diagnóstico crudo: las empresas están atrapadas entre un descenso constante en el volumen de pasajeros pagos y una escalada ininterrumpida en sus costos fijos de operación.
El estrangulamiento económico del transporte tradicional
La radiografía presentada por el gremio evidencia un desequilibrio estructural en las finanzas de las rutas urbanas. Por un lado, las planillas diarias registran cada vez menos usuarios a bordo, un fenómeno derivado del cambio en las dinámicas de movilidad urbana y, de forma muy crítica, de la proliferación descontrolada de servicios de transporte no autorizados en los principales corredores viales de la metrópoli.
Por otro lado, la estructura de costos del sector se ha disparado sin tregua. Los empresarios explicaron detalladamente cómo el alza acumulada en los precios de los combustibles, el encarecimiento de los repuestos e insumos necesarios para mantener las unidades en condiciones técnico-mecánicas óptimas, la carga prestacional de la nómina formal y las elevadas obligaciones bancarias contraídas para la modernización de la flota han liquidado el margen de maniobra de las compañías operadoras.
Geovanny Ramos, presidente de Analtra, fue enfático al manifestar que la vocación del empresariado local por transformar el transporte urbano se mantiene intacta, pero advirtió que la foto contable de las empresas en este momento impide dar un paso más sin el respaldo coordinado del Estado. El dirigente gremial recalcó que la responsabilidad con los propietarios, con los trabajadores y con los propios ciudadanos exige reconocer que la capacidad financiera del sector está agotada y que, sin una intervención oportuna del Gobierno central y del AMB, el proceso de mejora continua corre el riesgo de paralizarse de forma definitiva.
Las cinco exigencias clave y el laberinto tecnológico del SIBUS
La agenda llevada por Analtra a la cumbre con las autoridades nacionales se articuló en torno a cinco peticiones neurálgicas pensadas para rescatar la operabilidad del sistema. La primera de ellas es la estructuración inmediata de un salvavidas financiero que le devuelva liquidez a las empresas. Esta propuesta va estrechamente ligada al segundo reclamo: una estrategia urgente y contundente de control a la ilegalidad mediante operativos permanentes en los corredores viales donde la piratería y el mototaxismo le arrebatan la demanda al transporte formal.
En el terreno de la modernización, los empresarios exigieron definir con absoluta claridad la ruta jurídica y operativa del Sistema Inteligente de Transporte (SIBUS) o, en su defecto, acordar la herramienta tecnológica que garantice el recaudo unificado y la eficiencia del servicio en el territorio metropolitano. El cuarto punto de la agenda abordó la necesidad de definir fuentes claras de financiación y realizar un seguimiento riguroso a la ejecución del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y del Fondo de Estabilización y Calidad (FQ), recursos clave para amortiguar los déficits del sistema.
Finalmente, los transportadores solicitaron al Área Metropolitana de Barranquilla la entrega formal y la revisión conjunta de los diagnósticos base requeridos para la elaboración del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad, un insumo técnico indispensable para planificar el crecimiento de las rutas y la infraestructura vial a mediano y largo plazo.
Alternativas sin alzas en el pasaje y el compromiso del Ministerio
Uno de los consensos más marcados dentro de las propuestas del gremio radica en evitar a toda costa que el costo de la crisis recaiga sobre los ciudadanos. Por ello, Analtra planteó la creación inmediata de mesas de trabajo técnicas con el Ministerio de Transporte para revisar alternativas financieras e instrumentos de fomento que insuflen recursos al sistema sin necesidad de decretar aumentos en la tarifa del pasaje pagado por los usuarios.
Asimismo, los transportadores pidieron un acompañamiento directo del Ministerio ante la Superintendencia de Transporte para que este organismo ejerza sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre la informalidad vial en Barranquilla, al tiempo que instaron al AMB a acelerar la entrega de la información técnica del Plan Maestro de Movilidad.
En su intervención, el viceministro Miguel Vergara Cabello señaló que la política institucional de la cartera se basa en el trabajo en territorio y en la concertación franca entre las autoridades metropolitanas y los prestadores del servicio. El alto funcionario destacó la disposición del gremio barranquillero para avanzar hacia la modernización y asumió el compromiso de gestionar de manera directa las solicitudes que competen al orden nacional en la agenda presentada por los transportadores, con el fin de consolidar acuerdos duraderos que protejan el servicio público en el Caribe colombiano.
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