¿Por qué el sistema parece premiar a quienes quebrantan la ley?

Por: Nerio Luis Mejía

La pregunta surge con frecuencia en conversaciones familiares, entre amigos y en los parques de nuestras ciudades caribeñas, donde se reúnen personas desempleadas. Aunque sencilla en apariencia, la inquietud es profunda: ¿por qué quienes transgreden la ley terminan recibiendo beneficios, mientras los ciudadanos que cumplen con ella apenas sobreviven sin apoyo estatal?

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El ejemplo más evidente son los integrantes de estructuras criminales que, al acogerse a planes de desmovilización, sometimiento o negociación, reciben perdón por sus delitos y, además, beneficios económicos, académicos, productivos y de vivienda. En contraste, la mayoría de los colombianos que se esfuerzan diariamente por mantener una conducta intachable deben trabajar sin descanso para llevar alimento a sus hogares, sin que el Estado les otorgue subsidios o reconocimiento alguno. De ahí la frase popular: “delinquir sí paga”.

Este fenómeno también se observa en las regiones donde prosperan economías ilícitas, como los cultivos de coca, base de la cocaína. La cadena criminal que se deriva de su producción ha generado violencia, asesinatos y una profunda descomposición social. Desde la aparición del narcotráfico, el discurso oficial ha sido el combate frontal; sin embargo, la realidad muestra que el campesinado ha sido la primera víctima. Allí donde antes la presencia estatal era mínima, hoy las zonas productoras de coca cuentan con inversión social, infraestructura y mejores condiciones de vida que departamentos donde nunca se ha sembrado una hoja de esa planta. Mientras tanto, campesinos que cultivan maíz, yuca o fríjol siguen condenados al olvido.

Surge entonces un interrogante doloroso: ¿deberían los campesinos que madrugan a ordeñar la vaca y cultivar alimentos sembrar coca para llamar la atención del Estado y recibir las ayudas que merecen? La pregunta es incómoda, pero refleja una percepción extendida: en Colombia, el sistema parece diseñado para premiar al infractor y castigar al trabajador honesto.

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El argumento resulta válido. Nuestro país ha construido un modelo que otorga privilegios a quienes quebrantan el orden jurídico, mientras ignora a quienes sostienen la nación con esfuerzo y trabajo decente. El campesino productor de alimentos, que ni siquiera tiene tiempo para ejercer su derecho a la protesta, continúa siendo víctima de explotación y abandono. Su convicción de que trabajar duro es la única opción lo mantiene firme, aunque la realidad le muestre que quienes delinquen reciben más beneficios que quienes cumplen la ley.