Nunca antes en la historia del país se había visto una barrida de generales tan grande como la que acaban de hacer el Presidente, Gustavo Petro, y su ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los primeros cálculos indican que el revolcón incluyó a 52 altos mandos: de la Policía salieron 24 generales; en el Ejército, 16 tienen que colgar el uniforme; 6 en la Fuerza Aérea e igual número en la Armada.
Eso significa, por ejemplo, que en la Policía solo queda un Mayor General, Henry Armando Sanabria Cely, que fue nombrado como director de la Policía. Los demás son brigadieres formados, pero con menos de un año de experiencia en la categoría de generales. Algo parecido ocurre en el Ejército, donde se cuentan con los dedos de una mano los mayores generales.
Pero no es una sorpresa esta barrida. Ya Petro había advertido como candidato que iba a buscar nuevos liderazgos entre los más jóvenes. Y desde que nombró a Velásquez se entendió que llegaba a dejar por fuera a cualquiera que tuviera un indicio que lo salpicara en alguna irregularidad.
Y, como es sabido, si alguien llega a comandante en alguna rama de la Fuerza Pública, todos los uniformados de su curso o más antiguos deben dar un paso al costado.
En cuanto a los generales del Ejército que salieron, algunos habían sido salpicados por denuncias en torno a posibles violaciones a los Derechos Humanos –un punto de honor para Petro y su ministro–. Sin embargo, hay que decir que no necesariamente son culpables.
En el caso de la Policía se da un fenómeno distinto. Para que el general Sanabria Cely llegara a la dirección tuvieron que colgar el uniforme 10 generales más antiguos que él o de su generación. Pero el gran recorte se dio por el ascenso que hizo Petro de la segunda mujer que llega a la subdirección de la Policía.
Se trata de la brigadier generala Yackeline Navarro Ordóñez, que al llegar a la cúpula dejó en el camino a 12 generales más antiguos que ella.
Es decir, en la Policía, en total, sacaron a 24 generales. Y en la práctica no quedó ninguno experto en inteligencia. “El problema ahora puede ser para el Ministro y para el Presidente; al subir a Jackeline les toca salir a generales que no tenían problemas de corrupción o de Derechos Humanos y, en cambio, sí mucha experiencia que puede ser fundamental para la política de seguridad”, dijo una fuente.
Para entender la dimensión de la barrida cabe recordar que la ocasión en la que más generales habían salido para darle paso a un nuevo director fue cuando Álvaro Uribe, de Presidente, y Juan Manuel Santos, de ministro de Defensa, eligieron al general Oscar Naranjo como Director. Pero en ese entonces la barrida ‘solo’ fue de 12 generales. Y en 1993 se dio una gran purga en la Policía. Al llegar a la dirección, el general Rosso José Serrano sacó a 10.000 policías, pero no había tanto general.
En todo caso, con este revolcón, el nuevo gobierno espera hacer borrón y cuenta nueva a los problemas con la Fuerzas Pública.
¿A quiénes ascendieron?
Uno de los nuevos nombres está en el Comando de las Fuerzas Militares, que quedó a cargo del general Helder Fernan Giraldo Bonilla.
El otro está en el Ejército, que será comandado por el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez; a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) llegó el general Luis Carlos Córdoba Avendaño; y a la Armada, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados.
Esta transformación –que Petro sustentó en su tesis de que quiere una renovación en todo el mando que garantiza, según él, un mayor cumplimiento de los Derechos Humanos– también llegó a la Policía. Como se dijo, arribaron el general Henry Armando Sanabria, a la dirección general, y la brigadier general Yackeline Navarro Ordoñez, a la subdirección.
A ellos les corresponde cumplir otra directriz clave para Petro: cero corrupción en la fuerzas. Ese mensaje ya lo había dado el Ejecutivo con el nombramiento de Velásquez, un civil que en su trabajo como jurista siguió casos nacionales e internacionales de funcionarios públicos presuntamente vinculados a ese flagelo. Se sabe, incluso, que su lupa a las hojas de vida de los entrantes y salientes fue clave para el visto bueno del Jefe de Estado.
El segundo estandarte que les dio es tener cero violaciones a los Derechos Humanos y le pidió a la ciudadanía, para ello, hacer una evaluación de los nuevos integrantes del alto mando castrense.
La razón es que a la nueva cúpula le corresponde garantizar el camino hacia la paz, la disminución de la violencia y de la criminalidad, y en todo esto la gente es clave. “Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa es que esta Fuerza Pública sea profesional en todo el sentido de la palabra. Queremos una política de dignificación y de mejoría de la calidad de vida de los soldados y los agentes de policía”, enfatizó el mandatario.
Con esa promesa volvió poner en discusión otro asunto que esta entre sus prioridades para eliminar barreras entre oficiales (los que se forman para comandar) y suboficiales (quienes siguen las órdenes).
Una determinación que “es populista y desconoce las lógicas jerárquicas al interior de las Fuerza”, según apunta el director del Observatorio Militar de la Universidad Javeriana, Javier Rincón, pues implicaría igualar los dos tipos de carreras en términos salariales, lo que se traduciría en modificar los salarios de 90.000 soldados rasos que prestan su servicio a la patria.
Así que, si cumple con ese objetivo, la cirugía apenas está por comenzar.
Petro quiere una Fuerza Pública “más democrática” en la que el mérito sea el único criterio de ascenso y la educación guíe la profesionalización de sus integrantes. El nombramiento de la brigadier general Navarro Ordoñez como subdirectora de la Policía va en esa misma línea, dado que la uniformada venía de hacer carrera en la formación de los nuevos uniformados y hasta fue la encargada de llamar al orden cuando en noviembre de 2021 la institución se vio salpicada por el escándalo nazi de la escuela en Tuluá.
El revolcón en la Cúpula sucedió con rapidez. Para hacerse una idea, el exmandatario Iván Duque tardó cuatro meses en aplicar su primera renovación a las Fuerzas, en diciembre de 2018, mientras que Petro decide hacer esa intervención en el día seis de su administración.
Si bien la renovación fue acelerada, terminó consiguiendo el visto bueno de integrantes de la tropa y soldados en retiro porque, afirman, siguió la norma de no tener investigaciones en proceso.
“Entre los que salieron, con una o dos excepciones, han estado involucrados en diferentes tipos de investigaciones”, detallaron desde la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore).
La intervención de Petro a la Fuerza Pública trasciende los nombramientos, porque ahora él reclama una tropa que sirva para el desarrollo económico creando nuevas capacidades industriales y comerciales. En otros discursos también planteó fortalecer sus labores humanitarias y de salud, lo que deja ver que serán más las transformaciones que se apliquen a los hombres y mujeres que tienen las armas del Estado.
Es más: el presidente agregó otra línea de acción apuntando que se viene un cambio en el formato de los consejos de seguridad para que, más allá de la información operacional, se presenten datos sociales de las comunidades como si un pueblo tiene, o no, agua.
“El éxito no está en el número de muertos, sino que estribe en que disminuyan sustancialmente los muertos y las masacres y aumenten los derechos y las libertades de las personas”, prometió el mandatario.
Ya Gustavo Petro tiene una cúpula elegida por él, pero ese es apenas el comienzo de un largo proceso de construcción de confianza desde los cuarteles a la Casa de Nariño, cuyo inquilino y su ministro de Defensa han sido de las voces más críticas con los ciudadanos de uniforme COLPRENSA