Petro firmó decreto de consulta popular y lo envió a la C. Constitucional
- Acta Diurna
- 12 jun
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El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto 0639 del 11 de junio de 2025 por medio del cual convoca a una consulta popular nacional que se realizará el 7 de agosto. La jornada busca que los ciudadanos se pronuncien sobre una serie de preguntas de trascendencia nacional relacionadas con derechos laborales.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.
El Decreto establece en su artículo primero que se convoca “al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día siete (7) de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional”.
En el texto también se indica que, conforme al artículo 34 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, “desde que entre en vigencia el presente decreto y hasta el 6 de agosto de 2025, se podrá realizar campaña a favor, en contra o por la abstención de la consulta popular”.
La fecha escogida, que cae en jueves, no coincide con ninguna otra jornada electoral, en cumplimiento del artículo 104 de la Constitución Política.
El decreto fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión. En el documento, el Gobierno argumenta que la decisión del Senado de la República de emitir concepto desfavorable frente a la consulta —tomada el 14 de mayo de 2025 con 49 votos en contra y 47 a favor— adolece de vicios de procedimiento y es contraria a la Constitución, razón por la cual fue inaplicada mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
“El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, explicó al Senado (...) que la consulta popular resultaba imperiosa ante la necesidad de acudir a todos los mecanismos institucionales democráticos disponibles en nuestro sistema constitucional para asegurar que se dé cumplimiento al mandato popular expresado mediante la elección presidencial ocurrida en junio de 2022”, señala el decreto.
El Gobierno sostiene que durante la sesión del Senado no se dio lectura a la proposición sometida a votación, se cerró el proceso de votación de manera intempestiva, se permitió la modificación de un voto después de cerrado el registro y se ignoró una apelación presentada durante el trámite parlamentario. “El caos y la confusión que generó el apresurado llamado a la votación sin que previamente se hubiera dado lectura de la proposición muestra la trascendencia de este requisito y la entidad del vicio”, se lee en el documento.
El decreto sostiene que se incurrió en un “manifiesto desconocimiento de las garantías fundamentales de los congresistas y de los ciudadanos a quienes representan”, lo que justifica la inaplicación del acto legislativo.
La consulta planteará 12 preguntas enfocadas en la recuperación de derechos laborales, incluyendo aspectos relacionados con trabajadoras domésticas, campesinos, madres comunitarias, trabajadores informales y personas en situación de discapacidad, entre otros sectores.
Petro reiteró en su mensaje que retirará el decreto si el Congreso aprueba positivamente los puntos contemplados en la consulta. “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo (…) sean respondidos positivamente por el Congreso”, escribió el mandatario.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la viabilidad y legalidad de la convocatoria. DATAIFX
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