El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó este martes el informe trimestral acerca de la implementación de paz y el panorama actual en el país con la guerra interna que se vive.
Massieu destacó el “profundo deseo” del Gobierno, de las autoridades, de las instituciones y hasta de las comunidades más vulnerables en la búsqueda de la paz en Colombia.
También resaltó las labores de la Comisión de la Verdad y de la JEP, de la que dijo está enfocada “en investigar los casos más emblemáticos y representativos del conflicto, los patrones asociados a los crímenes más graves, así como en sancionar a los máximos responsables de llevarlos a cabo”.
Precisamente sobre el Tribunal de paz, desde la ONU aseguraron que es importante que exista una autonomía e independencia para la toma de decisiones, lo cual han sido fundamentales para que la JEP haya llevado a cabo su mandato.
Sin embargo, para Massieu aún existen graves falencias que impiden la consecución de la paz en Colombia, como lo son la violencia contra líderes sociales, mujeres, niños y hasta los antiguos miembros de las FARC. Incluso, agregó que comunidades enteras piden acciones gubernamentales contra la violación de los derechos humanos.
“Líderes sociales, así como comunidades enteras, en particular indígenas y afrocolombianos, siguen sufriendo todo el impacto de la violencia persistente y de la limitada presencia de las instituciones del Estado en varias regiones. En mis recientes visitas a Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, este reclamo de seguridad fue una petición común de grupos étnicos, autoridades locales, sociedad civil, así como del sector privado”, aseguró.
Así mismo, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU se refirió a los ceses bilaterales al fuego y a los diálogos de paz con los grupos armados del ELN, Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia.
Por otro lado, sostuvo que constituyen un paso importante para la construcción de confianza en las negociaciones, pero que estos “no sustituyen las políticas de seguridad por parte del Estado destinadas a proveer protección y bienestar a las comunidades afectadas por el conflicto”.
En ese sentido, se pidió especialmente al EMC mantenerse enfocados en resolver sus diferencias en la mesa de conversaciones, a pesar de las dificultades actuales, pero rechazó los últimos ataques contra la población.
Aunque el informe trimestral presentado hoy en Nueva York al Consejo de Seguridad reconoció el aumento significativo de las asignaciones presupuestarias y los esfuerzos del Gobierno actual por varios ítems para la búsqueda de paz —como lo son los diálogos con grupos armados y hasta la entrega de tierras para resolver los conflictos relacionados—, también pidió acciones y resultados concretos en esa búsqueda.
“La necesidad de avances concretos y sostenibles en su implementación se ha hecho cada vez más apremiante con el paso del tiempo. En este sentido, recomiendo un mejor uso de la arquitectura para la implementación del Acuerdo, incluida la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, dijo un aparte.
Luego le hizo un llamado un “llamado al Gobierno para que concluya los instrumentos legales que permitan la pronta implementación del Programa Integral de Reincorporación, así como del Sistema Nacional de Reincorporación, con el fin de dar certidumbre a estos hombres y mujeres, y consolidar su transición a la vida civil”.
En la presentación del informe, también hablaron los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Japón, Corea y Ecuador.
Estos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron a las autoridades colombianas la obtención de nuevos avances en este proceso de paz y expresaron su preocupación por la violencia armada que sigue siendo muy elevada en varias zonas del país como Antioquia, Nariño, Cauca. También alertaron sobre la amenaza por la falta de seguridad en el país.
Al respecto, los embajadores solicitaron protección a los grupos indígenas, mujeres, niños, líderes sociales y excombatientes, quienes siguen siendo víctimas de confinamientos, desplazamientos, reclutamientos y de amenazas, respectivamente. COLPRENSA