Los pendientes que tendrá que resolver la Justicia Penal en 2021



Álvaro Uribe, Diego Cadena, Luis Fernando Andrade, Carlos Mattos, entre otros, son los nombres de los pendientes que tendrá que resolver la justicia ordinaria para 2021.


Uno de los principales retos es el que ronda la figura del expresidente Álvaro Uribe, el cual se encuentra en calidad de imputado por el proceso que se le sigue por su presunta manipulación de testigos.


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Esta decisión fue tomada el pasado 8 de noviembre por el Juez Cuarto de Conocimiento de Bogotá, quien consideró que la indagatoria rendida en la Corte Suprema en octubre de 2019, sí se puede equiparar a una imputación.


Esta es una decisión radical, que tendrá gran relevancia en 2021, pues significa que todas las pruebas practicadas por la Corte tienen validez y por lo tanto no será necesario comenzar el proceso desde cero.


Para el penalista Camilo Burbano, existen tres escenarios que podrían darse en este proceso el próximo año. El primero de ellos es que se puede precluir la investigación, el segundo es que puede presentar un escrito de acusación, y el tercero que lo ve improbable, es que Uribe y la Fiscalía adelanten un principio de oportunidad para que éste colabore con la justicia.


Siguiendo con esta misma línea, el abogado Diego Cadena fue formalizado como coautor del delito de soborno a testigo y fraude procesal por el Juez Tercero Penal de Bogotá, el cual citó para el 9, 10 y 11 de febrero la audiencia preparatoria de juicio oral, donde se determinará su responsabilidad.


Cadena es investigado por ofrecer dinero y asesorías jurídicas al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, con el objetivo de que este cambiara su testimonio en contra del expresidente Álvaro Uribe, en el proceso que se seguía en su contra en la Corte Suprema de Justicia.


Odebrecht


Otro caso que deberá resolver la justicia es el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien tiene un proceso abierto por interés indebido y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.


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Esto, según las autoridades, porque conoció y permitió el pago de millonarios sobornos a cambio de que Odebrecht se apropiara de la obra pública correspondiente a la ruta del sol, tramo Ocaña-Gamarra.


En este proceso deberán ser escuchados los testigos que faltan por declarar, entre ellos Otto Bula, quien tenía una audiencia prevista para el pasado 3 de diciembre, pero que fue aplazada por solicitud de la defensa de Andrade.


Se espera también la nueva imputación por parte de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la firma de varios otro sí en el proyecto de la Ruta del Sol III.


Cartel de La Toga


Otro caso importante para la justicia ordinaria tiene que ver con el mayor escándalo de corrupción en la historia de la justicia colombiana, que vinculó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ofrecían favores judiciales a cambio de dinero.


En este caso, están pendientes las declaraciones de Luis Gustavo Moreno, quien regresó a Colombia, luego de purgar una pena de más tres años en una cárcel de Estados Unidos, por el delito de lavado de activos.


En esta declaración, se espera que aporte información sobre quienes se favorecieron con las actividades de este cartel, y cómo fue el proceso para ser elegido fiscal anticorrupción por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez.


Además, Moreno tiene una condena pendiente de cuatro años, diez meses y 15 días de prisión.


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Entre los otros involucrados están Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, el primero se encuentra en proceso de juicio y el segundo fue llamado en junio de este año a juicio, pero este aún no ha empezado.


Caso Hyundai


Otro caso de connotación nacional es la audiencia preparatoria contra el empresario colombo-español Carlos Mattos, que quedó aplazada para el próximo año luego de varias prórrogas solicitadas por la defensa, quien alegó inconvenientes en el descubrimiento del material probatorio.


El empresario está siendo investigado como presunto responsable de cohecho, por haber entregado presuntamente $100 millones a la juez 16 civil municipal de Bogotá Ligia del Carmen Hernández, para que fallara a su favor en un litigio con una compañía ecuatoriana por la distribución de vehículos asiáticos en Colombia.


´Ñeñepolítica´


El mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho Parra y el Intendente Wadith Miguel Velásquez García, serán otro caso que la justicia deberá resolver el año que viene, pues tendrán que responder por los delitos de violación ilícita de comunicaciones (en dos casos), falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.


Estos hombres son investigados por ser los presuntos responsables de interceptar de manera irregular a cinco uniformados de la institución, quienes adelantaron un operativo en Cali, en el que se extravió un dinero.


Pero en la última audiencia también se les acusó por interceptar los teléfonos de Dilman Paz Potes y David Brayan Hernández Caicedo, quienes en el papel eran señalados de ser alias ´El Doctor´ y alias ´El Caleño´, integrantes de una organización criminal, pero que en realidad eran el presidente del sindicato de la Universidad del Valle y un ciudadano colombiano particular que nada tienen que ver con la investigación.


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Eduardo Pulgar


En agosto pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación y llamó a indagatoria al senador por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática.


La determinación la tomó el alto tribunal por la posible oferta ilegal de prebendas a un juez promiscuo municipal denunciada por el periodista Daniel Coronell en el portal web Los Danieles. Por tal acusación, la Sala Especial de Instrucción decretó la práctica de pruebas adicionales a las que recolectó durante la indagación previa adelantada por el magistrado instructor Marco Antonio Rueda Soto.


El exjuez Promiscuo Municipal de Uscuarí, Andrés Rodríguez Cáez, vinculado en el proceso como víctima rindió testimonio ante la Corte y, por solicitud de la Sala Especial de Instrucción, se encuentra acogido por el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.


Julián Bermeo


Julián Bermeo Casas está ante los estrados judiciales porque, presuntamente, se concertó con otras personas para la comisión de delitos contra la administración pública, dado que aparentemente exigió la entrega de dinero a cambio de retardar varias órdenes a policía judicial y regresar documentación enviada por una agencia de investigación extranjera, con el propósito de torpedear el trámite de reconocimiento de la garantía de no extradición adelantado ante la Sección de Revisión del Tribunal para La Paz, en el proceso que se le seguía a ‘Jesús Santrich’.


Durante este año, el proceso estuvo marcado por las dos solicitudes de libertad, por vencimiento de términos presentadas por la defensa, quien alegó que su cliente llevaba más de año y medio detenido y aún no se había iniciado el proceso judicial.


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Sin embargo, la juez desestimó estos argumentos y en este 2021 deberá iniciar el juicio oral, para que no se vuelvan a presentar estos alegatos.