Los diez desafíos del Caribe colombiano



Estamos en plena campaña electoral y se requieren propuestas. Tres Centros de Pensamiento del Caribe Colombiano, FUNDESARROLLO con sede en Barranquilla, ATARRAYA en Montería y CESORE en Valledupar se han unido con el fin de transmitirles a los candidatos presidenciales diez de los desafíos socioeconómicos más apremiantes que tiene nuestra región y sus posibles soluciones.


En el Caribe viven cerca de 11.000.000 de personas, en sus ocho departamentos bajo una sociedad y economía diversa. La región tiene un departamento insular, una cinta costera con cuatro ciudades importantes, una región continental con tres capitales y un sector rural atrasado y muy pobre.


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Para el 2019 el Caribe concentraba el 22,4 % de la población del país, producía el 15,2 % de su PIB, tenía el 29 % de los pobres y el 31,6 % de los pobres extremos. De sus 11.070.000 habitantes, el 46,2% (un poco más de 5.111.000) se encontraban bajo la línea de pobreza.

En los avances en contra de la pobreza también hay diferencias relevantes. Entre los años 2012-2019, pre-pandemia, mientras Córdoba redujo la pobreza del 66% al 54%, 12 puntos porcentuales y el Atlántico del 38% al 27%, 11 puntos porcentuales, el Cesar se estancó y tanto en el 2012 como en el 2019, su tasa de pobreza fue idéntica, 51,7% y La Guajira la más pobre pasó de 61,9% a 61,8%, reduciéndola prácticamente en nada.

Como parte de nuestra labor de tanques de pensamiento presentamos los diez principales desafíos de la región Caribe y propuestas de solución de acuerdo con las urgencias y necesidades departamentales.


1. Desnutrición


Durante el trimestre dic-2021-febrero 2022 solamente el 61% de los hogares del caribe consumió las tres comidas diarias según Pulso Social del DANE, mientras a nivel nacional lo hizo el 71%. Santa Marta logró que el 90% de sus hogares tuviese las tres comidas diarias, en Barranquilla lo hizo sólo el 40%, en Cartagena el 45% y en Sincelejo el 48%. En cuanto a mortalidad infantil, la media nacional es de 17 muertes por cada 1000 nacidos vivos, pero La Guajira, por ejemplo, tiene 53; y, finalmente la desnutrición infantil campea por las sábanas y ciudades de la región.


Son múltiples las causas de la desnutrición, incluso desde mucho antes de la pandemia. El COVID 19, acentúo el desempleo y la falta de ingresos que ya existía, la inflación de alimentos ha llegado al 26%, afectando sobre todo a los más pobres, y de otra parte el cambio y la variabilidad climática, el estrés hídrico y los altos costos de los fertilizantes han afectado la producción y oferta de alimentos.


Todo lo cual se ha unido para generar una tormenta perfecta que afecta la alimentación de los caribeños.


Como solución hay que atender tanto los efectos de la demanda como de la oferta. Aumentar las transferencias a los más pobres, pero sobre todo garantizar la cobertura y atender a los más débiles, mujeres embarazadas y gestantes, niños y adultos mayores. Esto implica lograr que los PAE sean no sólo de calidad y nutritivos, sino que no se roben dichos recursos. Son requeridos programas de educación nutricional y de control al desperdicio y pérdida de alimentos. Finalmente, y en esta lista corta de opciones, hay que invertir en procesos de investigación y desarrollo en la adaptación agrícola, para mejorar la producción de alimentos.


2. Educación


Diferentes estudios muestran que la región Caribe mantiene un patrón persistente y creciente de las brechas en calidad educativa tanto a nivel municipal como departamental. En los últimos resultados, en lectura crítica, con excepción de Atlántico y San Andrés, el resto de los departamentos se encuentra en la cola inferior con los menores puntajes promedios. El panorama con los resultados en matemáticas no es muy diferente, incluso la mayoría de los departamentos deterioran su posición en el escalafón nacional.


Basándonos en un trabajo previo de Bonnet y Ricciuli, proponemos el siguiente análisis: en el frente de las coberturas educativas la región no sale muy bien librada en los niveles de preescolar, dado que, en cuatro de sus ocho departamentos, Córdoba, Cesar, Magdalena y Atlántico, la tasa de cobertura en transición es inferior al promedio nacional


Para superar este desafío se hace relevante considerar una estrategia de intervención integral que considere el aumento en las coberturas de la educación preescolar y la extensión de la jornada única en instituciones educativas, a través de la ampliación de cupos desde los niveles educativos iniciales, así como avanzar con la construcción de nueva infraestructura educativa que permita conseguir estos objetivos. También garantizar los requisitos en alimentación escolar que estas políticas implican.


Otro rezago que mantiene la región se vincula con la alta incidencia del analfabetismo. De cada 100 hogares en la región Caribe, 15 cuentan con al menos un miembro que no sabe leer ni escribir, eso es 6 veces el panorama que se experimenta en Bogotá. Por lo tanto, se sugiere considerar el aprovechamiento de la infraestructura educativa actual e implementar jornadas especiales de alfabetización para adultos


Por otro lado, la región tiene menos docentes con formación profesional o con posgrado, así como resultados en las pruebas SABER PRO de las carreras de licenciatura ampliamente inferiores que en el resto del país


Para sobreponer las debilidades en materia de formación docente, es oportuno considerar el fortalecimiento de las instituciones educativas que ofrecen licenciatura para elevar esos programas a la clasificación de alta calidad. Por el lado de la demanda la propuesta debería girar alrededor de ampliar los programas de créditos condonables para carreras en licenciatura de alta calidad y el apoyo de becas para maestrías pertinentes de docentes en ejercicio, como también becas para estudiar inglés en el extranjero


Lo anterior debe ir de la mano con el fortalecimiento institucional de las secretarías de educación con programas de acompañamiento y con formación a rectores, para hacer posible la gestión y ejecución de las propuestas aquí sugeridas.


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3. Embarazo adolescente


El embarazo adolescente es una de las principales problemáticas de salud pública en la región Caribe. En el 2018, el Cesar presentó una tasa de 96 embarazos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años ubicándose en el segundo lugar entre los 10 departamentos con mayores tasas, superado solo por Guainía y seguido de Magdalena, La Guajira, Sucre, Bolívar y Atlántico. Cinco departamentos de la región entre los peores del país en este indicador.


Dentro de las principales consecuencias de los embarazos a temprana edad se encuentran la deserción escolar; la baja inserción laboral sobre todo de las mujeres jóvenes que se traduce en pérdidas de oportunidades de ingresos futuros; el mayor riesgo de muerte materna; niños y niñas con bajo peso al nacer y nacimientos prematuros. El embarazo adolescente es una trampa de pobreza.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que esta es una problemática multidimensional, es necesario implementar acciones en diversos frentes que permitan combatirla. Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de la población más joven debería ser parte de la agenda del gobierno local y nacional. El fortalecimiento de la educación sexual en la juventud desde la primaria es fundamental para garantizar una sexualidad saludable y segura; así como, la focalización de las acciones e intervenciones a los jóvenes más vulnerables como aquellos que no acuden a la escuela, que viven en zonas rurales y de conflicto, y, a las migrantes.


4. Servicios públicos


La ineficiente provisión de los servicios públicos y la falta de acceso a saneamiento básico son uno de los mayores indicadores de atraso en el desarrollo económico y social de la región Caribe. La carencia de acceso al agua y a los sistemas sanitarios provoca un sinnúmero de enfermedades que afectan el potencial productivo de adultos y tiene efectos en el largo plazo para la población más joven; la insalubridad reduce el tiempo en la escuela de niños impactando su capacidad de aprendizaje y desarrollo.


En el 2016, en el agregado regional, la cobertura en acueducto está seis puntos porcentuales por debajo del agregado nacional, con diferencias de alrededor de 43 puntos entre la zona urbana y rural. Cuatro de cinco habitantes de la región cuenta con acceso a acueducto y solo la mitad de su población se conecta a una red de alcantarilla



Por otro lado, adicional a su elevado costo, se encuentran los problemas de abastecimiento de la energía eléctrica que generan suspensiones e interrupciones del servicio afectando el desarrollo de diferentes actividades económicas. Según los indicadores de calidad del servicio SAIDI y SAIFI del 2019, publicados por la Superintendencia de Servicios Públicos, la Costa Caribe se mantiene como la región con una de las mayores frecuencias y duraciones de las interrupciones del servicio de energía en el país, siendo Córdoba y La Guajira los departamentos más afectados con alrededor de 83 y 80 horas de desconexión frente a un promedio nacional de 26 horas al año. A esto se le agrega, la gran preocupación por el alto impacto para la competitividad de la región y de los ingresos en la población de una región que alberga un tercio de los pobre en el país, el desmesurado incremento de las tarifas de energía autorizados por la CREG.


Para superar las deficiencias en la prestación de los servicios públicos es necesario realizar mayores inversiones por parte del gobierno central y local que permitan lograr coberturas universales en acueducto y alcantarillado a través del diseño de estrategias de intervención y focalización que se adapten al contexto social, ambiental y cultural de cada uno de los departamentos de la región Caribe. Así mismo, inversiones planificadas tanto en la generación como en la trasmisión de energía eléctrica, que garanticen y mejoren la eficiencia en la prestación del servicio a los hogares y empresas de la región.


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5. Productividad y diversificación productiva


La economía del caribe es compleja. Para el 2019, Atlántico y Bolívar concentraron cerca del 55 % de su producto interno bruto (PIB). De otra parte, cerca del 40 % del PIB guajiro y cesarense lo constituye un único sector, el carbonífero. Sucre, Magdalena y Córdoba son los departamentos en dónde las actividades de administración pública pesan más en el total de la producción, y, finalmente, el 50% del PIB de San Andrés depende del comercio.


El PIB pér cápita de 2020 de los departamentos del caribe está atrás del nacional con la excepción de San Andrés. Mientras el PIB per cápita nacional fue de casi 20 millones de pesos, el del Atlántico fue de $16,4 millones, Bolívar $15,8 millones y el más bajo, La Guajira, de sólo $8,7 millones; el más alto, Bogotá, alcanzó los $33,6 millones.


A nivel de competitividad, según el Consejo Privado de Competitividad para el período 2020-2021, el mejor posicionado fue el Atlántico de número 6, Bolívar de 11, mientras Córdoba, Sucre y La Guajira ocuparon los puestos 22, 23 y 25 respectivamente entre 33 entidades territoriales.


Ante esta situación, -bajo PIB per cápita y baja competitividad- es muy importante entender el territorio y sus puertos a la luz de la crisis que se presenta a nivel mundial, particularmente con la interrupción de las cadenas de suministros y la necesidad que tienen ciertos mercados de tener sus proveedores más cerca. A partir de allí, hay que sacar provecho de acuerdos comerciales, de posibilidades de aumentar exportaciones para lo que se requiere avanzar en la incorporación de tecnologías, fortalecer la educación pertinente y técnica en los sectores que ofrezcan ventajas comparativas y que sean estratégicas para la región.


Identificar y apoyar las iniciativas clúster más dinámicas, establecer alianzas público-privadas para sectores estratégicos con mucha participación de la academia y de investigadores. Finalmente hay que, avanzar hacia la diversificación productiva en toda la región, enfatizando en el Cesar y La Guajira vía agroindustria, servicios, energías renovables y turismo, para que dejen de depender del carbón.


6. Informalidad laboral


Debido a la alta informalidad, la región Caribe es una de la más rezagada con relación a la calidad del empleo. Para el 2019 la región tenía 4,71 millones de ocupados, lo que mostraba una tasa de ocupación de 55,4%. Sin embargo, el 70,2% de esta población se encontraba en la informalidad; en otras palabras, 7 de cada 10 ocupados en la región son informales y tienen una remuneración mensual promedio por debajo de los $550.000 mil pesos. A nivel de sectores económicos, dentro de los 10 grandes de la economía en seis de estos (comercio, servicios sociales, agricultura, industria, transporte, construcción y actividades inmobiliarias) la costa Caribe presenta mayores tasas de informalidad en comparación con otras regiones del país.


Dentro de los principales obstáculos que se mencionan como barreras para la creación de empleo formal se encuentra la deficiente capacidad laboral, lo cual se manifiesta en un desajuste entre los conocimientos-habilidades de las personas en busca de trabajo y los requerimientos del mercado laboral. Frente a esta problemática se hace necesario ahondar esfuerzos para caracterizar a la población informal para poder focalizar las políticas de transición a la formalidad; implementar políticas de desarrollo productivo que permitan determinar estrategias eficaces para promover el fortalecimiento del capital humano, de manera que éste se ajuste a la actual transformación industrial y así poder incentivar inversiones y desarrollo empresariales en la región, que mejoren la calidad del empleo y el desempeño de las economías regionales. De esta manera, a través del desarrollo y mejoras en la productividad regional se pueden generar nuevas oportunidades de empleos formales que contribuyan a disminuir sus altas tasas de informalidad


7. Ambiente


El país y en particular el Caribe han sido señalados por su alta vulnerabilidad al cambio y la variabilidad climática. Hay tres amenazas reales. El bosque seco tropical, predominante en la región, se está extinguiendo, sólo queda un 8% y la desertificación avanza. Los suelos están sufriendo procesos de degradación, erosión, salinización y compactación. Los cultivos no contralados y la ganadería sin prácticas de sostenibilidad han contribuido a ello. El régimen de lluvias está alterado y parte de la tierra cultivable está perdiendo su fertilidad.


En segundo lugar, los ecosistemas acuáticos (ríos, ciénagas, playones, caños, etc.) han sido afectados por sedimentación, deforestación, minería, ganadería, obras públicas y robo de agua, lo que ha generado sequías, tragedias invernales, inundaciones, hambre y pobreza porque han afectado la pesca y la agricultura. Hay una deuda histórica, como dice la profesora Sandra Vilardy, asociada con la desecación inducida para volver “tierras productivas” cientos de miles de hectáreas de humedales, que regulaban y aportaban agua a procesos ecológicos y productivos. Finalmente, la erosión costera y el ascenso del nivel del mar son una amenaza latente, por lo tanto, los niveles de vulnerabilidad de las ciudades costeras han aumentado y se requiere tener una agenda de atención ante esta problemática.


En el componente tierra, soluciones tipo reforestación, recuperación vegetativa, pago por servicios ambientales, y lo que se denomina una economía regenerativa es lo que se necesita para poder hacer un uso sostenible de sus recursos naturales. Restaurar suelos es fundamental para que los procesos de reforestación funcionen, para fortalecer la resiliencia climática, mantener y crear nuevos empleos, garantizar la seguridad alimentaria y la regulación del agua. Para recuperar los ecosistemas acuáticos se requiere de mayor control y regulación, pero sobre todo un mejor entendimiento del comportamiento de la naturaleza para no buscar soluciones contra-natura que empeoran la situación; finalmente, en el tema marítimo se requiere iniciar cuanto antes las obras de protección costera y la regulación respectiva.


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8. Gobiernos territoriales


La región Caribe cuenta con 197 municipios, de los cuales, 150 (76%) obtuvieron puntajes inferiores al promedio del año 2020 (50,8 puntos) en el índice de desempeño municipal que publica anualmente el DNP.


El índice, además, permite visibilizar en donde se concentran las mayores oportunidades de mejora para las entidades territoriales. Considerando que el puntaje promedio más bajo para la región Caribe se ubica en la categoría de movilización de recursos, esto hace referencia a débiles capacidades para recaudar ingresos por habitante, así como una escasa participación de los recursos propios en la inversión. A lo que se suma una baja gestión de recaudo por la vía de la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial, indicando que experimentan un mínimo recaudo predial efectivo y poco uso de instrumentos definidos en las normas de ordenamiento territorial.


Para avanzar sobre este frente, se hace relevante el fortalecimiento de los fiscos municipales, desde sus secretarías de hacienda y planeación, que les permita aumentar su autonomía y lograr una mayor ejecución pertinente de los proyectos requeridos en sus territorios.


Casi como una lista de buenas prácticas, expertos en la materia sugieren iniciar con planes de optimización de recursos propios que muestren compromiso en la búsqueda de fondos para la atención de necesidades de gasto-


En segunda instancia, es importante avanzar en la actualización de las bases tributarias de impuestos como el predial y e ICA, al igual que en la simplificación y facilitación del cobro y el pago, apoyados en estatutos tributarios con reglas claras de recaudo y fiscalización


Adicionalmente, implementar medidas para la modernización en los sistemas de facturación y cartera, haciéndolos indelebles al fraude y efectivos en el cobro.


9. Conectividad vial


Una de las principales limitantes a la competitividad regional, se encuentra estructurada en la conexión vial intraciudades y la urbano-rural.


En cuanto a la primera, principalmente sustentada en los sistemas de transporte masivo, es de advertir que éstos se han quedado rezagados ante el crecimiento de las ciudades, debido a la imposibilidad en consolidar un equilibrio entre lo financiero y la buena calidad del servicio. Fedesarrollo( 2013) demarca una serie de recomendaciones claves desde dos frentes: el financiero y el institucional. Desde el primero, hace mención a la necesidad de disponer de un vehículo financiero que les permita solventar las afugias de caja, consolidar un modelo integrado entre el servicio masivo y público y realizar una mejor gestión de la demanda para reducir el riesgo de operadores. Desde el frente institucional es necesario reglamentaciones de contratación más claras, fortalecer la capacidad de la autoridad de transporte en las ciudades, involucrar en los convenios de cofinanciación requerimientos de cumplimiento de resultados operativos, mejorar la gestión de rutas y regulación, y fortalecer capacidades de los gestores en la optimización de rutas.


Por otro lado, la conexión entre los departamentos se encuentra limitada por un mal estado de las vías bajo la administración de INVIAS, en donde la mayoría cuenta con más del 40% de su red vial primaria en estado regular, malo o muy malo.


De esta manera, se sugiere avanzar en un plan de conectividad apoyado en la intermodalidad, que no pierda de vista obras de infraestructura prioritaria, algunas de las cuales llevan años siendo demandadas por el territorio, mientras otras ya iniciaron su ejecución, pero deben ser supervisadas hasta alcanzar su adecuada operación, donde por mencionar algunas se citan, por ejemplo:


• Proyecto de la navegabilidad de Río Magdalena

• Proyecto del Canal del Dique

• Conexión Ciénaga - Barranquilla, incluyendo las obras para el manejo de la erosión costera

• Megaproyecto de La Mojana

• Implementación de las carreteras 4G con conectividad interdepartamental, priorizando la conexión de Córdoba con el Urabá Antioqueño.

• Rehabilitación de la vía Chinú- Lorica

• Construcción de puente vehicular sobre el San Jorge (Pica Pica)

• Ruta del Sol 2 y Ruta del Sol 3 (Doble calzada Valledupar-Santa Marta)

• Conexión Alta Guajira (Uribia – Puerto Bolívar – Estrella)


Por último, en este frente se debe considerar el impulso de un plan de conexión de la ruralidad a través del programa de vías terciarias y secundarias.


10. Acceso a las TICS


Desde antes de la crisis provocada por el COVID-19 existía la necesidad del desarrollo de políticas, programas de regulaciones y mayores inversiones en infraestructura para garantizar el acceso a toda la población a las tecnologías de información donde los desafíos aún siguen siendo sustanciales; una cobertura deficiente y desigual; altos costos de los datos y dispositivos y barreras en el acceso a la información.

Según el último informe sobre los indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información, la proporción de hogares que poseen conexión a internet se encuentran entre el 31% y 38% con excepciones como La Guajira con un porcentaje menor a 19% y Atlántico con valores entre el 40% y 55%. Así mismo, el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) muestra que en el 2020 la mayoría de los departamentos de la región Caribe se encuentran en un nivel medio-bajo en el desarrollo de las TIC.


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Las ciudades de la costa Caribe deben seguir avanzando en el acceso universal a las TIC y para esto es necesario aumentar las inversiones para ampliar la cobertura de las redes y llegar a la población más vulnerable. De igual manera, desarrollar e implementar programas educativos que promuevan la formación en el buen uso de la información y la tecnología , así como, entender la importancia que tienen en la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.


Lo que se haga en los anteriores 10 frentes tendrá mayor impacto si hay un compromiso expreso y oficial por la transparencia en la gestión y uso de los recursos públicos, con prácticas de buen gobierno corporativo tanto a nivel local como nacional.