Aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, ha manifestado en varias ocasiones su respeto por la independencia de la justicia (la más reciente de ellas, después de conocer que su hijo Nicolás Petro, admitió que recibió dineros para la campaña presidencial de su padre) no han sido pocas las veces en las que el mandatario se ha enfrentado directamente a decisiones judiciales o a pronunciamientos de los organismos de control.
La más grave de ellas, probablemente, cuando manifestó que él era el “jefe” del fiscal general de la Nación, lo que lo obligó a emitir un comunicado disculpándose y a sostener una reunión con los magistrados de las altas cortes para aclarar sus palabras.
Estos han sido algunos de los casos que se han presentado en su primer año de gobierno.
‘Primera linea’
El primer gran tema de discusión entre el mandatario y las entidades judiciales como la Fiscalía o la Procuraduría sucedió en diciembre del año 2022, cuando el presidente Petro firmó un decreto el cual le daba la libertad a los miembros de la denominada primera línea para nombrarlos gestores de paz.
En ese momento, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró ante medios que no entendía la razón de ser de esa función.
“La Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias ‘19’ o cualquier persona que haya cometido delitos graves u homicidios y que haya sido condenado por la justicia. Los condenados por la justicia están condenados por la justicia. Yo espero que la judicatura, con la cuál nosotros trabajamos, en el marco de su autonomía e independencia, tome las decisiones correspondientes en el marco del ordenamiento jurídico colombiano”, mencionó el fiscal Barbosa y agregó que no se suspendían los procesos ni las investigaciones.
Petro aseguró que “a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. Bueno, ¿y los vamos a dejar en la cárcel?, ese es un mensaje de la oligarquía colombiana, es: jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar, y los coloca como un trofeo, miren tenemos 300 jóvenes presos”.
"Yo soy el jefe del Fiscal"
En mayo del presente año surgió un nuevo choque de trenes entre el presidente y el fiscal.
Desde días anteriores, venían discutiendo acerca de una lista de personas amenazadas por el Clan del Golfo, a la que la Fiscalía, supuestamente, no le habría prestado atención. Después de no recibir respuesta de la entidad a sus peticiones de información, Petro dijo, desde España: “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.
Esas palabras provocaron la indignación del fiscal Barbosa y de la propia Corte Suprema de Justicia.
Aunque el presidente no se retractó de sus palabras, sí tuvo que publicar un comunicado en el que expresó su reconocimiento a la independencia de poderes.
En esta discusión también intervinieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez; de la Constitucional, Diana Fajardo; y de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, quienes sostuvieron una reunión con el presidente el 10 de mayo en el Palacio de Justicia luego de las discusiones entre las ramas del poder ejecutivo y legislativo.
Facultades de la Procuraduría
Conceptos y opiniones a favor de las reformas al ente de control desfilaron durante varias semanas en la Corte Constitucional para que tomará la decisión y en febrero de este año la entidad decidió que la Procuraduría mantendría las facultades para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, siempre y cuando la ejecución de la sanción queda suspendida hasta que el Consejo de Estado revise el caso y ratifique la decisión.
Petro manifestó sus inconformidades frente a la decisión. “Lástima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos. A ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal. Este que es el artículo 23 de la Convención americana debe ser acatado por el Estado colombiano. Presentaremos proyecto de ley al respecto ojalá en consenso con la actual procuraduría”, señaló.
Y la tensión con esta decisión aumentó en julio del 2023, cuando se conoció una carta enviada por el mandatario al ente de control en la que le advirtió que no cumplirá las sanciones impuestas a funcionarios electos.
“El presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría delegada Disciplinaria de Instrucción no reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes”, dice parte del texto.
Se refirió en particular al caso del alcalde de Riohacha (La Guajira), José Ramiro Bermúdez Cotes, quien fue suspendido debido a presuntas irregularidades en la contratación de la empresa de acueducto. COLPRENSA