Los ataques de la oposición hacia Petro son el combustible que alimenta su discurso

Por: Nerio Luis Mejía

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que incrementaba en un 23,7% el salario mínimo, y de exigir un nuevo decreto en ocho días con las variables técnicas omitidas por la administración, no debilita las políticas del mandatario. Por el contrario, fortalece su narrativa de justicia social y lo coloca en el centro del debate público.

El decreto demandado por sectores políticos contrarios al gobierno, recibió un espaldarazo judicial. Sin embargo, esos mismos sectores podrían enfrentar el rechazo de millones de votantes que celebraban el aumento del salario mínimo. Este incremento no es solo un ajuste económico: es un acto de justicia en un país marcado por la desigualdad, donde los ingresos de políticos y magistrados contrastan brutalmente con los de los obreros que apenas sobreviven. Negar el salario vital evidencia el desprecio de quienes ostentan poder hacia la clase trabajadora que ha construido el país con esfuerzo. En vísperas de elecciones, jugar con las necesidades del pueblo no es una estrategia inteligente, sino un acto de torpeza.

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Resulta inconcebible que sectores políticos y judiciales, que no producen ni una cebolla y viven de manera parasitaria a costa del ciudadano, nieguen la posibilidad mínima de dignidad a millones de personas. El presidente Gustavo Petro, al reconocer el salario vital, realizó un gesto de justicia hacia las trabajadoras y trabajadores colombianos. La medida ya había sido aceptada por gremios económicos y aplicada de inmediato por grandes grupos empresariales como Éxito, demostrando que el aumento no significa quiebra, sino dinamismo económico.

El fortalecimiento del poder adquisitivo impulsa la economía, como se ha visto en los últimos años. Por eso, la oposición que cuestiona al gobierno y promete cambios en favor del pueblo queda desenmascarada: sus acciones revelan mezquindad hacia quienes luchan día a día por sacar adelante el país.

La decisión judicial no afecta al gobierno; es un tiro en el pie de la oposición y de magistrados alineados con intereses políticos. No obedecen a la Constitución, sino a quienes los ternan para impartir una “justicia” que protege privilegios y niega al pueblo la posibilidad de un salario digno. Este ataque, lejos de debilitar a Petro, alimenta su discurso electoral cargado de un sentimiento profundo que clama justicia social.