Las consecuencias energéticas de la caída del decreto de emergencia

La estabilidad eléctrica de la región Caribe y la viabilidad de los programas sociales en Colombia se encuentran en un punto crítico tras la reciente determinación de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica.

Esta decisión judicial no es un simple trámite administrativo; representa un choque directo entre las facultades extraordinarias que el Ejecutivo busca para intervenir en crisis urgentes y los límites constitucionales que el alto tribunal debe proteger. En términos prácticos, la caída de este decreto anula la capacidad del Gobierno para mover recursos de manera inmediata hacia zonas vulnerables, lo que ha llevado al viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, a lanzar una advertencia alarmante: aproximadamente cinco millones de personas en tres departamentos de la Costa Norte podrían enfrentar un apagón masivo debido a la falta de fondos para subsidiar y mantener el sistema energético.

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Para comprender por qué la justicia y el Gobierno están en desacuerdo, es necesario analizar el mecanismo de la "emergencia económica". Según la Constitución colombiana, este es un estado de excepción que permite al presidente dictar leyes con fuerza de decreto sin pasar previamente por el debate en el Congreso, siempre y cuando existan hechos sobrevinientes que amenacen el orden económico o social. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sugerido que los problemas que el Gobierno intenta solucionar, como el déficit en las tarifas de energía o la atención a damnificados, no son "inesperados", sino estructurales, y por lo tanto deben resolverse mediante el trámite legislativo ordinario. Esto crea un vacío financiero inmediato, pues mientras el Gobierno debe ahora redactar y presentar nuevas leyes de financiamiento ante el Congreso —un proceso que puede tardar meses—, las necesidades de la población son de hoy.

El impacto más tangible de esta suspensión se traduce en un "tijeretazo" presupuestal obligatorio de $16,3 billones de pesos. Bajo la normativa fiscal vigente, si el Estado no cuenta con una ley de financiamiento aprobada que respalde los gastos proyectados, la ley le obliga a recortar de manera automática sus egresos para evitar un desfalco. El viceministro Pazos ha sido enfático en que el Gobierno ya agotó las "vías ordinarias", lo que significa que no hay más ahorros, redireccionamientos de partidas o ingresos corrientes disponibles. Sin el decreto de emergencia, el flujo de dinero se detiene en seco, dejando a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) operativamente paralizada frente a la actual ola invernal, sin recursos para entregar ayudas humanitarias o reconstruir infraestructura dañada.

La situación en la Costa Caribe es particularmente delicada debido a la estructura de costos de la energía en la región, donde las tarifas son significativamente más altas que en el resto del país y dependen de alivios estatales para ser pagables. Al suspenderse las medidas de emergencia, desaparecen los mecanismos de compensación que permitían mantener el servicio a pesar de las deudas acumuladas y los altos costos de generación. Pazos sostiene que esta decisión judicial "le da la espalda a la población más vulnerable", estableciendo una comparación histórica con cortes anteriores que declararon "estados de cosas inconstitucionales" para proteger derechos básicos en prisiones o poblaciones desplazadas. En esta ocasión, según el Ejecutivo, la paradoja es que la Corte, al intentar proteger el procedimiento legal y la separación de poderes, termina desprotegiendo a millones de ciudadanos que dependen de la intervención estatal para tener luz en sus hogares y atención ante desastres naturales.

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Ante este panorama de parálisis, la única salida para el Gobierno es retomar el camino largo: el Congreso de la República. El Ministerio de Hacienda se prepara ahora para presentar un paquete de leyes tributarias ordinarias con el fin de recuperar los recursos perdidos por la suspensión. No obstante, este camino está lleno de incertidumbre política y técnica. Mientras los proyectos de ley inician su trámite entre debates y votaciones, el país entra en una zona de riesgo fiscal donde el Estado se ve obligado a priorizar unas obligaciones sobre otras, dejando descubiertos derechos fundamentales bajo la premisa de que no hay fondos suficientes para cubrir la totalidad de las garantías sociales. La crisis, por lo tanto, ha pasado de ser una discusión sobre decretos a convertirse en una lucha por la supervivencia energética de una región entera y la capacidad de respuesta humanitaria de la nación.