La UNP: Un enfermo terminal que requiere ser desconectado

Por: Nerio Luis Mejía

La Unidad Nacional de Protección (UNP), creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011 para salvaguardar la vida, integridad y libertad de personas en situación de riesgo, nació bajo la sombra de una pesada herencia. Como sucesora de las funciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la entidad no solo absorbió tareas y personal de su antecesor, sino también vicios y dinámicas cuestionables. Hoy en día, es de conocimiento público que al interior de la UNP persisten redes de tráfico de influencias y actos de corrupción; con frecuencia, medios y autoridades documentan capturas de funcionarios vinculados a organizaciones criminales y al narcotráfico, así como el hallazgo de alijos de cocaína en vehículos oficiales utilizados para transportar personas al margen de la ley con total impunidad.

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Mientras esto sucede en las vías del país, la violencia en los territorios golpea con crudeza. En lo corrido de agosto de 2026, las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ya registran decenas de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el año. Se trata de una población vulnerable que requiere protección urgente y efectiva, pero cuya seguridad se ve desplazada debido a la asignación de medidas a altos funcionarios o personas con influencia política que no afrontan un riesgo extraordinario.

Las denuncias periodísticas de la Revista Semana revelan presuntas maniobras donde se asesora a figuras mediáticas para modificar su reevaluación de riesgo bajo el perfil de "activistas o defensoras de derechos humanos" y así mantener esquemas blindados. Resulta sumamente grave que los recursos de protección se distribuyan bajo criterios de influencia o favoritismo burocrático, mientras cientos de líderes de base enfrentamos el peligro diario en las veredas y municipios, defendiendo el territorio, el agua y los derechos comunitarios bajo la constante amenaza de las armas.

Salvo excepciones puntuales que involucran a figuras de la política nacional, el impacto sistemático de la violencia recae mayoritariamente sobre el liderazgo social y comunitario. Por ello, la UNP se percibe hoy como un sistema desnaturalizado que consume recursos públicos en medio de fallas estructurales. La entidad requiere una reestructuración profunda o una sustitución definitiva por un modelo transparente.

Para recuperar la legitimidad en la protección de los derechos constitucionales, se deben adoptar medidas de fondo:

• Depuración institucional: Investigaciones rigurosas por parte de los organismos de control para sancionar las redes internas de corrupción.

• Criterios técnicos de evaluación: Asignación de esquemas basados exclusivamente en estudios de riesgo objetivos, técnicos e imparciales, priorizando a las poblaciones rurales y vulnerables.

• Idoneidad del personal: Contratación de analistas, escoltas y personal directivo con altos estándares de ética y capacidad profesional en seguridad humana.

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Sea cual sea la orientación del gobierno de turno, las instituciones del Estado deben actuar para evitar que la protección de la vida termine convertida en un privilegio burocrático. En un escenario de incertidumbre institucional, la prioridad nacional debe ser garantizar la seguridad de quienes verdaderamente arriesgan la vida por sus comunidades.