Gustavo Petro: avance estructural, agujero fiscal y fracaso de la Paz Total
- Acta Diurna
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Por: Dany Oviedo Marino
El cuatrienio del presidente Gustavo Petro deja un cruce de agudas paradojas. La gestión del primer mandatario de izquierda en la historia moderna de Colombia no admite lecturas maniqueas: mientras las estadÃsticas del Estado registran logros incontestables en la reducción de la pobreza y una buena salud del mercado laboral, el déficit fiscal está en niveles crÃticos y la estrategia bandera de seguridad nacional —la Paz Total— encara la mayor expansión territorial de las economÃas criminales en dos décadas.
El milagro social en una economÃa en normalización
En el frente distributivo, los datos del Departamento Administrativo Nacional de EstadÃstica (DANE) respaldan la narrativa oficial. La pobreza monetaria descendió al 28%, la cifra más baja de la historia, permitiendo que cerca de 1,8 millones de colombianos abandonaran esta condición. Simultáneamente, la pobreza multidimensional cayó al 9,9%, logrando por primera vez en el paÃs llegar a cifras de un solo dÃgito.
A este escenario se suma la resiliencia del mercado de trabajo, que mantuvo la tasa de desempleo consolidada en el rango de un solo dÃgito.
Por otra parte, evaluar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) requiere rigor técnico: el ritmo de crecimiento (0,6% en 2023, 1,7% en 2024 y 2,6% en 2025) no debe juzgarse en comparación con el rebote atÃpico de 2021-2022, sino a la luz de la desaceleración global, el ciclo monetario y la capacidad potencial del paÃs.
El verdadero cuello de botella no estuvo en el consumo, sino en la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión privada), que registró caÃdas consecutivas inducidas por las altas tasas de interés del Banco de la República y la incertidumbre regulatoria en minerÃa, energÃa y vivienda. Esto impidió que la economÃa colombiana convergiera de manera más rápida hacia su crecimiento potencial (3,0% - 3,2%). Sin embargo, la economÃa colombiana inició un proceso de recuperación paulatina. Partiendo de un mÃnimo del 0,6% en 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) trazó una clara trayectoria ascendente al acelerarse hasta el 1,7% en 2024 y alcanzar el 2,6% en 2025, aproximándose de forma progresiva a su ritmo potencial.
Esta curva de dinamismo contrasta favorablemente con el entorno regional e internacional: mientras el promedio de las economÃas de América Latina atravesó una fase de bajo crecimiento situada entre el 2,2% en 2024 y el 2,4% en 2025 según la CEPAL, y el bloque de paÃses desarrollados de la OCDE registró avances moderados de entre el 1,2% y el 1,7% en el mismo trienio, Colombia logró consolidar una senda de aceleración continua que superó la media de crecimiento de los paÃses desarrollados durante el periodo de gobierno y se alineó con las economÃas regionales a final del mandato.
Este comportamiento puede deberse a dos factores básicos: la disipación del efecto pospandemia y el freno de mano aplicado en la polÃtica monetaria.
Por un lado, después del sobrecalentamiento de la demanda en la reactivación, la economÃa entró en una fase natural de enfriamiento y normalización cÃclica y, por otro, el endurecimiento monetario histórico que aplicó el Banco de la República con sus tasas de interés para frenar la inflación, generó un enfriamiento que redujo el consumo y frenó el crédito, cumpliendo su objetivo de bajar la inflación de alimentos, lo que protegió el poder adquisitivo de los hogares más pobres, pero redujo la capacidad de crecimiento económico del paÃs.
El boquete de las finanzas públicas
Si el frente social entrega un balance positivo, la hacienda pública muestra sus peores grietas en más de una década. El déficit fiscal del Gobierno Central se ubicó en niveles elevados de entre el 6,4% y el 7,1% del PIB, con un déficit primario —aquel que mide el gasto corriente excluyendo el pago de intereses— cercano al 2,6% del PIB, el descalce más severo sin contar el periodo extraordinario de la pandemia.
Las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señalan que el deterioro fiscal respondió a una combinación de choques judiciales, rigideces del gasto y metas de ingreso sobreestimadas:
El golpe constitucional a las regalÃas: La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición de deducir las regalÃas del Impuesto a la Renta para las empresas extractivas privó al Gobierno de recursos proyectados por más de $6,5 billones de pesos.
El acierto y el lÃmite del FEPC: En una medida de responsabilidad fiscal pero alto costo polÃtico, la administración Petro desmontó de manera paulatina el subsidio a la gasolina en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). No obstante, el desfase persistente en el diésel y un recaudo tributario por debajo de las metas presupuestadas anularon el margen de alivio en las cuentas netas.
El costo del endeudamiento: Con la deuda pública bruta rozando el 61% del PIB, la combinación de altas tasas de interés globales y locales disparó la partida destinada al pago de intereses, reduciendo el margen para la inversión pública.
Al haber consumido casi la totalidad del espacio fiscal, Petro le hereda al próximo gobierno la obligación de ejecutar un drástico ajuste del gasto o tramitar una nueva reforma tributaria para garantizar la sostenibilidad de la deuda y el gasto público.
Las reformas estructurales en disputa: Sistema pensional y salud
En el terreno legislativo e institucional, la agenda social del Gobierno concentró sus mayores esfuerzos y controversias en la reestructuración de los pilares del bienestar social.
La aprobación de la Reforma Pensional se erige como la victoria legislativa más significativa del cuatrienio. Al sustituir la competencia destructiva entre el régimen público (Colpensiones) y los fondos privados (AFP) por un sistema de pilares -tal como lo recomienda el Banco Mundial para que el sistema sea más resistente ante crisis económicas y cambios demográficos.-, el Gobierno logró garantizar una renta básica digna a más de 2,5 millones de adultos mayores en extrema pobreza mediante el Pilar Solidario. Sin embargo, algunos centros de estudio económico señalan dudas sobre la sostenibilidad del pasivo público en Colpensiones.
En contraste con la pensional, la transformación del Sistema de Salud atravesó un camino tormentoso. El atasco y posterior naufragio del proyecto de ley original en el Congreso derivó en un reordenamiento de facto ejecutado por la vÃa administrativa.
Frente al deterioro financiero de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), el Ministerio de Salud y la Superintendencia aplicaron intervenciones administrativas a los mayores aseguradores del paÃs (como Sanitas y Nueva EPS), asumiendo la gestión del aseguramiento de más del 60% de la población afiliada. Aunque el Gobierno aceleró el giro directo de recursos a través de la ADRES a la red de clÃnicas y hospitales, sectores médicos y gremiales denunciaron que el congelamiento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), provocó desabastecimiento puntual de medicamentos, congestión en la atención especializada y un peligroso represamiento de la cartera del sector sanitario.
Reforma agraria y estÃmulo a industrias no extractivas
El modelo de desarrollo del Gobierno Petro planteó una ruptura conceptual con el extractivismo, buscando desplazar la dependencia del carbón y el petróleo hacia la agricultura, el turismo y la reindustrialización limpia.
Con ese norte (y en cumplimiento del Acuerdo de Paz), la administración dinamizó la compra voluntaria y la titulación de predios rurales, respaldada por un hito histórico: el acuerdo firmado con Fedegán para la adquisición de tierras ganaderas fértiles. Se formalizaron e ingresaron al Fondo de Tierras más de un millón de hectáreas destinadas a comunidades campesinas, indÃgenas y afrodescendientes.
Por su parte, la polÃtica de Transición Energética Justa y la reindustrialización buscaron diversificar la matriz de divisas de Colombia. Los resultados mostraron progresos sectoriales notables junto a tensiones macroeconómicas:
Bajo la estrategia de promoción exterior ("Colombia, PaÃs de la Belleza"), la llegada de visitantes extranjeros y el recaudo por divisas turÃsticas alcanzaron cifras récord, posicionando al sector como el segundo mayor generador de divisas después de los hidrocarburos.
Por su parte, la entrada en operación de parques solares y granjas fotovoltaicas multiplicó la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energÃa limpia en la matriz nacional. Sin embargo, el paÃs todavÃa tiene un déficit en producción de energÃa eléctrica y construcción de redes de transmisión, asà como una alta dependencia en la energÃa hidráulica.
Sin embargo, dado que la agricultura, el turismo y las manufacturas ligeras aún no cuentan con la escala suficiente para sustituir la cantidad de divisas e ingresos fiscales del petróleo y el carbón, la decisión polÃtica de frenar la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos redujo la inversión extranjera directa, pues es en los sectores rentÃsticos y extractivos a donde históricamente llega.
La Paz Total: expansión territorial de los grupos armados
El mayor fracaso del gobierno saliente se concentra en el orden público. La polÃtica de Paz Total, concebida como una arquitectura para la negociación simultánea con las guerrillas y el sometimiento de estructuras criminales, derivó en una grave fragmentación del control territorial.
Varios análisis muestran que la implementación de ceses al fuego bilaterales sin protocolos estrictos de verificación territorial limitó las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública sin lograr el desmonte de los grupos ilegales. Por el contrario, estas decisiones aumentaron el poder de estos grupos al margen de la ley.
Tras múltiples rondas de diálogo el proceso con el ELN se congeló luego de graves atentados a infraestructuras y unidades militares en regiones como Arauca. Las disidencias de las FARC se fracturaron entre el Estado Mayor Central (EMC) que mantuvieron unas conversaciones frágiles y sin rumbo y el bloque comandado por 'Iván Mordisco' quien rompió el cese al fuego y desató una violenta ofensiva con drones y explosivos en Cauca, Valle del Cauca y Nariño que todavÃa persiste. Los diálogos con el Clan del Golfo enfrentaron múltiples suspensiones, cuestionamientos por presuntos acuerdos bajo cuerda y un estancamiento definitivo de cara al final del mandato presidencial.
Ello produjo el aumento de los hombres en armas (pasaron de 15.000 combatientes en 2022 a superar los 27.000 integrantes activos) y la expansión territorial de estos grupos que ahora tienen influencia en al menos 600 municipios.
En consonancia con lo anterior, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) concluye muy concretamente en uno de sus informes: "El error táctico de la Paz Total fue otorgar treguas operativas sin exigir la congelación de las economÃas ilÃcitas. Al reducir la presión militar sin mecanismos eficaces de verificación, las estructuras criminales ampliaron su control en cuencas estratégicas como el Cañón del Micay, el Catatumbo y el Chocó".
Legado de luces y sombras
El mandato de Gustavo Petro concluye dejando una huella imborrable pero ambivalente. En el plano social, su gestión demostró que la combinación de aumentos en el salario mÃnimo, fortalecimiento de sectores económicos diferentes a los rentÃsiticos y extractivos, transferencias focalizadas y desaceleración de la inflación de alimentos puede golpear con fuerza los indicadores de pobreza.
Sin embargo, esos avances sociales descansan sobre un abultado déficit fiscal, una economÃa que no alcanza el potencial económico (aun cuando ya esto sea una constante en nuestro paÃs) y la pérdida de control territorial frente al crimen organizado dejan una nación con mejores métricas de equidad, pero con serias restricciones financieras y de seguridad para sostenerlas a largo plazo.