La loca de los gatos no era una metáfora

Por: Sarah M. Cayón.

Hay un tipo de mujer que el mundo está dispuesto a amar. Caminaba entre chimpancés con la paciencia de quien ha renunciado al ruido humano. Hablaba de los bosques con una voz que no exige nada, solo invita. Ella era dulce diciéndonos lo que estamos perdiendo y lo hacía con tanta elegancia que casi no duele. Jane Goodall significa, en muchos sentidos, el ambientalismo que la civilización se permite: sabio, femenino en el sentido más romántico del término, inofensivo para el orden económico. Se le entregan reconocimientos, se le pone su nombre a fundaciones. La admiramos porque no nos exige cambiar nada urgente. Solo nos recuerda que los animales sienten, y eso, mientras no toque el precio del bistec ni el valor del terreno, es perfectamente tolerable.

El problema empieza cuando una mujer deja de recordarnos y comienza a exigirnos.

Greta Thunberg tenía dieciséis años cuando el mundo decidió que era adorable. Una niña sueca con trenzas y cartel, de pie frente al Parlamento Europeo, en la cumbre de Acción Climática en la ONU donde pronunció el famoso “¿Cómo se atreven?”. Los titulares la describían como "inspiradora", "valiente", "esperanzadora". Era el tipo de activismo que los adultos pueden aplaudir sin culpa: una niña linda que protesta, un símbolo que no vota, una imagen que no legisla. La fotografiaron con líderes mundiales. Apareció en la portada de Time. Se convirtió en mercancía emocional para una época que necesitaba sentir que algo bueno era posible. Luego creció. Y dejó de ser tierna.

Lea también: Ecocidios en Latinoamérica, una problemática en aumento

Cuando Greta empezó a nombrar empresas, a señalar a políticos por su nombre, algo cambió en el tono de la conversación global. Los mismos medios que la habían coronado comenzaron a cuestionar su salud mental. Los mismos líderes que se habían fotografiado con ella la acusaron de ser manipulada, de estar radicalizada, de ser un instrumento de agendas oscuras. Donald Trump se burló de ella en la red social favorita de los presidentes, si, esa, la del pajarito. Hombres adultos, con poder y tribuna, dedicaron energía en ridiculizar a una adolescente porque había tenido la imprudencia de tomarse en serio eso de usar su voz para cambiar el mundo.

El patrón no es nuevo. Es, de hecho, uno de los mecanismos más antiguos de control social sobre las mujeres que se atreven a nombrar lo que el poder prefiere que permanezca en silencio, se les celebra cuando son símbolo, se les castiga cuando se vuelven sujeto.

América Latina entiende esto de manera más brutal y menos metafórica.

Aquí, las mujeres que defienden el medioambiente no terminan en portadas de revistas. Terminan en listas de amenazas, sus cuerpos mancillados en los caminos rurales. Según Global Witness y en la misma línea, ONU Derechos Humanos en sus informes, señalan que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales. Las cifras varían según el año, pero la constante no: quienes protegen páramos, ríos, bosques y territorios son asesinados con una frecuencia que la sociedad colombiana ha aprendido a tolerar como se tolera el clima: con resignación y distancia. La mayoría de las víctimas son mujeres y hombres de comunidades rurales, gente que no aparecerá en portadas de Time, ni será su nombre el del nuevo parque que el alcalde inaugure.

La violencia contra los defensores ambientales en Colombia no es un accidente del subdesarrollo. Es una política. Una política de clase, de raza, de territorio. Quien defiende un ecosistema está, casi siempre, enfrentando intereses económicos concretos: minería, ganadería extensiva, agroindustria, urbanización especulativa. Y el Estado, en su mejor versión, mira hacia otro lado. En su peor versión, presta el aparato judicial para proteger la inversión.

Lea también: La Ciénaga Grande de Santa Marta: al borde del colapso

Pero no hace falta irse al campo para entender cómo funciona esta lógica. A veces basta con mirar una urbanización de lujo en Barranquilla.

En el norte de esa ciudad, donde el calor aplana el tiempo y el dinero construye muros con nombres antecedidos de altos de… o lagos de…, hay una mujer que lleva años enfrentando algo que podría parecer menor si no fuera tan revelador. Un club campestre y un condominio exclusivo han comenzado a presionar para desplazar, capturar o simplemente hacer desaparecer a los perros y gatos comunitarios que habitan los bordes de ese territorio. Animales que no tienen dueño visible, que no caben en la estética del lujo, que ensucian la promesa de un espacio "exclusivo" y con frecuencia autoproclamado "pet friendly".

Esa contradicción merece revisarse un momento: "pet friendly" para los animales de pedigrí que viajan en bolso y van con paseador al parque. No para los que duermen en la calle.

La mujer que los defiende ha sido llamada loca de los gatos, histérica, problemática. Ha recibido la condescendencia particular que la sociedad reserva para las animalistas: esa mezcla de lástima y fastidio con que se trata a quien antepone la vida de un perro o gato callejero al bienestar estético de una comunidad cerrada. Sus denuncias no aparecen en los noticieros. Sus fotografías de los animales desplazados circulan en grupos de WhatsApp y en los celulares de sus amigas, no en editoriales. El club campestre tiene socios escandalizados, el condominio su administración y plusvalía, ella tiene indignación y persistencia.

No es una historia de héroes y villanos. Es una historia sobre cómo se administra la visibilidad del sufrimiento. Los animales de compañía de las clases altas tienen spa, fiesta de cumpleaños, seguro médico y publicaciones en redes. Los animales comunitarios, los que no pertenecen a nadie porque pertenecen a todos, son un problema sanitario, una molestia urbanística, una presencia que desvaloriza y la mujer que señala esa diferencia es, en el mejor de los casos, una romántica. En el peor, una amenaza a la convivencia.

Lea también: Los perros nacen preparados para comunicarse con los humanos

Lo que conecta a Jane Goodall con Greta Thunberg, y a ambas con esta mujer en Barranquilla, no es la escala de sus batallas. Es la narrativa social con que se les responde. Se les tolera mientras no suban mucho el tono. Se les admira mientras no incomoden. Se les celebra mientras el espejo que nos ponen en frente no refleja nuestra propia complicidad.

El ambientalismo que le gusta al mundo es el que ocurre lejos: en la selva, en el Ártico, en el pasado. El que incomoda es el que sucede aquí, en el condominio, en la política de salud pública de la ciudad, en el modelo de desarrollo que financiamos con nuestros impuestos y nuestras elecciones. Y quienes señalan estas injusticias —casi siempre mujeres y casi siempre sin respaldo social o institucional— pagan el precio de su auténtica preocupación por el bienestar de los animalitos que buscan cobijar sin pedir permiso a los poderes hegemónicos.

La sociedad no llama locas de los gatos a las defensoras porque las odia, las ridiculiza y disminuye porque dejan de ser metáforas.

Queda, al final, una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero sí tiene urgencia: ¿en qué momento decidimos que el valor de una vida —humana, animal o de un ecosistema completo— depende de cuánto incomoda a quienes tienen el poder de silenciarla?