Por varios problemas como acceso a la alimentación, hacinamiento, malos tratos y hasta cobros ilegales por asignación de celdas, la Corte Constitucional ordenó una investigación al Inpec, tras una acción de tutela interpuesta por 36 privados de la libertad.
Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y debido a que existe un estado de cosas Inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria, la sala segunda de revisión encontró varias irregularidades que se presentan al interior de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Sobre las denuncias en los presuntos cobros para la asignación de celdas, la Corte ordenó al Inpec que adelante las investigaciones y adopte un plan para mejorar estas irregularidades.
En lo que respecta a los problemas en el acceso a la alimentación, la sala tuvo en cuenta la denuncia de un contratista que aseguraba que terceros saqueaban la comida sin el control de los guardias.
“La problemática es generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”.
Estas denuncias se suman a la falta de higiene y salubridad dentro del penal, en el que también existe la presencia de roedores e insectos.
La tutela de los presos también denunciaba los tratos crueles e inhumanos por parte de guardias. Sobre esto, la Corte otorgó 15 días al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y a la dirección de La Picota, a que modifique el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones y las requisas intrusivas que se consideran ilegales.
La Corte determinó que el tema de la alimentación y el acceso a otros bienes básicos, ya que “no puede suspenderse o limitarse, por lo que también ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) iniciar las investigaciones disciplinarias pertinentes”.
COLPRENSA