ASOJUA denuncia 9 años de parálisis judicial

La Asociación de Pensionados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA) ha lanzado un enérgico llamado de atención ante lo que consideran una dilación injustificada por parte del sistema judicial. En el centro de la polémica se encuentra el Juez Décimo Administrativo, Francisco Vides, a quien la asociación cuestiona por no haber resuelto un incidente de desacato que cursa en su despacho desde hace casi una década.

El origen de esta disputa legal se remonta a principios de 2010, cuando ASOJUA interpuso una Acción Popular contra el Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Atlántico. El motivo: el incumplimiento en los porcentajes de aporte al fondo pensional de la universidad, según lo estipulado por la Ley 100/93.A pesar de que la justicia falló a favor de los pensionados en primera instancia (septiembre de 2010) y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico (octubre de 2012), el Ministerio de Hacienda ha mantenido una postura de desconocimiento hacia estas sentencias.

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Según los cálculos presentados por ASOJUA, el impacto financiero para la institución educativa es crítico. La sentencia de 2010 estableció que el Ministerio debe aportar el 83.78% del valor de las pensiones y la Gobernación el 12.9%. Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama muy distinto:

Aunque el cuadro de porcentajes indica cumplimiento por parte de la Gobernación en el semestre actual, ASOJUA señala que en el consolidado anual de 2025, la entidad dejó de girar $2.926 millones. En total, solo en el año 2025, ambas entidades habrían dejado de enviar $21.708 millones al Fondo de Pensiones de la universidad. La asociación critica que, tras una audiencia virtual realizada en septiembre de 2025, el juez Francisco Vides decidiera solicitar un nuevo estudio actuarial a la Universidad Nacional de Colombia. Para ASOJUA, esta medida es una táctica para "dilatar más el proceso", argumentando que las pruebas entregadas son suficientes para demostrar que el Ministerio no cumple con los fallos judiciales previos.

"Ningún funcionario público puede constituirse en un juez de la república; desconocer un fallo judicial es cometer un delito", sostiene la asociación, haciendo referencia a la postura de los funcionarios de Hacienda que se niegan a respaldar financieramente ciertas pensiones.

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ASOJUA no solo apunta al juez. Ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la Nación para sancionar a los funcionarios del Ministerio de Hacienda por presunto desconocimiento de fallo judicial. Asimismo, instan al Ministerio de Educación, al Rector de la Universidad y a la representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior a presionar para que se cumpla la ley.

La asociación advierte que esta mora judicial no solo afecta a los jubilados, sino que drena los recursos propios de la Universidad del Atlántico, impactando directamente en la calidad educativa de los jóvenes.