El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Justicia, publicó el borrador de decreto que fija los términos en los que regresaría a Colombia la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato por vía aérea.
En él, se describen todas las entidades gubernamentales que harían parte de la regulación y las tareas pendientes de autoridades nacionales como el Instituto Nacional de Salud y la Policía Nacional en caso de que se aprueben nuevamente la aspersión.
La normativa “por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”, según reza el decreto, surge como una exigencia que impuso la Corte Constitucional para el regreso de las aspersiones, las cuales quedaron suspendidas desde 2015.
Dentro del documento se detalla que quedarían excluidas las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, entre otros ecosistemas protegidos como páramos, humedales y manglares. Mientras que sería el Consejo Nacional de Estupefacientes el encargado de definir dónde se ejecutará el programa de aspersión y donde no.
Así mismo, el borrador de decreto dispone que el Instituto Nacional de Salud deberá emitir un concepto sobre la mezcla del producto a utilizarse en la aspersión y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, deberá hacer un seguimiento ambiental en las zonas donde se fumigue.
Para esto último, el ejecutor del programa tendrá la obligación de presentar un informe mensual sobre las operaciones de aspersión que se hayan realizado, presentando detalles ante INS, Anla, Ministerio de Salud, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y Fondo Nacional de Vivienda. Todo esto, precisamente, para evaluar y regular los riesgos sobre la salud y el medio ambiente.
El documento también afirma que la ejecución del Programa de Fumigación estaría a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Por su parte, las entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o cualquier autoridad nacional o territorial que evidencie alguna alerta sobre posibles riesgos o impactos del glifosato, estará en la obligación de informar a la entidad competente para que se realice una revisión y, en caso de que identifiquen un nuevo riesgo, envíen un informe al Consejo Nacional de Estupefacientes.
El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha referido al tema en varias ocasiones afirmando que la aspersión del glifosato deberá volver al país este año. Para el noticiero del canal nacional RCN, por ejemplo, afirmó que ya se tienen todos los equipos preparados para cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional y que, de esta manera, se podría dar inicio en abril con la aspersión aérea.
“Vamos a combinar todos los esfuerzos: primero, en erradicación manual; segundo, con desarrollo alternativo, pero también cumpliendo con los requisitos que establece la Corte Constitucional iniciaremos la aspersión en las zonas donde corresponde”, dijo el funcionario.
El decreto aún no puede entrar en rigor porque no se ha aprobado. La decisión del regreso del glifosato es del Consejo Nacional de Estupefacientes del que hacen parte varios ministerios, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.
Desde finales de 2019, el Gobierno ha buscado volver a la fumigación, a pesar de que en 2017 la Corte Constitucional lo prohibió argumentando los efectos del herbicida en la salud humana.
“Existen elementos para afirmar que el glifosato es una sustancia tóxica que, dependiendo del nivel de explosión, puede causar cáncer u otras afectaciones a células humanas”, señaló en ese momento el Alto Tribunal, a través de la sentencia T-236 de ese año. EL COLOMBIANO