Luego de transcurrido más de un mes del calendario electoral para los comicios de 2023, que inició el pasado 29 de octubre con la inscripción de cédulas y el registro de grupos significativos de ciudadanos (GSC), la MOE llama la atención sobre algunos hallazgos preliminares relacionados con esos procedimientos y sus procesos de contratación, que para estas elecciones asciende a $1.447.039.050.553, según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda.
Entre los hallazgos encontrados por la MOE en su ‘Primer informe de Monitoreo a la Contratación de Bienes y Servicios para las Elecciones de Autoridades Locales 2023 y Garantías de Acceso a la Información’, elaborado con corte a 9 de diciembre de 2022, se puede identificar una falta de planeación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), al iniciar procesos contractuales de forma posterior al inicio de las etapas electorales en las que estos van a operar.
A pesar de que el calendario electoral inició el pasado 29 de octubre con la inscripción de cédulas y el registro de grupos significativos de ciudadanos (GSC), la convocatoria para la contratación de las herramientas logísticas y tecnológicas para el desarrollo de estos procedimientos fue publicada hasta el 23 de noviembre.
La MOE afirmó no entender por qué la publicación de la convocatoria se hizo de forma tardía, si desde antes de la expedición del calendario la RNEC ya conocía las necesidades que en términos de contratación debían ser atendidas.
La limitación a la competencia derivadas de la modalidad de contratación de la RNEC (‘Selección Abreviada por la causal de Seguridad y Defensa Nacional’), es otro de los hallazgos de la Misión de Observación Electoral.
“En términos de fechas: La convocatoria para la contratación fue emitida el 23 de noviembre de 2022; la fecha para la presentación de propuestas fue el 13 de diciembre; la adjudicación del contrato será el 21 de diciembre, y la ejecución del mismo inicia el 27 de diciembre. Sin embargo, el 14 de diciembre se realizarán las pruebas técnicas”, indicó Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE.
Y añadió, “Esto quiere decir que los potenciales contratistas contarán con 20 días entre el aviso de convocatoria y la presentación de las propuestas, por lo que se presume que, dado el contexto de premura en el que se lleva a cabo la contratación, sólo podrán participar en este proceso quienes previamente ya hayan desarrollado una herramienta tecnológica como la requerida.
Frente a la elección de esta modalidad de contratación, la RNEC argumenta que esta se da a través de la modalidad de ‘Selección Abreviada bajo la causal de Seguridad y Defensa Nacional’, en tanto que los procesos electorales son de esta naturaleza. Sin embargo, para la MOE salta la duda de cómo es que una disminución en la duración de las etapas para escoger los contratistas podría brindar una mayor garantía de la protección del orden institucional, que la que brindaría escogerlos cumpliendo con todas las fases de una Licitación Pública.
Otro hallazgo detectado por la MOE tiene que ver con la falta de divulgación y comunicación oportuna del esquema y el cronograma para la adquisición de bienes y servicios para la logística electoral por parte de la RNEC. Y es que la entidad comenzó la adquisición de componentes electorales de manera repentina y sin haberlo comunicado oportunamente en su Plan Anual de Adquisiciones, como es deber de todas las entidades públicas, pues lo que hicieron fue actualizar este plan el 23 de noviembre de 2022, justo el mismo día de apertura de la convocatoria pública para la provisión de estos bienes y servicios.
Asimismo, esta organización destaca que la RNEC no cuenta con canales para un flujo abierto de información respecto de los procedimientos de inscripción de ciudadanos y de registro de grupos significativos de ciudadanos y que, de mantenerse la decisión de la RNEC de no proporcionar la información solicitada por la MOE a tiempo real, la observación electoral se vería gravemente afectada, al no contarse con la información necesaria, oportuna y suficiente para el monitoreo y vigilancia de procesos tan relevantes como la inscripción de cédulas, que es la base para la conformación del censo electoral.
Para Marlón Pabón, “de no adoptarse las garantías necesarias para el acceso a la información para todos los actores del proceso electoral se puede repetir lo ocurrido en las elecciones nacionales de 2022”.
Lo anterior se evidencia en el ‘Primer Informe sobre el Proceso de Inscripción de Cédulas. Elecciones Autoridades Locales 2023’, en el que la MOE evidencia que con motivo de la falta de información, no fue posible analizar los datos proporcionados a nivel de puestos de votación, ni desagregado por sexo, como en anteriores procesos electorales.
De acuerdo con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, “existe una dificultad en hacer análisis con un alcance submunicipal, pues la información proporcionada se encuentra agregada a nivel municipal. Si bien el acceso de consulta se le solicitó a la Registraduría desde el 31 de octubre de 2022, este no se encuentra disponible, y es algo que preocupa de cara al análisis y seguimiento que hace la MOE frente a una elección en la que las nuevas inscripciones se tornan determinantes para comicios de menor escala como los de Alcaldías Municipales, Concejos Municipales o Juntas Administradoras Locales”.
En este informe se da cuenta que durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre, un total de 24,114 personas dentro de Colombia han modificado su lugar de votación. Este número de inscripciones es un 153% menor en comparación con los inscritos durante el mismo periodo en relación con las elecciones de 2019, en el que, durante el primer mes un total de 61,001 ciudadanos cambiaron su puesto de votación.
A nivel departamental, la MOE resalta casos con altas tasas de inscripción como el Meta, la mayor tasa a nivel nacional con 3.26 inscritos por cada mil habitantes (más de 5.14 veces la tasa del nivel nacional). En segundo lugar, se encuentra el departamento de Chocó, con una tasa de 2.01 inscritos por cada mil habitantes, lo que significa que es 3.17 veces la tasa nacional.
En cuanto al análisis municipal, se destacan 13 municipios, que tienen la tasa de inscripción más alta de todo el país, 14 veces superior a la tasa nacional. Dentro de estos, es necesario llamar la atención sobre los casos de Puerto Gaitán (Meta) y Cabuyaro (Meta) pues no es la primera vez que son resaltados por la MOE en este análisis de inscripción de cédulas, ya que, para los procesos electorales previos, tanto de Elecciones Nacionales como de Autoridades Locales, han sido alertados por su alta inscripción de cédulas.
Finalmente, la MOE invita a que la RNEC en colaboración con el Consejo Nacional Electoral adopten las garantías necesarias para que se adecuen y fortalezcan los procesos de planeación, exista una comunicación oportuna y se contemplan las medidas necesarias para que se materialice el acceso a la información para garantizar un monitoreo, supervisión y veeduría efectiva de todas las etapas de los comicios.
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