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MOE propone reformar el CNE y la Registraduría



Las 30 coordinaciones regionales que conforman la Misión de Observación Electoral -MOE- con el objetivo de evaluar y hacer recomendaciones para mejorar la calidad de los procesos electorales y, por ende, de la democracia colombiana. Estas recomendaciones, que requieren diferentes tipos de trámites legislativos, están dirigidas tanto a las organizaciones políticas que se han declarado de Gobierno, como a aquellas en oposición e independientes.


Las coordinaciones de la observación electoral coincidieron en la urgencia de efectuar, en esta primera legislatura, las reformas constitucionales correspondientes a, de una parte, la modificación a la arquitectura institucional; es decir, realizar reformas al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, avanzando -de igual manera- hacia una Corte Electoral.


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“Esto con el objetivo de resolver los problemas evidenciados en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales, y generar mayor certeza y confianza en los resultados en cada una de las etapas de los comicios; así como mayores garantías de transparencia para las organizaciones y partidos políticos” indicaron los coordinadores de la MOE.


La segunda reforma constitucional, que se requiere presentar en la legislatura que inició el pasado 20 de julio, es la correspondiente a la del sistema de partidos, que implica la implementación de las listas cerradas, con alternancia y paritarias, para ello se requiere de democracia interna en los partidos y de financiación anticipada de las campañas políticas. “El actual sistema de partidos no promueve la democracia interna, no es incluyente, y facilita el ingreso de recursos ilegales e ilícitos a las campañas políticas”, señaló Alejandra Barrios, Directora de la MOE.


Asimismo, el equipo de regionales que coordina la MOE invita al Congreso a reglamentar tanto la ‘participación en política de los funcionarios públicos’, como ‘las coaliciones partidistas’.


Frente a la participación en política de funcionarios públicos, se requiere delimitar el alcance de la prohibición para las diferentes categorías. “Esta no debe ser la misma para un Gobernador, Ministro, Alcalde o profesor de entidad pública. Lo que tenemos ahora es desproporcionado, y no responde a la realidad de las campañas electorales”, señaló Alejandro Sanchez, coordinador de la Regional Valle del Cauca y coordinador del

Observatorio Cali Visible.


En cuanto a las coaliciones de las organizaciones políticas, estas no están reglamentadas. De acuerdo con Veronica Tabares, coordinadora de la MOE Antioquia y directora de Viva la Ciudadanía de dicho Departamento, “La falta de certezas puede desencadenar un caos político en las corporaciones públicas que termina afectando el correcto desarrollo de la función legislativa”.


Desde el 2015 que se aprobaron las coaliciones para el Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, la figura de las coaliciones han ido convirtiéndose progresivamente en una figura cada vez más usada. No obstante, “los problemas que han surgido por la ausencia de reglamentación son cada vez más graves, en la medida en que se incrementan las incertidumbres sobre cómo deben operar estas frente al funcionamiento en bancadas, la declaración política (de Gobierno, de oposición o independientes), la financiación y la responsabilidad política”, recordó el Padre Napoleón García, Coordinador de la MOE Chocó.


Finalmente, las propuestas que plantea la MOE para que el Congreso efectúe en los siguientes cuatro años son, en el siguiente orden:



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De acuerdo a la Misión de Observación Electoral, esta agenda debe ser implementada durante los próximos 4 años, por lo que iniciará diálogos con las diferentes bancadas sobre los temas de reforma anteriormente señalados.

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