Por Francisco Cifuentes
En medio de discusiones éticas que no se pueden esconder de ninguna manera y de implicaciones políticas que tampoco se pueden evadir, se presenta lo que será el próximo Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, para el cuatrienio que ya se inició. También está dentro del contexto, la grave coyuntura de la crisis regional en el Bajo Cauca Antioqueño, que tiene antecedentes de larga data, con los cuales también han lidiado gobiernos anteriores. El problema minero, no solo es minero, es de pobreza extrema entre campesinos, moradores y trabajadores de esta área de la economía y otras; esto, además está ligado a los diferentes actores armados, ligados a ideologías o no, y a la simple delincuencia común relacionada con carteles y tentáculos internacionales. Es decir, hay problemas ancestrales, estructurales e internacionales que no se pueden resolver de un tajo y menos, solamente con operaciones militares; sin desconocer la necesidad de la presencia estatal en cuestiones de seguridad policiva y militar. Así, pues, el tema trasciende el amarillismo de la prensa y la inmediatez que reclaman las voces opositoras; sin ningún marco y sin ninguna integralidad. Hay que empezarlo a solucionar ya, pero el tema es más complejo.
El tema del Plan de Desarrollo está igualmente atravesado por la discusión nacional en torno a la Reforma a la Salud, que toca al sistema en áreas administrativas, financieras, de prestación de servicio, de cobertura, de calidad y de prevención. Nadie puede discutir avances en estas áreas en Colombia, desde la Constitución de 1991 y de las leyes y normas que la han desarrollado en estas temáticas. Pero todo el país sabe que la tramitología de las EPS atenta contra el servicio eficiente e inmediato; que existen unos pulpos financieros que se comen gran parte del presupuesto nacional y de todos los colombianos. Solamente en la última década los ciudadanos hemos padecido la quiebra de EPS y el salvavidas del Estado. Aquí en el Quindío esto fue desastroso, justo antes de nacer la Nueva EPS. Cuando se prevé con alarmismo que la próxima reforma entregaría el servicio a la politiquería regional y local, no se le puede esconder al país que el monopolio privado de la salud está muy relacionado con grandes políticos dueños y accionistas y que por lo tanto interfieren directamente por lo alto, las decisiones y las inversiones del sistema. Al respecto, aspiramos a una verdadera concertación política y programática con el Partido Liberal, el Partido Conservador, otros sectores y los agrupado en el Pacto Histórico, que permita salvar la reforma.
El análisis, la discusión y la aprobación del Plan de Desarrollo está correlacionado con la atrevida propuesta del presidente Petro, de la Paz Total. No hay paz total sin asumir el tema de la extrema pobreza, sin trabajar intensa y visiblemente en cuestiones de reforma agraria y entrega de tierras; lo que ya se inició por parte del Ministerio de Agricultura en la Costa Atlántica, donde el latifundio es evidente. No puede haber paz total sin negociaciones parceladas y a la vez integradas, sin gestiones públicas y privadas como lo hacen todos los gobiernos en el mundo y no solo aquí, desde hace muchos años. Tampoco puede haber Paz Total, sin la intervención estatal en el desarrollo regional y local de las zonas más sensibles al fenómeno de la lucha armada y los aparatos ilegales; sin volver a tomar por los cachos el grave problema del narcotráfico, no solamente en su distribución y consumo, sino en su cultivo y procesamiento. Es preciso reconocer que este flagelo ha penetrado personas, familias, campañas y gobiernos y requiere una lucha abierta, combinada con negociaciones. De ninguna manera se pueden desconocer los actores de la llamada Primera Línea y el levantamiento social generalizado, por motivos de pobreza, violencia estatal y actitud tradicional de violencia y de sordos oídos a los jóvenes. Por algo, gran parte de ellos subieron este gobierno y él les tiene que responder en el marco de la ley, e incluso introduciendo las reformas jurídicas innovativas y necesaria.
Con todo lo anterior, apenas esbozado, es preferible un Plan de Desarrollo innovativo, atrevido y de largo alcance. Es mejor diseñar y ejecutar reformas sociales y jurídicas. Es más conveniente continuar con las negociaciones de paz y los debidos acuerdos; pues hay que entrelazar un difícil recorrido histórico que va desde lo acontecido con la violencia bipartidista y la mal denominada “pacificación del país”, con las negociaciones y acuerdos finales con el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame, los paramilitares y las FARC, sin descartar los intentos anteriores con el ELN. No estamos frente a una simple coyuntura política y jurídica; estamos en una de las fases y las etapas de un complejo desarrollo histórico con antiguos y nuevos actores, con experiencias de negociación y nuevos planteamientos de mayor cobertura. De lo contrario, ya lo sabemos, de un lado no está justificada la lucha armada, y de otro, no ha sido posible la victoria estatal armada total. Nos queda así, por continuar caminos ya probados, más ambiciosos e innovativos. Ni revolución, ni anarquía, ni paz romana, ni paz de los vencedores solamente. Por algo estamos en un gobierno que se dice humano, democrático, progresista y que requiere para su consolidación el realizar las negociaciones que tenga que hacer, para llegar a hacer, o iniciar el gran Pacto Histórico que sacará a Colombia al otro lado de la encrucijada histórica.
“El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023: Colombia potencia mundial de la vida”, ha sido el producto de una amplia discusión regional, nacional, popular y ciudadana; trascendiendo los círculos académicos y tecnocráticos. Hoy se presenta de la mano de dos personalidades competentes y de ninguna manera extremistas y menos comunistas; los doctores Jorge Iván González Director del Departamento Nacional de Planeación y José Antonio Ocampo Ministro de Hacienda y Crédito Público. De entrada, es muy ambicioso, pues se calcula su ejecución en $ 1.150 billones de pesos, lo que necesariamente implicará reformas tributarias, movimientos presupuestales no acostumbrados e inversiones grandes en lo que otros ya habían bautizado como la Colombia Profunda.
Las apuestas centrales están acordes con los planteamientos de campaña, en cuanto a la visión de “Construir justicias social y ambiental”; es decir, existe una profunda sinergia entre lo humano y lo natural; entre la pobreza y el calentamiento global. Para iniciar, muchos empiezan a criticar al gobierno, tildando en forma desdeñosa al Presidente Gustavo Petro como el “Salvatore Mundi”, en vez de elogiar el inicio de un liderazgo latinoamericano y mundial en temas tan sensibles reconocidos por la ONU y sus distintos Informes de Desarrollo Humano, además de las conferencias y acuerdos internacionales en cuestiones ambientales. Claro, tenemos que aterrizar y ser realistas en Colombia, pero eso nos puede mellar la capacidad de liderazgo del mandatario. Dos factores, el ambiental y el social, que también inciden demasiado en la construcción de un país digno de pertenecer a la OCDE, elevando los indicadores que ésta y el país ameritan.
Así sea en términos macros es necesario mirar los llamados Ejes Centrales y, desde ya es preciso que los actuales precandidatos y candidatos de las próximas elecciones departamentales y municipales; por encima del pugilato ideológico y político, miren donde puede caber ahí la región y sus localidades, para articular proyectos concretos y poder ser favorecidos el día de mañana en materia de inversiones y obras de distinta índole.
Lo relacionado con el “Ordenamiento territorial alrededor del agua” prevé inversiones por $ 28 billones de pesos y, es ahí donde podemos enganchar el tema del Parque Nacional Natural de los Nevados, la subregión cordillerana que a los quindianos nos corresponde, incluyendo el desarrollo de nuestros municipios y el tratamiento de sus fuentes de agua. Así como ya se inicia la micro regionalización sísmica, será necesaria una planificación microzonal que aterrizada en los ríos, quebradas, cuencas, microcuencas y senderos, territorios y hábitats, que quepan dentro de la concepción de planeación nacional. Y así diseñar ordenamientos en micro territorios relacionados con los ríos Quindío, la Vieja, el Espejo, Barragán, Navarco, Boquerón, Santo Domingo, Verde, Azul, San José y Barbas, entre otros. Y las quebradas Armenia, Cajones, Cristales, y Buenavista por nombrar solo algunas.
La articulación con gobiernos departamentales, municipales y las comunidades locales, barriales y veredales, se tiene que dar y, a ello necesitamos aspirar con planteamientos, proyectos y mecanismos concretos, para que el desarrollo del Quindío no quede por fuera y, solo vea pasar el presupuesto hacia Risaralda y Caldas. Los parlamentarios, lideres políticos, ambientales y sociales de cualquier filiación ideológica y política están llamaos a ser los gestores y la voz del desarrollo regional y local.
Para el “Derecho humano a la alimentación” van a ser programados $ 46,1 billones de pesos y es ahí donde podemos inscribir nuestros proyectos de seguridad alimentaria, el tema parcelario y de pan coger y por supuesto la agroindustria con esta vocación y no solo pensando en la exportación. Es decir, no nos podemos circunscribir solamente a reclamar subsidios y a ampliar la base de su población objeto; se requiere pensar en productividad y así trascender el posible populismo y la inercia en materia de empleo y productividad.
La “Transformación productiva y acción climática” consta con $ 743,7 billones de pesos y, si bien es cierto que el Quindío non tiene carbón, petróleo y gas, si tiene páramos y agua. Aquí se deberían volver a traer sobre el tapete los viejos proyectos de microcentrales y pequeñas presas para energía y turismo. Aquí también hay que resembrar, cuidar y descontaminar, nuestras zonas y nuestras fuentes hídricas. Igualmente, la perspectiva departamental y local debe estar dentro de la visión nacional de “Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de energía, aire, agua y suelo” y la de “Transitar de las actividades extractivas al aprovechamiento de nuevas potencialidades territoriales”, consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La denominada “Seguridad humana y justicia social” no puede quedarse atascada en la mera concepción policiva y militar de la seguridad; sino que debe avanzar hacia un planteamiento humano y social, acorde con el discurso presidencial. Esto hay que interpretarlo regional y localmente para poder ver por donde adentrarnos.
Cundo seguimos pensando en el Eje Cafetero, en el Paisaje Cultural Cafetero, en las dobles calzadas, en el ferrocarril del Pacífico, en los puertos sobre este litoral, en lo que le falta al túnel de la línea y a sus viaductos, es indispensable que articulemos los proyectos a la gran apuesta nacional titulada “Convergencia regional”, que tiene asignados $ 114,4 billones de pesos y que posee como meta genérica la llamada “Reducción de brechas”.
El gobierno no solo plantea subsidios, transformación del sistema de salud, reforma laboral, paz total y entrega de tierras, entre muchos otros megaproyectos y rubros, sino en una responsabilidad muy seria que abarca la llamada “Estabilidad macroeconómica” con una asignación de $ 83,4 billones de pesos; pues el Estado tiene compromisos y además, no puede olvidar una tradición de equilibrio y cumplimiento que ha distinguido al país en el concierto latinoamericano. Ante lo que es bueno agregar las últimas declaraciones del Ministro Ocampo en el sentido de que “no tenemos ningún riesgo financiero ante crisis bancaria que vive EE.UU por la quiebra del Silicon Valley el Signature Bank. No podemos pues alimentar las voces de pánico y si avalar la credibilidad que desde un principio han otorgado el Presidente Petro y el Minhacienda para ciudadanos e inversionistas nacionales y extranjeros.
Hay un tema muy delicado, que no solo se hace con negociaciones políticas y jurídicas, sino que requiere de inversiones sociales e infraestructurales, debidamente regionalizadas y localizadas y, por eso se habla de “Facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo de acuerdo final de paz” y de los que pudieran venir a mediano plazo. Recordemos que al finalizar el gobierno del Presidente Iván Duque se conocieron hechos de corrupción con el dinero de la paz, afectando la llamada “planificación y la inversión con perspectiva territorial y de paz”. Esto no puede volver a suceder, por nuestro patrimonio público nacional y por la ayuda y los compromisos internacionales; lo que retrasaría más el proceso de paz, su implementación y la credibilidad en los que se avecinan.
Habrá siempre problemas, incluso improvisaciones, críticas y autocríticas, pero el panorama no es desolador; por favor desacostumbrémonos del “fatalismo histórico”, que nos hace entregar las banderas y enterrar los proyectos, mucho antes de ver una realidad que debemos afrontar si queremos un Estado, una nación y una sociedad diferentes. Ni alabanzas cegatonas, ni críticas despiadadas sin fundamento y mucha ideologización. El porvenir es nuestro y de todos.